Muere en la cárcel uno de los policías acusados en el caso de Cala Cortina

Gregorio Javier G.M., agente de la escala básica acusado en el llamado caso Cala Cortina —el presunto homicidio policial ocurrido en esa zona de Cartagena, Murcia—, ha muerto este martes, en apariencia “a causa de una pancreatitis”, según confirmaron fuentes del centro penitenciario de Estremera (Madrid), en el que llevaba interno un año.

Aunque ha habido versiones contradictorias sobre la hora de la muerte, fuentes de la prisión han asegurado que el policía, de unos 40 años, "falleció sobre las 17.00 horas del martes ya en el hospital Gregorio Marañón" después de expresar "un dolor muy fuerte y muy agudo". Según el relato de trabajadores de la cárcel, "pasó por la enfermería y de allí le derivaron urgente al hospital porque vomitaba sangre". Pese a que inicialmente se dijo que “no había habido episodios previos de dolencia o de malestar de parte del fallecido”, posteriormente --también fuentes del centro penitenciario-- aseguraron que "dos días antes había recibido asistencia sanitaria dentro del centro a petición propia en el servicio de urgencias (servicio de consulta médica a demanda), sin que en aquel momento se le derivase al hospital y regresando a su módulo".

Según fuentes de la prisión, estuvo esperando alrededor de una hora y media desde que entró en la enfermería hasta que salió en la ambulancia. "Se trata de un tiempo razonable, teniendo en cuenta que tuvo que valorarlo el médico y realizar los trámites administrativos correspondientes y esperar a que llegase la ambulancia del 112", argumentaron las mismas fuentes.

Junto a él, en el mismo centro penitenciario y compartiendo celda, estaba ingresado junto a José Carlos M.L., su compañero de patrulla, que ayer solicitó un permiso extraordinario para asistir al sepelio. Los otros cuatro policías nacionales implicados en el caso Cala Cortina, José Antonio C.G., José Luis S.A., Raúl A.R. y Rubén Manuel F.S., están internados en un centro penitenciario de Castellón destinado a funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Familiares y amigos de Gregorio Javier y de los otros cinco policías acusados se han concentrado esta mañana para pedir la liberación de todos los agentes y protestar por el fallecimiento en prisión. Y un centenar de personas se manifestó en la noche del martes en Cartagena con velas ante el monumento al Ángel Custodio.

Los seis funcionarios ingresaron en prisión el 8 de octubre de 2014 de orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena, María Antonia Martínez, quien les atribuyó los supuestos delitos de asesinato y detención ilegal.

Los policías fueron detenidos horas antes por sus compañeros de la Unidad de Asuntos Internos, tras una investigación de siete meses. Las indagaciones se iniciaron en marzo de 2014, cuando apareció flotando en la playa de Cala Cortina, a pocos kilómetros del casco urbano de Cartagena, el cadáver de un vecino de Las Seiscientas llamado Diego Pérez. LLevaba 15 días desaparecido y se sabía que padecía esquizofrenia y tenía problemas con las drogas. Supuestamente, habría alertado a la Policía, en la madrugada del 11 de marzo, de que estaba siendo amenazado y de que unos desconocidos trataban de acabar con su vida.

Asi comenzó la investigación hasta que un testigo protegido la puso del revés, tras asegurar que había visto cómo los integrantes de tres coches patrulla se llevaban a Diego Pérez aquella madrugada.

Ya en octubre, los seis funcionarios del turno de noche de la Comisaría de Cartagena fueron detenidos como sospechosos de la muerte y desaparición de ese vecino y, posteriormente, ingresaron en prisión preventiva al espera de juicio.

Otro fallecido en el mismo módulo

Según fuentes del centro penitenciario de Estremera, en ese mismo departamento del módulo se FIES 4 (para internos de Especial Seguimiento), falleció otro interno "tras haber recibido --por varias veces-- asistencia médica del centro en el servicio de Urgencias, hasta que lo derivaron al hospital donde falleció. Este asunto está dentro de un proceso judicial. 

Según algunos trabajadores de la prisión, existe "una falta de facultativos" --Solo tres, más dos en excedencia"-- para un centro de 1.400 reclusos. aparte de los funcionarios y familiares que acuden a las visitas y que también son atendidos por esos servicios médicos si es necesario. 

Desde ACAIP, la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias, se presentó en su momento una queja sobre la falta médicos y la asistencia médica que "ha supuesto que el subdirector médico haya tenido que hacer hasta 16 guardias médicas en algunos meses por falta de personal".