El Gobierno advierte de que Forcadell es su primer objetivo político y legal

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió este viernes a la presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, de que debe sentirse concernida "sin ninguna duda" como el objetivo prioritario de cualquier actuación del Ejecutivo, "tanto por la vía política como por la jurídica", si a partir del lunes se aprueba en esa Cámara la resolución independentista y se toma alguna decisión contra las órdenes y los mandatos del Tribunal Constitucional. Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta apuntó así, directamente por primera vez, contra un alto cargo concreto, en este caso del Parlamento catalán, porque entiende que si Forcadell permite esa votación y la respalda, "dejará de amparar en sus derechos a la mitad de la Cámara y debe proteger a la totalidad".

Santamaría quiso llamar la atención, tras la decisión unánime del jueves de los 11 miembros del Tribunal Constitucional de permitir el debate en el pleno de esa resolución independentista, del último párrafo del pronunciamiento del alto tribunal con el que entiende se estaba enviando un mensaje directo de advertencia al Parlamento de Cataluña. La vicepresidenta apuntó así que el Parlamento catalán "debe velar por el respeto a la Constitución en ese debate" del lunes y recordó así que, si no lo hace, "el Tribunal Constitucional podrá tomar las decisiones oportunas que considere".

La número dos del Ejecutivo consideró "muy importante tener presente eso" y también destacó que las decisiones hasta ahora del tribunal sobre este asunto, y sus precedentes sobre la consulta del año pasado u otros pasos relativos al proceso separatista, se han tomado siempre por unanimidad de todos sus miembros.

La vicepresidenta remarcó que el mismo lunes por la tarde, en cuanto se apruebe la resolución en el Parlamento catalán, el Gobierno reclamará un informe preceptivo para actuar al Consejo de Estado y para poner en marcha inmediatamente todos los mecanismos del Estado, aunque no sabe aún si el Consejo de Ministros extraordinario será el martes o el miércoles porque depende de cuándo se reúna ese organismo consultivo.

Santamaría volvió a asegurar que el Ejecutivo está preparado, con todos sus instrumentos alerta, para exigir el cumplimiento de las leyes, de la Constitución y para preservar el Estado de derecho. La vicepresidenta insistió en que, en cuanto se apruebe esa medida en el Parlamento catalán, el Gobierno la recurrirá ante el Constitucional y pedirá además su suspensión inmediata a todos los efectos. En este sentido abundó en la idea de que a partir de que el tribunal acepte esa suspensión ningún alto cargo ni de la Generalitat ni del Parlamento catalán podrá tomar ningún tipo de decisión contra ese mandato: "Esa declaración se anula y es como si no hubiese existido".