El PP valida la actual Constitución y revisaría la ley electoral y las Cortes

El programa del PP en el capítulo de regeneración de la vida pública y política empieza por reafirmar la validez de la actual Constitución de 1978, para la que no propone ninguna revisión sino el mero refuerzo de sus valores de unidad. Los cambios se limitan a retoques en la ley electoral para primar el gobierno en los ayuntamientos de la primera fuerza política y algunas modificaciones de funcionamiento más próximo a los ciudadanos en las Cortes, más en el Congreso que en el Senado. Este apartado del documento programático titulado La España que queremos, que presentan este domingo en Madrid la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, apenas aporta novedades sobre la lucha contra la corrupción o el combate contra el terrorismo yihadista ni modificaciones relevantes en el funcionamiento de los principales órganos de la Justicia.

El texto del programa dedica muchos párrafos a glosar la importancia que tuvo en la transición y que debería tener aún ahora, según el PP, la vigente Constitución, para la que no se promueve ningún cambio. El PP no lleva ninguna reforma constitucional en su programa pero el propio candidato, Mariano Rajoy, y otros dirigentes del partido han dado a entender que escucharán a los otros partidos cuando planteen esa modificación en la siguiente legislatura. El PP no quiere pasar a la historia como el partido que impulsó esa reforma de la Carta Magna porque entiende que ante los desafíos territoriales actuales no debería ser una prioridad.

Los redactores del programa popular, sin embargo, destinan muchos elogios a ensalzar los valores de la Constitución: "España es hoy una gran nación porque hemos sabido construir unidad a partir de nuestras diferencias. Nuestra bandera es la representación de todo un legado de pluralidad, respeto y convivencia, porque hay muchas formas de sentirse español. Frente a quienes cuestionan nuestra democracia, en el Partido Popular defendemos la vigencia de los valores constitucionales que nos hacen libres e iguales en derechos y obligaciones. Reivindicamos el consenso y la capacidad de llegar a acuerdos para garantizar que España siga estando en vanguardia en su desarrollo económico y social".

Ante el actual desafío independentista catalán, el programa del PP reitera que ese partido "garantiza y garantizará siempre, que ni España ni la soberanía nacional van a ser troceadas. Aplicaremos todos los recursos y todos los mecanismos que la Constitución nos habilita para plantar cara a los que quieren que una parte de España deje de serlo. Tenemos las mejores herramientas: una Constitución que garantiza los mismos derechos a todos los ciudadanos, un Estado de Derecho que funciona y un Presidente decidido a hacer valer los principios democráticos. Los desafíos territoriales y los retos de futuro sólo tienen respuesta desde la estabilidad de un marco de convivencia común que, por encima de todo, exige respeto a la Ley".

Ante los dirigentes políticos y los ciudadanos que demandan algún movimiento o propuesta para responder en la próxima legislatura desde el Gobierno central a esos retos planteados desde Cataluña, el PP defiende seguir como hasta ahora con un "refuerzo institucional y una mejora de nuestra calidad democrática acorde a los principios que nos son comunes".

El PP no cree que haga falta ahora un cambio de la Constitución: "Las reformas que España necesita deben afrontarse con lealtad institucional sin necesidad de rectificar el núcleo de las decisiones fundamentales adoptadas en el 78. Debemos emprender una reforma institucional que nos permita mejorar la calidad de nuestra democracia, preservando nuestros cimientos sociales".

Oferta de servicios esenciales

El candidato del PP repite en cada mitin que su partido se compromete a asegurar "una oferta básica de servicios públicos esenciales igual para todos los españoles, independientemente de su lugar de residencia y, por tanto, con igualdad de oportunidades en el acceso y la calidad". La novedad, con respecto al futuro, es que Rajoy y el PP sí promoverán un cambio en el sistema de financiación autonómico "en un marco de financiación estable y suficiente para que todas las Comunidades Autónomas puedan disponer de esta oferta básica común".

En ese paquete de medidas regeneradoras para reforzar las actuales instituciones el PP anuncia que piensa incorporar "a la ley que regula el uso de la bandera y otros símbolos las previsiones y mecanismos jurídicos que garanticen su estricto cumplimiento". Cuando le preguntaron, sin embargo, esta semana pasada al propio Rajoy en la cadena COPE si iba a actuar contra los que silbaban durante el himno en los estadios tuvo que reconocer que esa posibilidad es de muy difícil ejecución.

Los populares también reiteran, en ese capítulo, su deseo de potenciar la Conferencia de Presidentes como instrumento de cooperación horizontal para mejorar las relaciones intergubernamentales entre el Estado y las Comunidades Autónomas, algo que no han hecho durante toda esta legislatura.

