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'CASO AZNALCÓLLAR'

La Junta restituye a la directora de Minas tras el fin del caso Aznalcóllar

Los servicios jurídicos del Gobierno andaluz estudian llevar a los tribunales "difamaciones" a empleados públicos que han puesto en peligro inversiones

María José Asensio. Ampliar foto
María José Asensio.

El Gobierno andaluz ha aprobado este martes restituir a María José Asensio como directora general de Industria, Energía y Minas tras el archivo de la investigación sobre el concurso de la adjudicación para la explotación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla). Tan solo 24 horas después de conocerse la resolución judicial, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al nombramiento de Asensio, quien fue apartada el pasado agosto tras ser imputada por posibles delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal. En el auto de ayer, la magistrada Patricia Fernández cierra la investigación al concluir que no hubo resoluciones injustas para favorecer a las firmas ganadoras (Grupo México y Minorbis).

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha señalado que el nombramiento de Asensio "da respuesta al archivo judicial" de la causa y "hace justicia" con una persona en cuya gestión tenían "plena confianza". "Ha demostrado su valía y capacidad con creces, como reconoce el propio sector de la minería", ha asegurado el portavoz. Sobre el archivo de la causa, Vázquez lo ha calificado como "buena noticia" para los andaluces por su impacto económico y laboral. "Va a suponer la inversión de más de 300 millones de euros en una comarca muy necesitada. Andalucía no se podía permitir el lujo de desperdiciar este potencial", ha asegurado Vázquez, quien ha defendido que el procedimiento por el que Grupo México y Minorbis se hicieron con los derechos de explotación fue "transparente y riguroso".

Asimismo, el portavoz ha confirmado que los servicios jurídicos de la Junta van a analizar todo lo sucedido y las manifestaciones vertidas desde que se abrió la causa por si son susceptibles de acudir a la vía judicial, ya que se han producido "difamaciones infames" y se han puesto "en riesgo" inversiones "importantísimas" para Andalucía. "Se ha manchado el nombre y el buen trabajo de los trabajadores públicos", ha asegurado Vázquez, quien ha criticado el uso partidista que se ha hecho de esta investigación. 

Seis meses después y tras la declaración ante la policía de 15 cargos y funcionarios, siete de ellos imputados, la juez ha descartado las denuncias de la empresa perdedora del concurso, Emerita, y no ve delito ni un supuesto acuerdo entre los imputados para favorecer a la empresa ganadora. “Hemos de concluir que el procedimiento observado ha sido el correcto teniendo en cuenta, además, que con carácter previo había sido una normativa específica aprobada ad hoc”, reza el auto de la magistrada. La Junta ya decidió el pasado viernes reabrir la mina sin esperar la resolución de la juez

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