Amargo final de un mandato prometedor

Cuando José Luis Rodríguez Zapatero llegó a la Moncloa, en abril de 2004, los grandes retos que la democracia española tenía pendientes con el franquismo estaban ya logrados. Adolfo Suárez había desmontado la dictadura y Felipe González había puesto las bases de una democracia moderna con la incorporación de España a la Unión Europea; la modernización de la economía; la construcción del Estado de las autonomías y de un incipiente Estado del bienestar. Su antecesor, José María Aznar, con la democracia ya consolidada, marcó otro hito con la entrada de España en el euro y, sobre todo, por unificar y ubicar políticamente a la derecha española en la democracia.

En 2004, con la irrupción de Zapatero, había cuestiones del pasado que había que mejorar en España como el encaje de la cuestión territorial o la memoria de la Guerra Civil, aunque ya se habían registrado avances en ambas cuestiones con Suarez y González. En 2004 la principal secuela que España arrastraba desde el franquismo era sin duda la pervivencia del terrorismo de ETA. Y Zapatero dedicó muchas de sus energías a lograr su final.

Pero en 2004, Zapatero necesitaba también un nuevo horizonte para la socialdemocracia española, como Aznar lo había fijado con la derecha, en una coyuntura en la que la economía, sumida en una burbuja inmobiliaria cebada en el mandato del PP, que nadie veía o no quería ver, aparentaba una enorme bonanza. Encontró ese nuevo horizonte en el terreno de los valores, el “republicanismo cívico”, basado en la libertad como no dominación, que se vinculaba con el progresismo liberal norteamericano del Partido Demócrata y competía con el monopolio liberal de la libertad.

El republicanismo cívico se tradujo en la lucha contra la vulnerabilidad de determinados colectivos sociales y marcó la primera legislatura del Gobierno de Zapatero: Ley integral contra la violencia de género, con la que estrenó su mandato; la ley de que igualó en derechos a las parejas homosexuales; ley de dependencia, dirigida a financiar los servicios de las personas dependientes; la ley del divorcio exprés; la ley de identidad de los transexuales y la ley de igualdad.

El impulso renovador de Zapatero continuó con otras decisiones en el terreno social, como el aumento en la dotación de becas, del salario mínimo y de las pensiones mínimas, el reconocimiento a los autónomos de los mismos derechos que a los trabajadores por cuenta ajena, etc. Entre estas decisiones, cabe destacar la nueva ley del aborto, una ley de plazos homologada a las de los países de nuestro entorno, y la introducción en las aulas de la asignatura Educación para la Ciudadanía, cuyo objetivo era la defensa de la pluralidad, conocimiento de la democracia y sus valores.

Este proceso renovador fue trastocado por el enorme ruido mediático y político de la derecha española contra Zapatero sólo equiparable al que tuvieron que escuchar Adolfo Suárez y Felipe González, pero en sus etapas finales. Zapatero gobernó acompañado de ese ruido desde el principio de su mandato, desde que ganó las elecciones inesperadamente, sobre todo para el PP, el 14 de marzo de 2004, entre otras cosas, por la manipuladora gestión que Aznar hizo del mayor atentado terrorista de la historia de España, el 11-M.

El PP o sus terminales mediáticas y a veces al alimón acusaron a Zapatero de estar detrás del atentado del 11-M; de vender a España y traicionar a las víctimas del terrorismo, con motivo del proceso de final dialogado con ETA, etc. Salieron a la calle reiteradas veces, acompañados de la jerarquía eclesiástica, para protestar contra la ley de matrimonio homosexual, la del aborto o el diálogo con ETA. Un anciano Santiago Carrillo publicó en 2008 un libro, La crispación en España, de la Guerra Civil a nuestros días, en el que manifestaba su inquietud por la actitud del PP durante la legislatura de Zapatero porque le recordaba a la de la derecha española durante la República.

