Imputados cinco exjefes de ETA por la orden de matar a Gregorio Ordóñez

La Audiencia Nacional ha imputado este martes a cinco antiguos miembros de la cúpula de ETA que supuestamente ordenó matar al teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián, Gregorio Ordóñez Fenollar (PP), el 23 de enero de 1995. El etarra Valentín Lasarte fue condenado en octubre de 1997 a 30 años de cárcel por su participación como cooperador necesario en el asesinato del concejal popular. La hermana de la víctima, Consuelo Ordóñez, pidió entonces públicamente que Lasarte permaneciera en prisión el máximo tiempo posible y ha sido quien ha denunciado al excomité ejecutivo de ETA ante la Audiencia Nacional. Veinte años después del atentado y coincidiendo con el Día de la Memoria, el juez Pedraz ha admitido a trámite la denuncia contra Ignacio Gracia Arregui, José Javier Arizcuren Ruiz, Mikel Albisu Iriarte, Julián Achurra Egurola y Juan Luis Aguirre Lete.

El juez Pedraz ha tenido en cuenta el informe de la Guardia Civil en el que se aceptan como "fiables y verosímiles" todos los hechos que implican a aquel comité ejecutivo de ETA en la comisión de acciones terroristas por su "función decisiva y necesaria" como máximo órgano de la organización, que anunció el cese definitivo de las armas el 20 de octubre de 2011. En su auto, el magistrado de la Audiencia Nacional hace referencia a la implicación de la cúpula de ETA de hace una década en los atentados en general, y en el de Gregorio Ordóñez Fenollar, en particular.

En su auto, el juez Pedraz especifica que el comité ejecutivo "elegía, coordinaba y seleccionaba" a los objetivos, y transmitía las órdenes mediante citas orgánicas, cursos de adiestramiento y publicaciones internas. El magistrado subraya que en 1993, tras la caída de la cúpula de ETA en Bidart en 1992, la banda decidió de forma colegiada atentar contra militantes y dirigentes del PP y del PSOE, con el fin de demostrar al Estado español "que habían recuperado su poder de violencia, terror y subversión".

Para el magistrado de la Audiencia Nacional, la muerte de Gregorio Ordóñez Fenollar se enmarca dentro de esa "estrategia de desestabilización" de la que forman parte los cinco denunciados. De hecho, cuando la banda reivindicó la autoría del atentado, una semana después del asesinato del concejal popular, los etarras justificaron la acción terrorista bajo pretexto de que la víctima militaba en el Partido Popular, que constituía en ese momento "el máximo exponente de la imposición española".

El juez Pedraz ha imputado a quienes entonces integraban la cúpula de ETA: Ignacio Gracia Arregui, desde mediados del 1992 hasta septiembre del 2000; Mikel Albisu Iriarte, entre 1994 —cuando se responsabiliza del aparato político— y octubre del 2004; Julián Achurra Egurola, máximo dirigente de logística desde abril 1992 hasta julio de 1996; José Javier Arizcuren Ruiz, desde 1994 y Juan Luis Aguirre Lete, que actuaba como "lugarteniente" de Arizcuren Ruiz.