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La juez impulsa el ‘caso ERE’ para concluir la investigación

La magistrada María Núñez establece seis piezas para agilizar la causa tras cinco años

La magistrada del caso ERE, María Núñez Ampliar foto
La magistrada del caso ERE, María Núñez, en los juzgados.

La juez instructora de la macrocausa de los ERE en Sevilla, María Núñez, busca agilizar al máximo el caso. Para lograr un procesamiento más rápido de los supuestos culpables, lo ha dividido en seis piezas, decisión que considera “la única posibilidad real y efectiva de ir concluyendo la instrucción”. La investigación comenzó hace cinco años. La anterior instructora, Mercedes Alaya, rechazó la separación de la causa, que suma unos 270 imputados, porque la consideraba “inescindible”, a pesar de que el Supremo había recomendado trocearla.

La división incluye una gran pieza sobre “el procedimiento específico”, en la que figuran encausados los altos cargos de la Junta de Andalucía, incluidos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y 10 exconsejeros. Otra indaga las sobrecomisiones pagadas a consultoras y bufetes, cifradas en 66 millones, y las cuatro restantes, que se encuentran más avanzadas, abordan las ayudas a empresas concretas: el grupo encabezado por los exconcejales socialistas José Enrique Rosendo y José María Sayago, al que la Junta concedió 34 millones en ayudas, y las firmas Acyco, Surcolor y Cenforpre.

Núñez inició la división de la causa el pasado mes de julio, pero tras la queja que presentó la Fiscalía Anticorrupción para evitar posibles futuras causas de nulidad, ha realizado esta separación para hacerla más eficaz. La Audiencia de Sevilla todavía debe ratificar o denegar esta separación de la causa, que se traduciría en más de 200 juicios, uno por cada una de las ayudas concedidas.

La magistrada precisa en su último auto, fechado el pasado lunes, que mantendrá como pieza matriz la investigación troncal, de la que desgajará nuevas piezas a medida que la Guardia Civil vaya concluyendo sus atestados sobre las ayudas y los ERE subvencionados por el Ejecutivo autónomo, que en total invirtió 855 millones de euros entre los años 2001 y 2010.

Para justificar la división del caso, la juez Núñez alega que es “prioritario agilizar la causa”, por encima de los argumentos de las defensas sobre la posible “exasperación punitiva”. Esta expresión define el riesgo de que algunos de los imputados deban acudir a cada uno de esos más de 200 juicios. “Podría evitarse mediante la aplicación de instrumentos diferentes”, señala.

Seis peritos de la Cámara de Cuentas de Andalucía han ratificado en su declaración ante la instructora las anomalías que descubrieron en los ERE y que expusieron en su informe de 2012 sobre el caso. La jefa del equipo de fiscalización, dos auditores y tres técnicos comparecieron como testigos para insistir en el “uso inadecuado” de las transferencias de financiación, el instrumento de pago que fue empleado para los ERE por el Gobierno andaluz.

Los peritos estimaron que podrían deducirse responsabilidades contables y administrativas, que la juez Alaya elevó en su momento a penales.

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