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El Constitucional se inclina por no suspender el pleno independentista

El alto Tribunal debate la admisión a trámite de los recursos del PP, Ciudadanos y el PSC contra el texto de Junts pel Sí y la CUP

Iceta, Arrimadas y García Albiol en el Tribunal Constitucional este miércoles. Ampliar foto
Iceta, Arrimadas y García Albiol en el Tribunal Constitucional este miércoles.

El pleno del Tribunal Constitucional debatirá este jueves sobre la admisión a trámite de los recursos del PP, Ciudadanos y el PSC contra la tramitación de la declaración independentista elaborada por Junts pel Sí y la CUP. En el espíritu de una amplia mayoría de sus magistrados está la intención de admitir a trámite los tres recursos y no atender las medidas cautelares que reclaman que el Constitucional prohíba la celebración de la sesión plenaria del próximo 9 de noviembre, en la que se tratará la propuesta secesionista.

Aunque la decisión queda pendiente de la votación, fuentes del Constitucional han señalado que, dados los precedentes y por una razón de oportunidad, el pleno se decantará por no acceder a la suspensión de la sesión que el Parlamento catalán tiene previsto celebrar el próximo día 9.

Los precedentes se refieren a la tesis que, en otras ocasiones, ha defendido el tribunal y que sostiene que, en democracia, no se debe prohibir ningún debate político en un Parlamento. La oportunidad, al hecho de que el Gobierno impugnará la resolución en la que se apruebe el inicio del proceso de desconexión de España y, en ese caso sí, la suspensión es automática.

"No debemos prohibir un debate, aunque sea de cuestiones inconstitucionales", señalan fuentes del tribunal que exponen cómo, por el mismo hecho, no se podría plantear y tratar en ninguna Cámara cualquier medida que actualmente no esté recogida en la Constitución, como los indultos generales, las amnistías o la pena de muerte. Las mismas fuentes consideran que es muy diferente el debate a la resolución que salga del mismo, que sí puede violar la Constitución. Los magistrados no son ajenos, además, al hecho de que los grupos independentistas hubieran celebrado la sesión plenaria de todas formas y, que, a partir de ese momento, la mera celebración de un debate político obligaría a tomar medidas más drásticas.

Los magistrados del Constitucional tampoco son ajenos a la especial trascendencia de los hechos y al desafío independentista. Por eso, ayer decidieron, de forma consensuada, que la admisión de los recursos fuera tratada hoy mismo, aunque no en una sesión extraordinaria, sino incorporando el asunto al orden del día. Por turno de reparto, los recursos del PP y de Ciudadanos han caído en manos del presidente, Francisco Pérez de los Cobos, y del magistrado Juan Antonio Xiol, miembros de la Sala Primera. El ponente de la Sala Segunda, en la que ha recaído el recurso del PSC, será el magistrado Fernando Valdés Dal-Ré.

Mayoría conservadora

Pese a lo trascendente y urgente que es resolver si los recursos se admiten o no, el tribunal debe, en cualquier caso, estudiar si reúnen los requisitos pertinentes para su aceptación. Además, dadas las medidas cautelares solicitadas, es posible que la decisión de no suspender la celebración del pleno el próximo día 9 responda únicamente al recurso del PP, que reclama que, de no decidirse ya sobre dichas medidas, "se perdería la finalidad del recurso de amparo". Ciudadanos, que presentó el otro recurso en el que también se piden medidas cautelares (el PSC no las solicita), no plantea su carácter urgente, con lo que, posiblemente, el tribunal tendría que dar audiencia a los implicados antes de decidir sobre la suspensión cautelar del pleno.

El tribunal tiene actualmente once miembros y una clara mayoría conservadora, al haber sido siete de sus magistrados —entre ellos su presidente Francisco Pérez de los Cobos— designados con apoyo del PP frente al resto de miembros, tres de los cuales —Adela Asúa, Juan Antonio Xiol y Fernando Valdés—, forman parte del denominado sector progresista. Encarnación Roca fue propuesta por el Parlamento catalán en 2010 con el visto bueno de la entonces CiU. En cualquier caso, la voz del Constitucional fue ya unánime en la ilegalización del primer principio de la declaración de soberanía aprobada por el Parlamento catalán en enero de 2013, que proclamaba al pueblo catalán como "sujeto político y jurídico soberano". No hubo voces discordantes.

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