El PSOE incluirá en la Constitución los servicios sociales y la dependencia

El partido ha incorporado la propuesta en su programa en la fase de enmiendas impulsadas por militantes y organizaciones

Pedro Sánchez, este domingo, tras la concentración celebrada en Getafe en apoyo de las víctimas del atentado de París.
Pedro Sánchez, este domingo, tras la concentración celebrada en Getafe en apoyo de las víctimas del atentado de París.GERARD JULIEN (AFP)

Blindar el sistema público de servicios sociales solo será posible con su incorporación a la Constitución como un derecho inalienable de los ciudadanos. Esta es la propuesta que ha incluido el PSOE en su programa en la fase de enmiendas impulsadas por militantes y organizaciones sociales a las que el partido dio participación para elaborar su oferta electoral. Se incorporará a la Ley Fundamental “el cuarto pilar del Estado de bienestar”. Ese blindaje llevará consigo la revitalización de la ley de dependencia “con la financiación necesaria” y la coordinación con las comunidades autónomas.

El atentado terrorista de la noche del viernes en París truncó que el PSOE celebrara una conferencia política de dos días en la que iba a debatirse su programa electoral. Se han aceptado numerosas enmiendas, algunas de gran relevancia, defendidas por militantes y organizaciones sectoriales a las que el PSOE ha dado voz.

Los residuos nucleares en Villar de Cañas

El PSOE revisará la decisión sobre la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en el municipio de Villar de Cañas (Cuenca) si su secretario general, Pedro Sánchez, llega a La Moncloa tras las elecciones generales del próximo 20 de diciembre.

El programa definitivo del PSOE recoge finalmente la postura que habían planteado los socialistas de Castilla-La Mancha después de que el borrador inicial, aprobado en octubre, no hiciera ninguna mención al almacén nuclear. El texto final, al que el PSOE dio luz verde el sábado, recoge el compromiso de “revisar la decisión sobre la instalación del ATC de Villar de Cañas”.

Los socialistas mantienen su propuesta, ya recogida en el borrador del programa, de implantar un calendario de cierre de las centrales nucleares con 40 años de vida, comenzando con la clausura definitiva de Garoña (Burgos), que culminará en la fecha límite del 2028, “de tal manera que podrá abordarse el gran salto hacia el nuevo modelo a lo largo de la próxima década”.

Es lo que ha ocurrido en el capítulo titulado Estado social. Las organizaciones y asociaciones de carácter social demandaban el reconocimiento de los servicios sociales como un derecho inalienable que no dependiera de los recursos económicos de cada momento para su prestación. Por ello, el PSOE ha decidido incluirlo en la Constitución. Así ha quedado la nueva redacción: “Blindar el sistema público de servicios sociales como cuarto pilar del Estado de bienestar, incorporando a la Constitución el derecho de los ciudadanos a acceder a los servicios sociales que proporcionen una protección adecuada a toda la ciudadanía española”.

En la discusión de las enmiendas de los militantes sobre la inclusión de este nuevo derecho se tuvo en cuenta lo mucho que se había afinado en la definición de Estado de derecho pero no así en la de Estado social. El recorrido lo empezó, en su primera legislatura en 2004, el presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, al anunciar que iba a poner en pie el cuarto pilar del Estado de bienestar, a través de la ley de dependencia, ahora maltrecha por la crisis económica. El armazón para dar cumplimiento al derecho a los servicios sociales está en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que es su nombre completo. El PSOE, si alcanza el Gobierno con Pedro Sánchez, “recuperará los principios inspiradores” de esta ley con la supresión, de entrada, del real decreto ley de 2012 por el que se introdujeron numerosas restricciones para el acceso a los servicios que emanaban de esta ley.

“Se establecerán las medidas necesarias para dotar al Servicio de Atención a la Dependencia de la financiación necesaria”, señala la nueva enmienda aprobada. Y añade: “Se asegurará el mantenimiento de la tasa de reposición y garantizará la incorporación al sistema lo antes posible de todas las personas valoradas en el grado 1 de dependencia moderada o que se encuentren en lista de espera”. Los recortes hicieron mella profunda en los servicios de dependencia desde la mitad de 2010, y su merma no ha dejado de aumentar, hasta dejarlos en franca precariedad.

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Artículo 135

Y en línea con lo que ocurre con otros muchos servicios, la situación es diferente por comunidades autónomas. “Se mejorará la planificación y la coordinación entre las distintas administraciones en materia de políticas sociales”, añade el texto socialista. La gestión descentralizada debe ir unida a la garantía “de la igualdad de derechos entre españoles”.

Los ponentes vinculan el reconocimiento del derecho a los servicios sociales con la modificación del artículo 135 de la Constitución que también aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para dar garantías a Bruselas de que España se comprometía con el equilibrio presupuestario y el déficit cero.

Pedro Sánchez ha aclarado que si llegara al Gobierno no eliminaría ese artículo pero lo “complementaría”. Y así ha sido después de vivos debates en la ponencia económica que coordinaba Jordi Sevilla, junto al responsable federal de Economía, Manuel de la Rocha Vázquez. Se retoca ese artículo de manera que se respeta la prioridad del pago de la deuda “siempre y cuando quedaran atendidos los servicios públicos básicos”. Y estos son sobre todo sanidad, educación y servicios sociales con la atención a la dependencia.

Tras el paso del texto por las manos de los militantes, asociaciones y organizaciones se han realizado otros cambios dentro del capítulo del Estado social para afianzar las prestaciones públicas y su mejora. Y es en el terreno social donde se ha situado el desahucio por impago de un crédito hipotecario. En las enmiendas se han introducido más restricciones a los mismos: “Excluir de la ejecución de los avales la vivienda habitual del avalista”. Se refiere al caso habitual de padres que han avalado el crédito de sus hijos para una vivienda con la suya propia y al no hacer frente a los pagos, han tenido que entregar su casa.

Evitar que la ignorancia lleve “al fundamentalismo”

“Se promoverá una escuela pública laica donde no quepa la integración ni en el currículum ni en el horario escolar de enseñanzas confesionales”, señala uno de los puntos del largo apartado dedicado al capítulo de educación. Los socialistas, no obstante, diferencian la enseñanza de una religión concreta del conocimiento de las mismas.

“Se promoverá la incorporación de la enseñanza cultural sobre el hecho religioso en términos de integración y convivencia como parte de nuestro patrimonio cultural y para evitar, por ignorancia, los riesgos de los fundamentalismos”. Este texto, redactado hace días, toma cuerpo en estos momentos después del atentado de París. En el debate interno, los socialistas consideran que cuanto más laicidad hay en una sociedad más respeto y tolerancia existe para los practicantes de todas las religiones y para quienes no profesan ninguna.

No triunfaron las tesis de quienes promovían que la religión totalmente excluida de las escuelas. La enseñanza de la religión católica queda garantizada en horarios extraescolares en los centros privados y concertados que seguirán su propio ideario; pero para ellos tampoco será una materia evaluable que entre en el currículum escolar.

No ha habido cambios respecto a la ponencia oficial sobre la revisión de los acuerdos con el Vaticano y se avala que un eventual Gobierno socialista cobre a la Iglesia los impuestos por los inmuebles que no utiliza para el culto.

Sobre la firma

Anabel Díez

Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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