El PSOE incluirá en la Constitución los servicios sociales y la dependencia

Blindar el sistema público de servicios sociales solo será posible con su incorporación a la Constitución como un derecho inalienable de los ciudadanos. Esta es la propuesta que ha incluido el PSOE en su programa en la fase de enmiendas impulsadas por militantes y organizaciones sociales a las que el partido dio participación para elaborar su oferta electoral. Se incorporará a la Ley Fundamental “el cuarto pilar del Estado de bienestar”. Ese blindaje llevará consigo la revitalización de la ley de dependencia “con la financiación necesaria” y la coordinación con las comunidades autónomas.

El atentado terrorista de la noche del viernes en París truncó que el PSOE celebrara una conferencia política de dos días en la que iba a debatirse su programa electoral. Se han aceptado numerosas enmiendas, algunas de gran relevancia, defendidas por militantes y organizaciones sectoriales a las que el PSOE ha dado voz.

Es lo que ha ocurrido en el capítulo titulado Estado social. Las organizaciones y asociaciones de carácter social demandaban el reconocimiento de los servicios sociales como un derecho inalienable que no dependiera de los recursos económicos de cada momento para su prestación. Por ello, el PSOE ha decidido incluirlo en la Constitución. Así ha quedado la nueva redacción: “Blindar el sistema público de servicios sociales como cuarto pilar del Estado de bienestar, incorporando a la Constitución el derecho de los ciudadanos a acceder a los servicios sociales que proporcionen una protección adecuada a toda la ciudadanía española”.

En la discusión de las enmiendas de los militantes sobre la inclusión de este nuevo derecho se tuvo en cuenta lo mucho que se había afinado en la definición de Estado de derecho pero no así en la de Estado social. El recorrido lo empezó, en su primera legislatura en 2004, el presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, al anunciar que iba a poner en pie el cuarto pilar del Estado de bienestar, a través de la ley de dependencia, ahora maltrecha por la crisis económica. El armazón para dar cumplimiento al derecho a los servicios sociales está en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que es su nombre completo. El PSOE, si alcanza el Gobierno con Pedro Sánchez, “recuperará los principios inspiradores” de esta ley con la supresión, de entrada, del real decreto ley de 2012 por el que se introdujeron numerosas restricciones para el acceso a los servicios que emanaban de esta ley.

“Se establecerán las medidas necesarias para dotar al Servicio de Atención a la Dependencia de la financiación necesaria”, señala la nueva enmienda aprobada. Y añade: “Se asegurará el mantenimiento de la tasa de reposición y garantizará la incorporación al sistema lo antes posible de todas las personas valoradas en el grado 1 de dependencia moderada o que se encuentren en lista de espera”. Los recortes hicieron mella profunda en los servicios de dependencia desde la mitad de 2010, y su merma no ha dejado de aumentar, hasta dejarlos en franca precariedad.

Artículo 135

Y en línea con lo que ocurre con otros muchos servicios, la situación es diferente por comunidades autónomas. “Se mejorará la planificación y la coordinación entre las distintas administraciones en materia de políticas sociales”, añade el texto socialista. La gestión descentralizada debe ir unida a la garantía “de la igualdad de derechos entre españoles”.

Los ponentes vinculan el reconocimiento del derecho a los servicios sociales con la modificación del artículo 135 de la Constitución que también aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para dar garantías a Bruselas de que España se comprometía con el equilibrio presupuestario y el déficit cero.

Pedro Sánchez ha aclarado que si llegara al Gobierno no eliminaría ese artículo pero lo “complementaría”. Y así ha sido después de vivos debates en la ponencia económica que coordinaba Jordi Sevilla, junto al responsable federal de Economía, Manuel de la Rocha Vázquez. Se retoca ese artículo de manera que se respeta la prioridad del pago de la deuda “siempre y cuando quedaran atendidos los servicios públicos básicos”. Y estos son sobre todo sanidad, educación y servicios sociales con la atención a la dependencia.

Tras el paso del texto por las manos de los militantes, asociaciones y organizaciones se han realizado otros cambios dentro del capítulo del Estado social para afianzar las prestaciones públicas y su mejora. Y es en el terreno social donde se ha situado el desahucio por impago de un crédito hipotecario. En las enmiendas se han introducido más restricciones a los mismos: “Excluir de la ejecución de los avales la vivienda habitual del avalista”. Se refiere al caso habitual de padres que han avalado el crédito de sus hijos para una vivienda con la suya propia y al no hacer frente a los pagos, han tenido que entregar su casa.