La Junta exige a Atresmedia que compense a los excluidos de su debate

La Junta Electoral Central ha exigido a la corporación Atresmedia que compense a los candidatos de "formaciones políticas que consiguieron representación en las últimas elecciones generales" por excluirles del debate a cuatro que se emitirá el próximo 7 de diciembre. El órgano superior de la Administración electoral española ha resuelto este martes que aunque no es su competencia imponer a una televisión privada quiénes deben participar en un debate electoral, sí le corresponde garantizar que se respeten los principios de "neutralidad informativa y proporcionalidad". Por eso, la Junta requiere —por primera vez— a un medio de comunicación, en este caso a Atresmedia, que concrete los "debates bilaterales o plurilaterales" o "los programas de información específicos" con los que va a compensar a las formaciones excluidas. Le da un plazo para hacerlo: antes del próximo lunes 7.

En el "debate a cuatro", Atresmedia ha invitado al líder del PSOE, Pedro Sánchez, a la vicepresidencia del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y a los candidatos de Podemos (Pablo Iglesias) y Ciudadanos (Albert Rivera). La resolución de la Junta parte de una denuncia presentada por UPyD, Coalición Canaria y el PNV. Podemos y Ciudadanos aún no tienen representación parlamentaria, pero la propia Junta ha acuñado la figura del "grupo político representativo" para avalar la cobertura informativa de formaciones que pese no tener representación, hayan obtenido al menos el 5% de los votos en las elecciones más recientes.

La Junta Electoral recuerda que el artículo 66.2 de la Ley de Régimen electoral general dispone que durante el periodo electoral las emisoras de titularidad privada "deberán respetar los principios de pluralismo e igualdad", así como los "principios de proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas electorales así como en la información relativa a la campaña electoral de acuerdo a las instrucciones que, a tal efecto, elabore la Junta Electoral". Las instrucciones legales sobre debates y entrevistas electorales no afectan a la prensa escrita, por eso la Junta archivó la semana pasada las reclamaciones de UPyD y Coalición Canaria sobre el debate digital de EL PAÍS.