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Los jueces califican de “barbaridad” la idea de suprimir el Poder Judicial

Las asociaciones de magistrados creen que la propuesta no despolitiza la institución

Juan José Mateo
Reunión de la la Comisión Permanente del CGPJ.
Reunión de la la Comisión Permanente del CGPJ.uly martín

Las asociaciones de jueces ven un “error mayúsculo” la propuesta presentada por Ciudadanos para suprimir el Consejo General del Poder Judicial y sustituirlo por un juez apoyado por dos adjuntos. La transformación de un órgano colegiado con pluralidad ideológica y 20 miembros en un órgano encabezado por el presidente del Tribunal Supremo y del poder judicial, que sería elegido por el Congreso (mayoría de dos tercios) para mandatos de seis años, ha despertado duras críticas en la judicatura. "La clave está en la desaparición de la libre designación de los magistrados que ocupan los puestos clave. Ahí les duele", opinó una fuente del Comité de sabios que ha redactado la propuesta de la formación emergente.

“Suprimir el Consejo General del Poder Judicial es un error mayúsculo, una barbaridad y [demuestra] una ignorancia absoluta de lo que es el Consejo General del Poder Judicial, la independencia de los jueces y de las soluciones que son necesarias”, opina Marcelino Sexmero, de la asociación judicial Francisco de Vitoria. “Si lo que se pretende es despolitizar, no se entiende muy bien cómo se propone que al presidente lo nombren las Cortes, acompañado de dos adjuntos nombrados por los jueces, pero no con un sistema proporcional, sino mayoritario, con lo que el gobierno de los jueces sería monocolor”, añade en conversación telefónica. “Si el sistema de elección de los dos adjuntos es mayoritario, vamos hacia un conchabeo político como el de ahora, con un Consejo monocromo en el que la APM [Asociación Profesional de la Magistratura, de ideología conservadora] dominará para siempre”, subraya. “Resulta increíble que proponga esto”, concluye.

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La del portavoz de la asociación Francisco de Vitoria no es una opinión minoritaria. El resto de las agrupaciones judiciales coinciden en lamentar que no se les haya consultado y en las críticas hacia una de las 30 propuestas de reforma presentadas este sábado en Cádiz por Albert Rivera, líder de Ciudadanos, y que también incluyen, entre otras medidas, la supresión del Senado y de los decretos ley y reformar la Constitución para blindar las competencias del Estado. "Planteamos renovar el compromiso de los españoles con nuestras instituciones, renovar nuestra democracia", dijo Rivera. "Hay que cambiar muchas cosas para que España pueda volver a funcionar".

“Expresa cierto desconocimiento de la realidad judicial de nuestro país y también de cuáles son las necesidades de nuestro propio sistema de justicia”, lamenta Joaquín Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, sobre la propuesta de suprimir el Consejo General del Poder Judicial. “Se plantea desde un ámbito académico y profundiza muy poco en los conflictos existen ahora mismo en cuanto a la división de poderes”, añade en conversación con EL PAÍS. “Esta propuesta sería muy negativa”, sigue. “Tal y como está diseñado el plan, no garantiza ni la pluralidad ni que no haya interferencias políticas en el ámbito judicial. Sería un retroceso”, subraya. “No entendemos cómo se pretende despolitizar la justicia haciendo que sean los propios políticos los que designen directamente. Se trata de crear espacios de equilibrio entre los poderes del Estado. No se puede dejar en manos de los políticos decisiones tan importantes. La solución no es suprimir el Consejo sino reforzarlo y apartarlo de las influencias partidistas”.

En la misma línea opina la Asociación Profesional de la Magistratura. “Me parece absurdo pensar que un presidente vaya a poder asumir todo aquello que la Constitución atribuye al Consejo para defender la independencia judicial. Es radicalmente imposible”, destaca Pablo Llarena, presidente de la APM, en la web Confilegal.

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"Supongo que estarán hablando de oídas y no habrán leído la propuesta", ha dicho Albert Rivera esta mañana en Melilla. "Justamente lo que hace es quitarle poder al presidente del Supremo o al poder judicial y crear unos mecanismos de mérito y capacidad por los cuales ir a la Audiencia Nacional o estar en una Sala del Supremo no dependerá de la arbitrariedad de una serie de personas puestas por los partidos sino que será por concurso", ha añadido. "Me parece mucho mejor que alguien llegue a un puesto a través de una oposición a que lo haga designado por una serie de tentáculos políticos".

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Sobre la firma

Juan José Mateo
Es redactor de la sección de Madrid y está especializado en información política. Trabaja en el EL PAÍS desde 2005. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo por la Escuela UAM / EL PAÍS.

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