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Marina quiere convertir a los profesores en una “profesión de élite”

El filósofo propone en el Libro Blanco de la docencia siete años de preparación y una evaluación "sistemática" con consecuencias en el sueldo

Pilar Álvarez
Una profesora imparte clase con una pizarra digital en el colegio público de Valencia.
Una profesora imparte clase con una pizarra digital en el colegio público de Valencia.MÒNICA TORRES

El Libro Blanco de la Profesión Docente ya está en el despacho del ministro de Educación. El filósofo José Antonio Marina propone siete años de carrera para convertirse en maestro y evaluaciones “sistemáticas” durante su ejercicio profesional con efectos en el sueldo. Y quiere que aquellos mejor preparados den clase en los centros más conflictivos. El PP considera que el documento, que este lunes ha entregado al ministerio, es un “borrador” para trabajar la próxima legislatura. La formación y evaluación de los profesores se ha convertido en uno de los temas de campaña de los principales partidos ante las elecciones del 20-D.

Con la campaña electoral en marcha y los programas de los partidos ya cerrados, el documento aspira a ser un “germen” del pacto educativo que todos los políticos anuncian que quieren conseguir y del estatuto docente, el documento que se quedó a las puertas en 2007.

Un "cuerpo de directores" con voz y voto sobre las plazas

Los directores serían seleccionados, según el documento, entre docentes con experiencia en el aula (no aclara seleccionados por quién y cómo) y tendrían que hacer un curso de formación en los futuros centros superiores de formación del profesorado. Marina considera que el director es el “líder educativo” del centro y debe ir acompañado de un gerente que organice horarios y controle actividades y un jefe de estudio encargado de organizar los procesos de aprendizaje. Los directores “podrían determinar las características de las plazas que resultaran vacantes en su centro”, es decir, tener capacidad de decisión sobre los futuros profesores que lleguen a sus centros.

El resumen ejecutivo del Libro Blanco contempla que la docencia se convierta en una “profesión de élite” para atraer “a las personas más capacitadas, seleccionarlas y proporcionarles la formación inicial y permanente adecuada”. Es más, en el libro defiende que los mejores maestros vayan a los centros más conflictivos. No incluye memoria económica —el dinero ha sido históricamente uno de los frenos para poner en marcha un cambio que se presume costoso— aunque sí reconoce que es necesario mejorar las condiciones laborales de los maestros para que el nivel de sueldo inicial "sea lo más alto posible". En la actualidad, el sueldo varía entre comunidades por la aplicación de distintos complementos autonómicos. Un maestro recién llegado cobra entre 1.971 (Galicia) y 2.335 euros brutos mensuales (País Vasco) y un profesor de Secundaria, entre 2.231 (Galicia) y 2.943 euros brutos (Ceuta y Melilla), según un estudio de UGT del pasado abril.

El PSOE presentó a mediados de noviembre su propio documento sobre la formación de los profesores, Hacia un nuevo modelo de profesionalidad docente para el siglo XXI, y el Gobierno del PP se ha comprometido a “analizar” como un borrador las propuestas de Marina. De hecho, la elaboración de ese Libro Blanco, del que empezó a hablar el ministro Íñigo Méndez de Vigo cuando asumió el cargo en verano, es una de las tareas que incluyen los populares en su próximo programa electoral.

El cambio en ese proceso de selección, formación y evaluación no ha sido ajeno a programas electorales en comicios anteriores y es previsible, por espinoso, que sea un asunto del que se siga hablando cuando acabe la legislatura que arranca con las elecciones del próximo 20 de diciembre.

Estas son las claves del cambio que, según el autor del Libro Blanco, se puede culminar en cinco años.

Del MIR al DEP

El Libro Blanco propone una fórmula similar al MIR de los sanitarios, una iniciativa de la que empezó a hablar el PSOE y que Ciudadanos ha incluido también en sus propuestas. Tendría una duración de siete años frente a los cuatro años necesarios para ser maestros y cinco -cuatro de grado y uno de máster- necesarios para ser profesor de secundaria. Comienza con que el aspirante a docente estudie un grado (Magisterio para infantil y primaria y otros para secundaria, como ocurre ahora). Tras esto, habrá una prueba de selección homogénea en toda España —ahora son las comunidades autónomas las que elaboran sus propias oposiciones— y que se establezcan numerus clausus “conforme a una previsión de necesidades de profesorado” que decida la Conferencia Sectorial de Educación (en la que están representadas las comunidades autónomas y el ministerio). El 25% de aspirantes que obtenga mejor nota tendrían derecho a una beca “de excelencia” para estudiar. Si es fuera de su región, esa ayuda incluiría “gastos de residencia y manutención”.

Tras el examen, prevé un máster teórico práctico de un año de duración en centros superiores de formación del profesorado, instituciones diseñadas con las comunidades autónomas y en los que también se formaría a directores e inspectores.

Para formar a los profesores propone la creación de centros superiores de formación. En estas instituciones —que deben diseñar las comunidades y el Gobierno y en la que quienes impartan clase serán gente con experiencia en las aulas— se impartirían los másteres de profesores, directores e inspectores y se harían los cursos de formación permanente y de los tutores que van a trabajar con los aspirantes en los colegios e institutos seleccionados para las prácticas.

