El Supremo imputa a un senador de Amaiur por pertenencia a ETA

Iñaki Goioaga, miembro de Bildu y senador por Amaiur, tendrá que declarar en el Tribunal Supremo el próximo 2 de diciembre como imputado por los delitos de integración en organización terrorista, financiación de terrorismo, contra la Hacienda Pública, fraude a la Seguridad Social y blanqueo de capitales. El alto tribunal ha citado a Goioaga tras abrir una investigación contra él en septiembre pasado a petición del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que pidió que investigara a Goioaga por formar parte “con especial relevancia” del Colectivo de Abogados BL, integrada en el llamado frente de cárceles (makos).

Goioaga es senador a propuesta del Parlamento vasco, por lo que no pierde su condición de aforado tras la disolución de las Cortes para las elecciones generales del próximo 20 de diciembre. El instructor de la causa abierta contra él, el magistrado Miguel Colmenero, le ha citado a unos días del inicio de la campaña electoral.

El grupo de letrados conocido como frente de Makos, encabezado en su día por Arantza Zulueta, ahora en prisión, está siendo investigado como supuesta correa de comunicación de las órdenes de la dirección de ETA a sus miembros encarcelados. El Supremo considera que el escrito que le envió del juez Velasco describe con detalle toda una serie de indicios que apuntan a que Goioaga pertenece al Colectivo de Abogados BL, “una estructura subordinada e integrada en la organización terrorista ETA a través de KT”, integrada en el llamado frente de cárceles. Este colectivo, según el alto tribunal, ejerce una labor de “adoctrinamiento y concienciación ideológica” de los presos para que no se desmarquen de las directrices de ETA. Dentro de esta estructura, Goioaga presuntamente realiza, según el Supremo, rondas y visitas planificadas a los presos de la banda.

De los documentos que hay en la causa se puede inferir, según el auto dictado por el alto tribunal el pasado septiembre, que “la labor jurídica del colectivo al que pertenece Iñaki Goioaga está supeditada a la labor política descrita”. También subraya que hay datos que apuntarían que los gastos de la asistencia jurídica a los miembros del Colectivo de Presos Políticos Vascos EPPK tendrían su origen en la organización de apoyo a presos Herrira, que está suspendida de sus funciones, y que el valor de los servicios prestados por el colectivo de abogados, en 2012 y 2013, no habrían sido declarados a Hacienda.