Una edil de Podemos en Puerto Real, imputada en una estafa a inmigrantes

Mónica González, concejal de Hacienda de Podemos en Puerto Real (Cádiz), donde esta formación gobierna con Equo bajo la marca local Sí Se Puede, ha confirmado este viernes su procesamiento en el caso Eurowork. Se trata de una supuesta estafa a inmigrantes a los que esta empresa cobraba 464 euros por tramitarles visados y encontrarles trabajo, algo que nunca ocurrió. González, que trabajó como administradora en la compañía implicada, mantendrá su puesto con el apoyo del alcalde, Antonio Romero (Podemos), hasta la celebración de una asamblea de la agrupación local. Podemos Puerto Real ha pedido la suspensión cautelar de militancia de la edil.

"Soy claramente una víctima", ha afirmado González, quien ha asegurado que ha sufrido durante 10 años por esta estafa.  "Estoy absolutamente tranquila porque un fiscal entendió que no había dolo ni mala fe en mi trabajo. No hay apropiación. De lo único que me siento culpable es de haber terminado mi carrera de Derecho y haberme ilusionado con un trabajo con el que podía ayudar a inmigrantes", ha afirmado entre sollozos.

Romero ha argumentado también que la concejal es una "víctima más" y que aún paga deudas y multas por este caso. El alcalde asegura que su edil no participó en las supuestas estafas. "No ha habido dinero público ni enriquecimiento personal", ha añadido.

El caso surgió en 2006, cuando 5.300 inmigrantes, principalmente latinoamericanos, fueron víctimas de este fraude, según los datos de la Coordinadora de Inmigrantes (Coin). La imputación de González fue adelantada por el Diario de Cádiz. El principal implicado, Luis Batlle Villasecas, fue detenido en Tailandia hace un año.

Baltasar Garzón, cuando era juez de la Audiencia Nacional, ordenó una investigación exhaustiva en 2007 de "toda la actividad financiera de Eurowork Global España SA, Eurowork Hispania SA y sus filiales", así como el bloqueo de todas sus cuentas.

La compañía exigía para buscar trabajo a los inmigrantes un abono en una cuenta del Banco Popular, pero ni el trabajo ni los permisos se materializaron y los afectados no recibieron la devolución de su dinero. Eurowork afirmaba entonces que reclamaba el dinero a los trabajadores por los billetes de avión, hospedaje, traslados, visado, seguros y otros gastos, "no por tramitar el contrato o legalizar a la persona, para su llegada a España". Al comienzo del caso se calculó que la estafa podía elevarse a 2,5 millones de euros.

Podemos Puerto Real ha solicitado a la Comisión de Derechos y Garantías de la formación la "suspensión cautelar de militancia" de la edil y, si procede, el acta de concejal. González, el alcalde y el grupo municipal han informado este viernes de que mantendrá su cargo hasta la próxima celebración de una asamblea de Sí Se Puede.