El fichero de delincuentes sexuales incluirá a acosadores y exhibicionistas

El registro de delincuentes sexuales que está preparando el Gobierno recogerá los datos y el ADN de los condenados por agresión sexual, abuso, acoso, exhibicionismo, provocación, prostitución, explotación y corrupción de menores. El fichero no será público y solo podrá ser utilizado por los órganos judiciales, la policía y las Administraciones públicas con competencias en materia de protección a la infancia. Un informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial avala el proyecto de real decreto que ha elaborado el Ejecutivo, aunque advierte de que hay aspectos que afectan a derechos constitucionales que deberían regularse por ley.

El real decreto por el que se regirá el Registro Central de Delincuentes Sexuales nace de una disposición final incluida en la nueva Ley de Protección Jurídica del Menor, que fija como requisito para ejercer una profesión que implique el contacto con niños el no haber sido condenado por delitos contra la libertad sexual. El fichero se utilizará para acreditar que una persona que va a trabajar con menores carece de antecedentes penales de delitos sexuales, pero el Gobierno pretende que sirva además para hacer seguimiento de los condenados por estos delitos no solo en España, sino también en otros países, y mejorar el intercambio de información entre los miembros de la Unión Europea.

Reino Unido, Alemania y Francia tienen registros similares. Según el borrador de la norma, al que ha tenido acceso EL PAÍS, en España el fichero se integrará en el sistema de registros de apoyo a la Administración de Justicia, al que ya pertenecen el registro central de penados. Incluirá los datos y el perfil genético (ADN) de las personas condenadas por delitos contra la integridad e indemnidad sexual, en los que la norma incluye la agresión, abuso, acoso, exhibicionismo, provocación sexual, prostitución, explotación sexual y corrupción de menores.

El registro recogerá los datos de los condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, pero también incorporará a los delincuentes cuyas víctimas hayan sido adultos, en prevención de que puedan actuar contra niños. El borrador de real decreto contempla que puedan acceder a él los órganos judiciales penales y civiles que lleven procedimientos de familia, la fiscalía y la policía judicial. También podrán entrar las Administraciones públicas con competencias en materia de protección de la infancia que necesiten recabar datos para valorar la situación de un menor, ya sean datos del propio niño o de su familia, “aun sin consentimiento de los interesados”, según el texto del decreto.

El informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recomienda que el acceso se extienda a todos los juzgados y tribunales y a las Administraciones con competencia en protección a las víctimas de violencia de género, ya que la última reforma de la ley integral de Violencia de Género reconoce la condición de víctima a los menores hijos de las mujeres víctimas.

El informe del Poder Judicial, elaborado por la vocal Clara Martínez de Careaga, se someterá a debate y votación el próximo martes 13 de octubre en un pleno extraordinario del órgano de gobierno de los jueces. Martínez de Careaga cree que el “interés general” del texto justifica la “injerencia en el derecho a la intimidad”, aunque advierte de que hay aspectos esenciales que se han dejado para un desarrollo reglamentario posterior cuando deberían ser regulados “siquiera a través de una ley ordinaria” porque afectan a derechos constitucionales como la intimidad, la vida privada y la “autodeterminación informativa”.

El registro emitirá certificados que acrediten si una persona está inscrita en él. Lo podrán pedir las Administraciones y cualquier ciudadano podrá solicitar los datos sobre su persona que incluya el fichero o un certificado negativo para demostrar que no está inscrito en este censo. Las anotaciones se cancelarán cuando lo hagan los antecedentes penales y el real decreto contempla que el afectado pueda solicitar la rectificación de sus propios datos, aunque no concreta cómo podrá hacerlo, un aspecto que el informe elaborado por el Poder Judicial sugiere que se mejore en la redacción definitiva de la norma.