El Ejecutivo se reserva actuar también por la vía penal
La actuación penal la emprenderían la fiscalía o la policía si observaran que algún responsable utiliza recursos públicos en favor del proceso soberanista tras la suspensión
El Gobierno insiste en que están estudiadas y planeadas todas las alternativas para actuar de inmediato ante el desafío secesionista. Las administrativas y jurídicas ya anunciadas, como el recurso de inconstitucionalidad o las multas y sanciones —que pueden llegar a la inhabilitación de cargos públicos— previstas en la reforma exprés del Tribunal Constitucional, pero también otras por la vía penal.
El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, que actúa en ocasiones como portavoz en funciones, lo avanzó este martes en Onda Cero: "Si a mí mañana una resolución de una institución me dice que deje de ser secretario de Estado de Relaciones con las Cortes para determinadas cosas y no lo hago será José Luis Ayllón el que estará incumpliendo una resolución y caeré en todo tipo de responsabilidades administrativas o incluso penales".
Ayllón no quiso anticipar más acciones. La actuación penal la emprenderían la fiscalía o la policía si observaran que algún responsable utiliza medios o recursos públicos en favor del proceso soberanista tras la suspensión que podría decretar el Constitucional.
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