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El Gobierno navarro planea abrir sus centros públicos al aborto

En la Comunidad Foral no se interrumpe el embarazo en la red pública y las afectadas tienen que desplazarse a otras regiones o a centros privados

Imagen de arcgivo de una protesta a favor del aborto en Madrid.
Imagen de arcgivo de una protesta a favor del aborto en Madrid.

El Gobierno navarro quiere que las mujeres puedan abortar en centros públicos, como permite la ley y ocurre en el resto de comunidades. Navarra es la única en la que no se interrumpe el embarazo en la red pública y las afectadas tienen que desplazarse a otras regiones o centro privados. “Es una cuestión de voluntad política, que el anterior Gobierno no tenía. Hemos hablado con los ginecólogos y creemos que esto se normalizará poco a poco”, afirmó el jueves el consejero de Salud, Fernando Domínguez. Además, se dará atención reproductiva a mujeres solas o en parejas de mismo sexo y apoyo médico a transexuales.

La comunidad navarra llevaba 24 años sin practicar abortos hasta que en 2011 una clínica privada abrió en Ansoáin, un municipio cercano a Pamplona donde el Gobierno foral comenzó a derivar algunos casos. Pero la sanidad pública sigue sin estrenarse, debido, dicen, a la objeción de conciencia de los facultativos. Tampoco es común en otras regiones, donde el grueso de los abortos que se pagan con dinero público se hacen en clínicas privadas.

El Gobierno foral presidido por Uxue Barkos (Nafarroa Bai) ultima ahora un decreto de atención sexual y reproductiva que incluye la práctica de abortos farmacológicos y quirúrgicos en las clínicas públicas. Pero eso ya lo permite la ley. Lo que quiere el Gobierno navarro ahora es cambiar la voluntad e ir normalizando estas intervenciones en la red pública. “Hemos hablado con ginecólogos y anestesistas y nuestra percepción es que esto está cambiando, que la objeción va a ir remitiendo”, explicó el jueves a EL PAÍS el consejero. Fernando Domínguez calcula que las resistencias serán más fuertes cuando se trate de embarazos decididos por la mujer antes de la semana 14, como permite la ley. Sin embargo, cree que aquellos que haya que interrumpir por problemas médicos asociados no encontrarán problemas entre los profesionales de la sanidad pública.

“Si en algún centro no hay nadie que quiera practicar abortos podremos impulsar algunos ajustes de personal desde otros sitios donde sí haya más de un ginecólogo que no se oponga”, dijo Domínguez. “Será el jefe de ginecología del hospital el que decidirá estos cambios y el que conocerá con confidencialidad quiénes están dispuestos a practicar esta intervención y quiénes no”. “Garantizamos la confidencialidad del médico y de la mujer”, añadió el consejero. El futuro decreto foral, sometido ahora a exposición pública y participación para recibir sugerencias, plantea “una nueva política de salud sexual y reproductiva para atender una nueva realidad social”, señaló el consejero. Y defendió la “dignidad” y el “desarrollo de la persona” superando los “tabúes” que han supuesto una “restricción” en las prestaciones sanitarias.

Objetores de conciencia

Por ello, el decreto establece una atención “integral y multidisciplinar” para hombres y mujeres, y prevé que con su entrada en vigor sean dos centros de atención a la mujer de Pamplona los que inicialmente atiendan las interrupciones farmacológicas de embarazo para extenderlas en un año a toda la red navarra. Domínguez recordó que sigue abierto el registro de objetores de conciencia, donde de momento solo figuran tres personas apuntadas, aunque este derecho, avisó el responsable de Salud, “no puede limitar el de las mujeres” a interrumpir su embarazo en la red pública.

Además del aborto, Domínguez destacó ayer que el nuevo modelo garantiza tratamientos de reproducción asistida a parejas de mujeres homosexuales y técnicas de inseminación artificial a mujeres sin pareja. Ofrece igualmente una atención integral a la transexualidad, incluidas terapias hormonales, cirugías plásticas o de reasignación sexual.