Una cosa es el sistema y otra aplicarlo

El sistema de financiación foral es una excepción en el panorama internacional. Ni siquiera en los países federales el gobierno central está dispuesto a renunciar a su poder fiscal en beneficio de alguna de sus regiones, provincias, estados o Länder, como sí ocurre en el País Vasco y Navarra. Hoy seguramente no se hubiese hecho de la misma manera. Pero en 1978 la Constitución dio cabida a esta asimetría. En parte porque existían muchas urgencias, presiones y conflictos que resolver. Y, en parte, porque era difícil anticipar el enorme desarrollo del sistema fiscal español en las décadas siguientes y las posteriores consecuencias de esa asimetría. Sea como fuere, hoy es una restricción legal a tener muy presente.

No obstante, el amparo genérico no puede extenderse a cada una de sus piezas y concreciones. Porque la Constitución contiene otros derechos y obligaciones a atender. En particular, la forma en la que se computan el cupo vasco y la aportación navarra generan inequidad manifiesta entre los españoles, algo que choca con el bloque constitucional y que acaba provocando o agravando conflictos en el espacio político. Porque legitima las reivindicaciones de otras Comunidades Autónomas a favor del recorte en los flujos de nivelación interterritorial.

En esencia, el problema es que las haciendas forales someten a una presión fiscal ligeramente inferior a la media a sus contribuyentes, tanto las personas físicas como las empresas (he ahí las polémicas "vacaciones fiscales" y las denuncias de competencia fiscal de los territorios limítrofes) pero acaban disfrutando de muchos más recursos per cápita para financiar sus servicios públicos. Un resultado que se produce por la combinación de dos factores. Por un lado, son territorios con renta y capacidad tributaria por habitante superiores a la media. Por otro, las cuantías del cupo vasco y aportación navarra que transfieren anualmente a la administración central son muy bajas. Los flujos fiscales netos per cápita que todos los ejercicios salen de los territorios forales hacia el resto de España son muy inferiores a los que proceden de Cataluña, por ejemplo. De hecho, las dos principales anomalías que reflejan las balanzas fiscales que publica el Ministerio de Hacienda son la de esos dos territorios. Dada su renta per cápita y necesidades de gasto relativas, deberían contribuir mucho más a la nivelación y la solidaridad interterritorial, como lo demuestran numerosas investigaciones aplicadas publicadas en la última década.

La próxima revisión de la financiación autonómica va a volver a abrir el debate sobre la equidad en el sistema de financiación autonómica y el grado deseable de nivelación interterritorial. Y en ese debate no podemos volver a orillar la cuestión de las grandes ventajas financieras que proporciona la metodología con la que se computan los flujos fiscales de las haciendas forales a la hacienda central. Una metodología que, por cierto, no se concreta en la Constitución cuya reforma no exige, de entrada, cambios constitucionales.

Porque lo que no podemos hacer es tildar a los catalanes de insolidarios y ponernos a silbar cuando se nos recuerda lo que ocurre en el norte. Sin duda, es un asunto de una gestión política compleja, que no se puede afrontar desde la ingenuidad.

A mi juicio, la solución debe integrar cuatro ideas fuerza o ideas básicas. La primera es que se puede respetar el bloque constitucional e incluso no entrar a discutir la lógica global del sistema al tiempo que se establecen fórmulas de cómputo del cupo muy diferentes a la actual, y que proporcionarían resultados financieros similares al régimen común. La segunda es que el diálogo razonado y la discusión técnica rigurosa en pos del pacto político deben presidir la estrategia del gobierno central. El ruido y las amenazas no son lo más inteligente cuando uno tiene los argumentos más sólidos a su favor. En tercer lugar, sería bueno contar con el respaldo de la mayor parte de los partidos de la oposición. Estamos hablando de un cambio de calado y estructural, no de decisiones coyunturales. Y cuarto, cualquier solución pasa por definir períodos transitorios muy largos, que permitan metabolizar una alteración radical en las finanzas autonómicas del País Vasco y Navarra.

Santiago Lago es catedrático de Economía Pública de la Universidad de Vigo.