Un cargo del PP de Avilés, investigado por un cohecho de 360.000 euros
Los investigadores del caso Pokémon piden a la juez la imputación de Joaquín Aréstegui, que acaba de dimitir. Sospechan que una empresa de aguas le costeó la reforma del dúplex, los muebles y hasta los televisores
Todo aparece recogido en el que los investigadores conocen como el Informe Nerón. El sumario de la Operación Pokémon contra la corrupción política le dedica este extenso capítulo al que hasta el pasado fin de semana era presidente del Partido Popular (PP) en Avilés, Joaquín Aréstegui Artime, que dimitió tras conocerse su supuesta implicación en el caso. Aréstegui, según Aduanas, sería el gran beneficiado por el entramado empresarial presuntamente dedicado a la caza de contratas públicas a cambio de "regalos y dádivas". Mucho más de lo que, como se desprende de las diligencias, podrían haberlo sido Agustín Iglesias Caunedo, exalcalde de Oviedo, y Manuel Pecharromán, exedil de Gijón, que según Aduanas viajaron a Nueva York, Croacia y Florida a gastos pagados por una filial de Agbar, Aquagest.
Aréstegui Artime todavía no ha sido imputado, pero tanto él como su cónyuge figuran, junto a Caunedo, Pecharromán y otros muchos, en la lista de las personas que los agentes de Aduanas proponen a la juez para ser llamados a declarar en esa condición. Recientemente, la magistrada Pilar de Lara se inhibió de esta causa, pero seguirá dirigiendo la instrucción mientras la Audiencia Nacional no determine qué juzgado la asume.
En los documentos incautados durante los últimos registros llevados a cabo este verano en Asturias (entre ellos el del propio domicilio del político), Aréstegui aparece definido por la trama como "activo colaborador" de Aquagest. Y como tal, sospechan los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera que trabajan a las órdenes de la instructora, la juez Pilar de Lara, habría recibido una suculenta recompensa. Según la investigación, en los tiempos en que era presidente del partido en su localidad y portavoz del PP en el Parlamento autonómico, Aréstegui y su esposa, María del Carmen Vega Fernández, entonces también concejala popular en Avilés, habrían obtenido gratis la reforma de su dúplex, el mobiliario y la renta por el alquiler de otro piso durante varios años. En el Informe Nerón hay una hoja de cálculo presumiblemente fechada en 2010 que indica que la "cantidad comprometida" con este político es de 360.000 euros, y que en ese momento todavía falta por satisfacer la cantidad de 251.642,57.
Encima de este apunte, aparece desglosado lo que, en aquella fecha supuestamente se le había abonado ya. Son 108.357,43 euros, que se dividen en varias partidas. Según este desglose, por "gastos de campaña Aréstegui candidato" se le han pagado 10.578,29 euros. Por "equipar vivienda", 12.012,74. Por "limpieza vivienda", 150. Por "fianza alquiler", 6.000. Por "alquiler" en 2010, 14.400. Y en "metálico", otros 65.000. La suma da 108.357,43 euros si se le suma un concepto más que aparece reflejado: "Batería móvil de Pampina [nombre familiar de Carmen Vega]", 216,4 euros. Entre los gastos de equipamiento de la vivienda, aparecen pagos a tiendas de muebles y un par de ellos de televisores que habrían costado unos mil euros.
A estas cantidades, Aduanas suma el coste de la reforma del dúplex del matrimonio en Avilés, del que existen varios presupuestos, uno de ellos de más de 81.000 euros. Cuando entraron con orden judicial a registrar el domicilio, los agentes comprobaron que la obra se había llevado a cabo. Los investigadores señalan a la empresa gallega CPS (Construcciones en Piedra Sigrás) Obras e Infraestructuras del Atlántico como la intermediaria que aparentemente habría asumido los gastos que, supuestamente, costeaba Aquagest.
CPS, sospechan los agentes, rehabilitó supuestamente el inmueble de Aréstegui y luego se lo facturó a Aquagest. Creen que los gastos fueron camuflados dentro del montante de unas obras llevadas a cabo en la depuradora de aguas residuales de La Lleda, en la localidad. Además, según los investigadores, presuntamente la constructora también se "avino a pagar una renta a Joaquín Aréstegui mientras duraban las obras e incluso más tiempo", por un total que superaría los 27.000 euros. El político, diputado regional durante muchos años y luego delegado para Asturias de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), no parecía necesitar ese tipo de ayudas para salir adelante, ni tampoco que otra filial, Asturagua, pagase en su nombre, en septiembre de 2009, una estancia para dos en la Villa Termal Las Caldas que costó 610,44 euros.
