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El juez abre juicio a lady Connery y le pide una fianza de 10,25 millones

La esposa del actor escocés Sean Connery está acusada de cooperar en un delito fiscal

Sean Connery y su mujer, Micheline, en su casa de Marbella, en 1995.
Sean Connery y su mujer, Micheline, en su casa de Marbella, en 1995. GETTY

El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Marbella ha decretado la apertura de juicio oral contra lady Micheline Connery, esposa del actor escocés Sean Connery, tras la acusación formulada contra ella por la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y el Ayuntamiento de esta localidad malagueña por un supuesto delito contra la Hacienda Pública. La irregularidad se ha detectado en “los mecanismos" supuestamente ideados para evitar el pago de impuestos por la venta de los apartamentos que se construyeron en la parcela donde estaba su antigua casa de Marbella, de nombre Malibú.

El magistrado, en su auto, también reclama a Connery el pago de una fianza de 10,25 millones de euros para asegurar la responsabilidad civil que se deriva de este presunto delito fiscal, que se habría cometido a través de la sociedad By the Sea S.L. La resolución cita otras tres sociedades como responsables civiles subsidiarias.

Debido a que Connery tiene su residencia en Las Bahamas, donde se estableció con su marido a finales de la década de los 90 del siglo pasado (tras la venta de su casa de Marbella), el juez acude al Auxilio Judicial Internacional para comunicar su auto a la Oficina del Fiscal General de ese país, a quien se informará de las “consecuencias gravosas” para la acusada si la comisión rogatoria no se ejecuta en el plazo “razonable” de seis meses.

Conocer la versión de los Connery sobre estos hechos que se han instruido en Marbella resultó una odisea y el trámite, con las declaraciones juradas de ambas, costó alrededor de tres años. El magistrado no parece ahora dispuesto a esperar tanto y solicitará a la Subdirección General de Cooperación Jurídica que informe a su juzgado de cuándo reciben las autoridades de Bahamas la comisión de rogatoria, para empezar a contabilizar el plazo fijado. Si no se cumpliera, precisa el auto, se estudiaría “la pertinencia” de consultar a la fiscalía y emitir una orden de detención a nivel internacional.

Connery está imputada en una pieza separada del conocido como caso Goldfinger, que gira sobre dos ejes. Uno se centra en las supuestas irregularidades urbanísticas por la recalificación, en el año 2000, de la parcela donde se levantaba su casa, en plena Milla de Oro marbellí. El otro desenreda esos “mecanismos” supuestamente ideados para evitar el pago de impuestos por la venta de las viviendas de lujo que se construyeron después en ese suelo, así como para derivar dinero hacia el extranjero. En esta finca, junto a otras anexas, se permitió edificar 72 apartamentos donde antes del convenio apenas había previstas media docena.

El próximo enero se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Málaga por Goldfinger un total de 17 personas, entre ellas, el exalcalde de Marbella Julián Muñoz y el exasesor de Urbanismo Juan Antonio Roca. Ambos cumplen actualmente condena en prisión por otros casos vinculados a sus cargos en el Ayuntamiento de esta ciudad.

Sobre lady Micheline Connery, la fiscalía la desvincula de las operaciones urbanísticas, pero cree que cooperó en la comisión de un delito fiscal en la segunda parte del caso y pide para ella dos años y medio de cárcel y una multa superior a los 22 millones de euros por defraudar el Impuesto de Sociedades en el ejercicio 2006. Según Anticorrupción, la acusada “se prestó” a colaborar con los principales imputados para formalizar “negocios jurídicos ficticios” que permitieron “ocultar” a la Agencia Tributaria las ganancias obtenidas en la venta de la promoción de viviendas de lujo.

El Ayuntamiento de Marbella, también personado en este procedimiento, se ha adherido al escrito de calificación del ministerio público. La Abogacía del Estado, por su parte, interesa para lady Connery una pena de seis meses de cárcel como cómplice de un delito contra la Hacienda Pública y una sanción económica de 7,6 millones de euros.

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