Después del máster, los futuros profesores serían Docentes en Prácticas (DEP) e irían a centros escolares durante dos años. En ese periodo, tendrían un tutor (que sería incentivado por esta función, aunque tampoco se especifica cómo). Estarían en el centro “para aprender, no para cubrir una plaza” y recibirían un sueldo aún por determinar.

Al acabar, conseguiría un diploma de aptitud. “Todos los docentes de los centros concertados y privados tendrían que estar también en posesión de este diploma”, dice el documento. Si quiere ser funcionario, tendrá que pasar una evaluación final “en la que se comprobaría la adquisición de las capacidades necesarias para el desempeño de la tarea docente”. Marina recomienda reducir el número de docentes interinos. “La situación de interinidad es mala no solo para el desarrollo personal y profesional de quienes la padecen, sino también para la calidad del sistema, ya que no puede integrarse debidamente en los proyectos del centro en los que sin embargo trabajan”, señala. Pide “que el número quede estrictamente restringido a los imprescindibles para el mantenimiento de la actividad docente”.

La formación continua se llevaría a cabo, por un lado, en los centros superiores de formación del profesorado pero también dentro de los centros educativos. Marina propone “que se introduzca un número de horas obligatorio de formación presencial. En los países de gran nivel educativo pueden llegar a 100 horas anuales”. También recomienda estancias en el extranjero y que se promueva la investigación entre los docentes “facilitando la elaboración de tesis doctorales a partir de experiencias de aula”.

Una evaluación obligatoria

Se propone una evaluación periódica y sistemática de todos los niveles y cuerpos docentes (desde los profesores a los inspectores) frente a la propuesta socialista que contempla una evaluación “voluntaria” de los profesores. Servirá para mejorar el desempeño de los docentes, y también tendrá relevancia para el progreso de su carrera profesional y para su retribución, dice el Libro Blanco. “Se deben premiar los méritos profesionales y debe haber un conjunto de incentivos que animen a la excelencia”, recoge el documento, como una formulación diferente de aquella frase de Marina (“los profesores buenos no pueden cobrar igual que los malos”) que reventó el debate a principios de noviembre.

Esta evaluación contemplará, según el documento, el progreso educativo de los alumnos; la observación de la docencia en el aula; los resultados del centro —aunque no señala si se hará con pruebas externas—; la evaluación por parte del claustro (el resto de docentes del centro); la opinión de los alumnos con cuestionarios; la relación del docente con las familias y la participación del profesor en actividades del centro. Cada profesor tendrá un portafolio: un documento personal que recoja “la formación reglada o no reglada del docente, sus conocimientos, logros, proyectos, actividades profesionales y todo aquello que pueda tener relevancia para conocer su competencia profesional”. Marina comentó algunos de estos aspectos en una charla con los lectores de EL PAÍS.

La carrera docente

Prevé tres vías de desarrollo en función de los intereses del profesor. La propuesta del PSOE contempla también distintos niveles de novel a experto, aunque sin especificar.

1. Progreso académico. Relacionado con el ejercicio directo de la docencia. Contempla nueve escalas en infantil y primaria (desde maestro a profesor en Facultades de Educación, pasando por coordinador o jefe de estudios). En secundaria incluye once niveles desde profesor a profesor de universidad en las facultades de Educación

2. Progreso en la gestión. Desde el profesor inicial incluye seis niveles hasta asesor o consejero técnico en las Administraciones.

3. En el mismo puesto de trabajo. Para los que “no tienen interés en ascender, sino en permanecer en el aula” contempla incentivos o premios: becas de formación, permisos sabáticos, incentivos honoríficos y económicos y señala que “una parte de los honorarios debería relacionarse con la excelencia en el desempeño”.

Un Consejo Pedagógico del Estado presidido por el Rey

Marina propone la creación de un organismo complementario al Consejo Escolar del Estado (que asesora en materia normativa) en el que sugiere que el presidente sea el Rey. Tendrá con funciones “complementarias” para estudiar las innovaciones educativas internacionales “más eficientes y evaluarlas”; atender a los cambios por uso de nuevas tecnologías y neurociencias, difundir las mejores prácticas realizadas en España “identificando a los mejores docentes”; asesorar a las Administraciones y profesores sobre técnicas y currículos para informar a la sociedad. Existen organismos similares en Francia (desde 2013); Nueva Zelanda y Reino Unido (desde 2007), según recoge el documento. Incluye además la creación de Colegios oficiales de profesionales de la Enseñanza que complementen la labor de los sindicatos y elaboren el Código deontológico de la profesión. Y prevé además campañas de sensibilización en medios de comunicación para aumentar el “prestigio social” y para “convencer a los docentes en activo de la trascendental y difícil tarea que les toca asumir”.

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Sobre la firma

Pilar Álvarez
Es jefa de Última Hora de EL PAÍS. Ha sido la primera corresponsal de género del periódico. Está especializada en temas sociales y ha desarrollado la mayor parte de su carrera en este diario. Antes trabajó en Efe, Cadena Ser, Onda Cero y el diario La Opinión. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla y Máster de periodismo de EL PAÍS.

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