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Andreu Viloca, el eficaz gestor que siempre estuvo en un segundo plano

Poco dado a dejarse ver en público, el cajero de CDC es definido por los suyos como alguien poco dado a salirse de su papel

Andreu Viloca

Aplomo y discreción son dos rasgos que definen el carácter del detenido tesorero de Convergència, Andreu Viloca. Lo demostró el pasado 28 de agosto, cuando la sede del partido hervía durante el registro llevado a cabo por la Guardia Civil en la segunda fase de la Operación Petrum. Él, impasible, aguantó sin apenas moverse las cinco horas que tardaron en completar el operativo los agentes, a los que interrumpió en una sola ocasión para pedir que le acercaran un paquete de tabaco.

Viloca no es un hombre que se prodigue mucho en público, lo que explica que pese al poder que ha llegado a ostentar como guardián de las arcas del partido cueste encontrar fotografías suyas con los líderes de Convergència. Tampoco es posible leer declaraciones públicas que haya hecho y las escasísimas personas que le conocen y han accedido a hablar con este diario lo definen como “un eficaz gestor muy poco dado a salirse de su papel”.

El tesorero de CDC llegó al partido procedente del Colegio de Médicos de Barcelona, donde ocupó un cargo directivo en una entidad propietaria de un extenso holding de 15 empresas con intereses en el sector inmobiliario, los seguros, las finanzas y los viajes, entre otros. Las relaciones entre Convergència y el negocio sanitario tienen, también en el reclutamiento de cuadros, una larga trayectoria.

Tras aterrizar el partido, Viloca se implicó en la gestión de las cuentas del partido. Era el delfín natural de Daniel Osàcar, jubilado en diciembre de 2010 tras el estallido del caso Palau, cuya instrucción acreditó el importante papel que este tuvo en conseguir que Convergència recibiera más de seis millones de euros en comisiones ilegales de la constructora Ferrovial.

El discreto y eficaz Viloca se enfrenta ahora a lo que siempre trató de evitar: la exposición pública que le sitúa en el centro de la supuesta trama urdida por las tres entidades que él controla –el partido y sus dos fundaciones—para financiarse a través de comisiones ilegales del 3% por obra pública.

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