La idea que sí retoma el programa del PP es el cambio en la actual ley electoral para comprometerse "al respeto de la costumbre constitucional de que solo formará gobierno la candidatura más votada en España". Con ese fin avanzan que promoverán una reforma para "reforzar el vínculo democrático para que gobierne la lista más votada en el ámbito municipal" aunque con el objetivo de abrir "un proceso de diálogo autonómico para conseguir un pacto entre administraciones públicas". El PP ya hizo este enunciado antes del verano, tras el varapalo de las elecciones locales de mayo, y ningún otro partido prometió su apoyo.

El alcalde, el más votado

La reforma electoral que defiende el PP consiste en una nueva regulación de las elecciones locales para establecer una prima de gobernabilidad a aquellos partidos que hayan ganado claramente las elecciones y con una distancia considerable de la segunda fuerza para asegurar que las opciones de Gobierno responden fielmente a la voluntad de los ciudadanos. En el caso de no existir mayoría absoluta ni una distancia considerable respecto a otros partidos políticos, se propone introducir un sistema de doble vuelta que conseguirá que los gobiernos resultantes se correspondan con las decisiones de los ciudadanos.

Aprovechado la circunstancia, el PP cree que deberían adecuarse los procesos electorales a las nuevas realidades sociales y en ese sentido abogan por reducir la duración de la campaña y, con ello, los gastos electorales.

El PP recalca de nuevo en su programa su intención de abordar ahora una profunda reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados "que permita adaptarlo a las nuevas realidades políticas y sociales". Los ejes de esos cambios consistirán en aplicar el principio de proporcionalidad en la distribución de los tiempos y agilizar más los debates parlamentarios; mejorar el procedimiento de elaboración de las leyes, simplificando los trámites y haciéndolo más transparente y participativo para los ciudadanos y las organizaciones representativas de sus intereses; y potenciar el debate técnico en Comisión, para mejorar la calidad de las leyes y ampliar el debate político en los plenos sobre cada texto legal.

Las modificaciones y mejoras son aún más imprecisas para el caso del Senado, donde el PP no defiende un cambio sustancial. Tampoco hay grandes novedades en el apartado de reformas a aplicar en el ámbito de la Justicia, porque se presume que se han abordado ya las bases de un sistema más independiente en esta, ni se ofrecen más que meras declaraciones de buena voluntad y apoyo sin fisuras a las víctimas para lograr el final definitivo de ETA.

Declaración contra la corrupción

El PP aborda el problema de la corrupción que ha padecido durante este pasado mandato. Y plantea una serie de propuestas que continúen en la senda de las reformas legales y la diferente actitud demostrada en la recta final de esta legislatura que termina. El PP exigirá a todos sus cargos que suscriban una "Declaración de Compromiso" que significará la adhesión a sus principios éticos y que "tendrán la obligación de dimisión y serán suspendidos de militancia en caso de estar encausados en un proceso judicial con apertura de juicio oral y derivado de una causa de corrupción".

En esa misma línea, el PP incorpora la "obligatoriedad de cese en el cargo para los altos cargos encausados por un delito de corrupción en el momento de la apertura de juicio oral, con la consiguiente suspensión y sustitución en el cargo público" y mantiene su compromiso de "reducir los aforamientos e impulsar la adopción de las iniciativas necesarias, por los distintos sujetos legitimados, para limitar la atribución al Tribunal Supremo y a los Tribunales Superiores de Justicia de la competencia para el enjuiciamiento de autoridades y cargos públicos". La apertura de juicio oral también será causa de inelegibilidad absoluta.

Entre las medidas a retomar para la lucha contra la corrupción se menciona la potenciación de la recién creada Oficina de Recuperación y Gestión de Activos en materia de Corrupción, dedicando los recursos económicos procedentes de los delitos por corrupción a luchar contra el fraude y resarcir a las administraciones perjudicadas por este delito; garantizar una rendición periódica de cuentas por parte del responsable de la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos ante el Congreso de los Diputados para explicar los recursos económicos procedentes de los delitos por corrupción así como su gestión y uso para resarcir a los perjudicados por el fraude; y abrir nuevas posibilidades de acceso y nuevos canales de participación en el Portal de la Transparencia, reforzando su capacidad como mecanismo para favorecer el control y la cercanía con los ciudadanos.

Los populares prometen regular la actuación de los lobbies y poner en marcha un registro de lobbies o grupos de interés para identificar a todas aquellas personas físicas o jurídicas que desarrollan este tipo de actividades. Y también impulsar una mayor vinculación del otorgamiento de indultos a la política penal y penitenciaria del Gobierno, acompañándola de una rendición periódica de cuentas en relación a los indultos otorgados.