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La fiscalía pide 23 años de prisión para el exjefe policial de Coslada

Ginés Jiménez irá a juicio por extorsión, amenazas, cohecho y tenencia ilícita de armas

Ginés Jiménez, ex jefe de la Policía Local de Coslada (Madrid) Ampliar foto
Ginés Jiménez, ex jefe de la Policía Local de Coslada (Madrid), tras abandonar la prisión madrileña de Alcalá Meco en abril de 2009.

La Fiscalía de Madrid solicita 23 años de cárcel para el exjefe de la Policía Local de Coslada Ginés Jiménez por los delitos de extorsión, amenazas, cohecho y tenencia ilícita de armas en el caso Coslada, que en 2008 se saldó con la detención de 23 agentes. El ministerio público señala ahora a solo siete de los arrestados en esta investigación sobre uniformados que usaron su puesto (salvo Jiménez) para mantener gratuitamente relaciones sexuales con prostitutas.

De las diligencias iniciales, desarrolladas por la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la policía, el juez y el fiscal han retirado la acusación de formar parte de una trama organizada. La imputación de este delito permitió a la policía unir en un juzgado de Madrid hechos diferentes: los cometidos por los agentes acusados (obviar su obligación de perseguir delitos y mantener sexo gratis con prostitutas), ocurridos en el barrio madrileño de Vicálvaro, y los de Coslada, que el fiscal atribuye al exoficial jefe de esta ciudad madrileña. El instructor ha abierto ya el juicio oral.

El ministerio público también pide cuatro años de prisión y 100.000 euros de multa por blanqueo para la esposa de Jiménez. Y dos años y ocho meses de cárcel por soborno e ignorar la persecución de delitos a Carlos Martínez Gil, que está considerado el cabecilla del grupo policial que tenía sexo gratis.

Todo se puede arreglar con dinero, menos la muerte", dijo Jiménez a un empresario

La fiscalía solicita para otros cinco agentes seis meses de multa por sobornos. Estos policías se aprovecharon de su amistad con tres proxenetas rumanos para tener sexo gratis con las prostitutas.

Amenaza y extorsión

El fiscal excluye de estos hechos a Jiménez, a quien atribuye haber amenazado y/o extorsionado a ocho empresarios de Coslada para exigirles dinero a cambio de no inspeccionar sus establecimientos. “Todo se puede arreglar con dinero, menos la muerte”, llegó a decirle en 2008 al propietario del restaurante Principado de Asturias de Coslada, según el fiscal.

El acusador público basa las extorsiones en declaraciones ante la Udyco y el juzgado de los propietarios de los locales. No recoge otros testimonios que figuran en la causa de empresarios que confesaron al juez que la Udyco les amenazó para que declarasen contra Jiménez.

Al exjefe policial también se le señala por blanqueo. El instructor archivó en dos ocasiones este delito, pero el fiscal recurrió, al sostener que el acusado no ha podido acreditar el dinero con el que su esposa compró a plazos un piso de más de 400.000 euros y otro de 213.000 para su hijo.

También destaca movimientos bancarios “irregulares”. La cuenta del Banco Popular de Jiménez y su esposa registró 48 ingresos en efectivo por 56.210 euros entre junio de 2006 y noviembre de 2007. “Queda de manifiesto que ambos cónyuges disponían de importantes cantidades de dinero en efectivo cuyo origen no está justificado”, apunta el fiscal.

Destaca además la acusación pública que el hijo de la pareja desembolsó otros 213.000 euros a través de cuatro cuentas bancarias para adquirir una vivienda con trastero y tres plazas de garaje en Coslada. Y que compró un Renault Megane por 16.000 euros. La fiscalía cree que lo hizo con el dinero de sus padres.

El ministerio público recuerda que en el registro en la casa de Ginés Jiménez de mayo de 2008 la policía se incautó de seis pistolas semiautomáticas sin licencia, una escopeta Norica sin documentación, una defensa eléctrica, armas blancas y tres paquetes de munición.

“Soy objeto de una persecución sin precedentes desde hace muchos años”

Ginés Jiménez aseguró este jueves, tras acceder al escrito, que el “fiscal ha reducido el caso Coslada al caso Ginés”. Y entiende que el documento del ministerio público “obvia las pruebas de inocencia que ha aportado al juzgado durante estos ocho años y está basado, no en pruebas, sino en el relato de hechos sin contrastar que elaboró la UDYCO para efectuar las detenciones”. Asegura el exjefe policial que “no ha matado a nadie como para que el fiscal le pida 23 años de prisión” y denuncia el “cúmulo de irregularidades” que rodearon la operación.

Respecto al supuesto dinero injustificado que le atribuye el fiscal, Jiménez afirma que este no ha querido tener en cuenta la documentación aportada. Según explica, acredita que esos fondos procedieron de su sueldo “de entre 5.000 y 6.000 euros al mes, más pagas extras” y de un “préstamo personal de 120.000 euros que le hizo un amigo y cuya extracción bancaria”, dice, “consta en las diligencias”.

También comenta que la juez instructora archivó en dos ocasiones este delito al entender, según el auto judicial, que “no se había podido acreditar por las testificales ni por otros datos hubiese obtenido dinero por alguna actividad delictiva”. Y que se mantiene vigente porque el fiscal recurrió ante la Audiencia y esta dijo que prosiguiesen las pesquisas. Indica, por otro lado, que las “inspecciones en locales forman parte de la actividad propia de una fuerza policial” y destaca que las armas halladas en un registro en su casa "son antiquísimas y de colección, y que no se le puede acusar de tenencia ilícita". “En mi condición de policía dispongo de la licencia reglamentaria: en todo caso sería una infracción administrativa”. Jiménez se desmarca de las extorsiones y de haber eludido su obligación de perseguir delitos.

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