Los agentes relacionan todos estos presuntos dispendios en Aréstegui y su esposa con el hecho de que el 26 de octubre de 2009 el Ayuntamiento de Avilés firmase con Aquagest el contrato para crear una empresa mixta de saneamiento (Aguas de Avilés) con vigencia para 25 años y un canon, según recogían las noticias de la época, de 37,1 millones. La filial de Agbar para el noroeste de la península se convertía en adelante en la propietaria del 74% de la compañía, y la parte minoritaria quedaba en manos municipales. Para los investigados, según el Servicio de Vigilancia Aduanera, los pasos y dispendios necesarios para llegar a este contrato que ponía bajo control de Aquagest la gestión del agua en la localidad conformaban la Operación Nerón, de ahí el nombre del informe.
"Lo de Ana Mato huele a mierda"
En el sumario del caso Pokémon abundan los documentos contables y las transcripciones de pinchazos telefónicos que implican en los asuntos investigados tanto a diversos miembros del PP asturiano como a responsables de empresas del grupo Agbar y lo que ellos definen como "comerciales políticos", "abrelatas" o conseguidores frente a la Administración pública. En Asturias, el abrelatas en "nómina" de Aquagest era el popular Joaquín Fernández, que fue responsable de la fracasada campaña de Isabel Espinosa para la presidencia autonómica cuando el PP intentó remozarse para la cita en las urnas frente a Álvarez Cascos. Entre aquellas jóvenes promesas del partido, en aquel grupo de amigos, también estaban Caunedo y Pecharromán, además de otros nombres que ahora afloran a las páginas de la Pokémon.
Entre las conversaciones intervenidas se encuentran algunas muy elocuentes, como aquella en la que dos directivos de empresas investigadas en esta trama (GRS Arc Local y Tribugest, esta propiedad de Aquagest) describen al abrelatas del PP en la comunidad como "fantasma", "chorizo" o "más facha que Franco". También una en la que Henry Laíño, jefe territorial de Aquagest y uno de los principales imputados en la trama, se mostraba preocupado por una posible derrota del PP a causa de la política de recortes: "La gente no entiende nada, o sea, vivimos en un país de burros paletos, joder. Es que el izquierdoso de los cojones que piense, que piensan que todo esto cae del cielo...", le comenta indignado a su hermana. "La gente cree que el dinero es una maquinita que tu produces y nada más, y no quieren que les recortes en nada".
Pero además existe una charla de amigos entre Joaquín Fernández y Aréstegui en la que, además de hablar de sus supuestos negocios, repasan el panorama nacional de su partido. Hablan de la Gürtel, y de la "psicosis" que reina en España contra los políticos corruptos. "Estamos jodidos", dicen, "porque ahora puede salir cualquiera diciendo cualquier pijada" (se refieren a la financiación ilegal de partidos) y "estos juicios duran años". "Es que ya se desayuna en ponzoña", comenta Fernández, "por ejemplo lo de Ana Mato el otro día, vale, sería el marido, pero huele a mierda". "Tú puedes contar las operaciones gordas, tú puedes cambiar yo qué sé, un baño de casa y decir me lo hizo no sé que albañil", dice luego el mismo. Pero "lo que es obsceno, tío, es que te gastes 6.000 euros en payasos, 4.000 en confeti...", sigue hilando el supuesto conseguidor de Aquagest, "eso te da la medida de con quién estás hablando". Y Aréstegui le contesta: "No hombre, pero lo que no cuela es que tú te vayas a ir con tu hijo a Irlanda y no te enteres de quién te pagó el billete".
La Pokémon indaga la relación entre Joaquín Fernández y la sede del PP en San Martín del Rey Aurelio (Asturias). Los agentes de Aduanas sospechan que el partido corría con el gasto del chófer que trabajaba para este "comercial político". Y creen también que Ingenium, una consultoría por medio de la que facturaba sus servicios Fernández, era a través de la que se pagaba el alquiler del local del partido y se contrataba empleadas para la formación. En el registro de la casa del llamado abrelatas de Aquagest se encontraron 80.000 euros en metálico. La juez De Lara sospecha que se trata de dinero negro, y rastrea si en el seno del PP asturiano se pudieron cometer delitos de fraude fiscal, financiación ilegal y blanqueo.
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