El republicanismo cívico se tradujo en la lucha contra la vulnerabilidad de determinados colectivos sociales y marcó la primera legislatura del Gobierno de Zapatero

Una de las claves de la victoria de Zapatero fue el hartazgo en la población española de la prepotencia con que Aznar gestionó su mayoría absoluta (2000-2004) y que se reveló de forma abrupta con la crisis del Prestige y la entrada en la guerra de Irak contra la voluntad de una abrumadora mayoría de españoles. Zapatero se comprometió si ganaba a retirar las tropas españolas de Irak. Ganó y cumplió inmediatamente. Resultó beneficiado en el contraste entre el estilo autoritario de Aznar, continuado por el bronco de Mariano Rajoy en la oposición, y su estilo amable. Eso y sus avances en derechos civiles y sociales, pese al ruido político y mediático de la derecha, le otorgaron una segunda victoria en 2008.

Pero Zapatero no estaba preparado para afrontar la Gran Recesión, que se venía incubando años atrás y que reventó abruptamente en octubre de 2008 con la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos. Sus preocupaciones durante su carrera política y en su irrupción como secretario general del PSOE eran otras. También las preocupaciones del país desde la salida de la crisis económica del inicio de los noventa estaban en la política y no en la economía que, en apariencia, iba como un tiro.

Inicialmente afrontó la crisis como si se tratara de una crisis cíclica. Prueba de ello fue el Plan E de 2009, una inversión en planes municipales, inspirado en el New Deal de Roosevelt, para absorber el desempleo para uno o dos años, el tiempo que calculaba que la crisis iba a golpear con imayor ntensidad.

Zapatero se resistió todo lo que pudo a adoptar las medidas de austeridad que le reclamaba Bruselas y tiró la toalla en mayo de 2010, ya con el agua al cuello, para evitar una intervención de la economía española. Con un “lo haré me cueste lo que me cueste”, proclamado desde la tribuna del Congreso, asumió con anticipación la derrota electoral, tras anunciar la congelación de las pensiones y la bajada de sueldos de los funcionarios, entre otras medidas impopulares. Con esta decisión perdió numerosos apoyos por la izquierda que se unían a los que había perdido, anteriormente, por el centro.

En agosto de 2011, casi en vísperas electorales, tuvo que dar otra vuelta de tuerca en la política de austeridad con la consagración del compromiso de déficit en la Constitución, pactada con el PP y prácticamente sin debate, también para evitar, una vez más, el riesgo de intervención.

Eso no fue todo. En el tramo final de la legislatura se produjo el primer estallido de la crisis en Cataluña, con una manifestación sin precedentes en Barcelona en protesta por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la reforma del Estatuto, que recortó tras haber sido refrendado por los catalanes en las urnas. Fue un proceso de reforma descontrolado, tras abrir el Gobierno tripartito catalán -PSC, ERC e ICV- la caja de Pandora, con el aval de Zapatero, y que el PP utilizó como arma de oposición a su Gobierno, con medios de comunicación haciendo anticatalanismo desde Madrid. Para colmo, el Tribunal Constitucional no se salvó de las contiendas políticas, con una cadena de recusaciones, y resultó dañado por la utilización política que se hizo de él.

Asimismo, proyectos como la ley de Memoria Histórica, que trataba de resolver las secuelas de la Guerra Civil, o la propia Ley de Dependencia quedaron en agua de borrajas por la falta de acuerdo entre Gobierno y oposición y, avanzada la crisis, por falta de financiación. Tampoco Zapatero logró consolidar la Fundación Ideas, con la que trataba de actualizar el legado socialdemócrata y ser una referencia intelectual en la España progresista. Aquel proyecto fracasó.

Pero aquel amargo final de un mandato esperanzador tuvo un último toque reconfortante para Zapatero y toda España: el anuncio del cese definitivo del terrorismo de ETA sólo un mes antes de perder de las elecciones. Fue el premio a un trabajo tenaz, durante todo el mandato de Zapatero, en el que con la ayuda inestimable de su ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, supo combinar inteligentemente diálogo y represión. Hay muchos precedentes de que el electorado no premia al Gobierno que logra acabar con el terrorismo en su mandato. España no fue una excepción y eso Zapatero y Rubalcaba lo sabían y recordaban siempre el caso de Irlanda del Norte. Quizás porque quien termina recoge una semilla que otros gobiernos han sembrado antes. Quizás porque hay quien desconfía que detrás de ese final puede haber alguna trampa oculta. Y quizás porque no hay por qué premiar por terminar con algo que nunca debió de haber sucedido. Pero para la historia queda que la pesadilla de 43 años de terrorismo etarra cesó con el Gobierno de Zapatero.