El proceso está pendiente del desarme y la disolución de la banda

Cuatro años después del cese definitivo del terrorismo queda pendiente el desarme y la disolución de una ETA ya inactiva y con una estructura mínima, cuya misión es precisamente el desarme. Tras la detención en Francia el pasado 22 de septiembre de David Pla e Iratxe Sorzabal, los jefes de la banda encargados del desarme, ETA difundió un comunicado en el que confirmaba su voluntad de culminar el sellado de zulos tras las próximas elecciones, con un nuevo Gobierno receptivo a verificarlo.

Tanto el Comité Internacional de Verificación, coordinado por Ram Manikalingam, como el Ejecutivo vasco se comprometen a verificar el desarme a condición de que sea unilateral, incondicional y completo, no a plazos, y confían en que el Gobierno que salga de las urnas del 20-D abandone el rechazo a dicha verificación que ha mantenido el presidente Mariano Rajoy. El PSOE está a la expectativa, acogido a su doctrina de no abrir debates con el Gobierno del PP en política antiterrorista.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha intentado, sin éxito, en estos cuatro años convencer a Rajoy de que su Gobierno participe en la verificación del desarme para garantizar una disolución ordenada. Lejos de atender esa petición, Rajoy logró hace dos años la expulsión de Noruega de los interlocutores de la banda para el desarme y recientemente la detención de los dos citados en Francia.

Desaparición de la sigla

El Gobierno vasco sigue apostando por un desarme verificado y ordenado que garantice la disolución de ETA y de su sigla sin contrapartidas, que conlleve la renuncia a ser agente político y que ceda a Sortu la interlocución con el Ejecutivo. “La presencia de los Gobiernos no es para negociar nada con ETA, sino para garantizar el desarme”, insiste el Gabinete autónomo. Teme que si no se realiza así puede quedar armamento descontrolado y grupos dispersos que pueden apropiarse de la sigla y mantener en su nombre alguna actividad. Hay un precedente en el IRA irlandés.

La segunda gran cuestión es la de los casi medio centenar de presos. Cuatro años después, la dirección del colectivo les sigue prohibiendo que asuman la reinserción individual y acogerse a la mejora de sus condiciones, sin que Sortu se enfrente a ese veto. Tampoco el Gobierno ha dado pasos para su reinserción.