Rato niega el cobro de comisiones y el juez le retira al pasaporte

Rodrigo Rato, vicepresidente económico con el PP, negó ayer haber cobrado comisiones por adjudicar contratos de publicidad durante su época al frente de Bankia. Rato declaró durante tres horas ante el juez de Madrid Antonio Serrano-Arnal, quien le investiga por delitos fiscales, de blanqueo y de corrupción. El magistrado centró su interrogatorio en el contrato de publicidad y en el origen de los 6,5 millones que recibió su sociedad Kradonara. Rato, al que se le retiró el pasaporte, afirmó que “todos los bienes en el extranjero a los que se refiere la denuncia tienen origen familiar y están declarados al fisco”.

“Respecto a los contratos publicitarios de Bankia, sigo convencido de la licitud de mi comportamiento en la medida en que los mismos fueron objeto de un concurso competitivo en que se valoró a las empresas conforme a baremos objetivos por una Comisión en la que yo no participaba y así consta en el expediente de dicho concurso que debe obrar en poder de la entidad”, aseguró Rato en un comunicado remitido a los medios tras su declaración.

Respecto a los 835.000 euros entregados supuestamente por el intermediario Alberto Portuondo, propietario de Albisa, al vicepresidente, este comenta: “Los pagos realizados por el Grupo Albisa responden a trabajos profesionales con contenido documentados adecuadamente”. Rato asegura que, en ningún caso, fueron “asesoramientos verbales”, como aseguró Portuondo ante el juez el pasado agosto. “Existe mucha documentación que demuestra los trabajos realizados para Albisa”, añade el ex director gerente del FMI.

Los 835.000 euros son, según la investigación, una comisión pagada a Rato a través de Portuondo por las centrales de medios Zenith y Publicis a cambio de la adjudicación de dos contratos para dar a conocer la marca Bankia. Rato afirma que es “el principal interesado en que los hechos se aclaren cuanto antes” y dice que “todos los bienes en el extranjero a los que se refiere la denuncia tienen origen familiar y fueron declarados voluntariamente” a la Hacienda española. También asegura que “nunca ha dispuesto de otros bienes en el extranjero no declarados”.

Sobre el supuesto tráfico de 2,7 millones en divisas, Rato señala: “Todas las transferencias identificadas por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) responden a transacciones legales y recogidas en mis declaraciones fiscales”.

El único punto en el que Rato admite posibles irregularidades con Hacienda se refiere a “la prestación de servicios profesionales a través de sociedades”. Cree que este asunto “carece de relevancia penal, al tratarse de un ámbito de constante litigiosidad fiscal con criterios cambiantes por parte de la propia Agencia Tributaria” y que todo el dinero está declarado. Incluso afirma haber “encargado la realización de informes periciales que acrediten” el origen limpio de su fortuna.

El juez deja en libertad a Rato pero le retira el pasaporte

El juez retiró el pasaporte sin tomar medidas más drásticas, como prisión provisional o una fianza, porque la Fiscalía Anticorrupción no lo pidió. El magistrado ya ha embargado los bienes del exvicepresidente, incluida la pensión vitalicia de 80.000 dólares anuales (71.032 euros) que percibe del FMI.

Rato accedió a los juzgados de la Plaza de Castilla, en Madrid, sobre las 8.15 por una entrada secundaria para evitar que su imagen fuera recogida por las cámaras. El exvicepresidente, al contrario que otros imputados y testigos que deben esperar en los pasillos a ser llamados, permaneció en la misma sala de vistas donde iba a celebrarse el interrogatorio hasta pasadas las diez de la mañana, cuando se inició la declaración.

Durante unas tres horas, hasta pasada la una de la tarde, Rato respondió a un intenso interrogatorio, en el que mantuvo profundas discrepancias con el juez y la fiscal. Rato pide que se levante cuanto antes el secreto de sumario.