La condena

La crisis que ha llevado a la dimisión de Arantza Quiroga tiene raíces políticas y organizativas anteriores, pero se agudiza tras la sesión de control celebrada el 2 de octubre. Ese día, la presidenta del PP vasco planteó al lehendakari la necesidad de desbloquear la ponencia de paz y convivencia, paralizada por falta de acuerdo entre la mayoría de los grupos y el que integra a la izquierda abertzale sobre el suelo ético que todos debían asumir y que incluía la condena de toda la trayectoria de ETA. Propuso para ello una reformulación de dicha ponencia que facilitara la integración en la misma del grupo de EH Bildu. E invocó en favor de su iniciativa las novedades que creía percibir en un artículo firmado por el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, en el que podía leerse que "a nuestros hijos e hijas les contaremos que la violencia es siempre el peor camino. Incluso cuando uno piensa que no hay otra vía". Quiroga y un grupo reducido de dirigentes redactaron una moción que incluía la sustitución de la expresión "condena del terrorismo" por "rechazo expreso de la violencia". Aunque en el último momento se introdujo una referencia a la "desle-gitimación definitiva del terrorismo", el texto fue interpretado dentro y fuera del partido como una concesión. Lo que forzó su retirada, con una explicación confusa: que los abertzales estaban presentando la propuesta como una victoria suya.

Sortu y demás herederos de Batasuna no son todavía partidos como los demás; pero las condiciones para que lo sean no podrán ser las mismas que cuando ETA mataba y ellos justificaban. Cuando, en tiempos del plan Ibarretxe, la izquierda abertzale prometía utilizar solo medios políticos y democráticos se le respondía exigiéndole desligarse de ETA. Tras el cese del terrorismo, lo que se les pide es que convenzan a la banda para que entregue las armas y se disuelva.

Condenar y rechazar son términos casi sinónimos y en todo caso lo que se quiere evitar —un relato que blanquee la historia de ETA—, no depende de cuál de ellos se emplee. La continuidad con su pasado se expresa hoy en la pretensión de condicionar el desarme y la disolución a una negociación con contrapartidas políticas como la retirada de las fuerzas de seguridad del Estado de territorio vasco. Eso es lo que, más allá de las palabras, impide el acuerdo. La exigencia pública por parte de Sortu y compañía de renuncia de ETA a esa negociación es la forma más realista de deslegitimación de su pasado, principal garantía de que no volverá.