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Reportaje:

Más de 5.000 sueños rotos

La Audiencia Nacional investiga una estafa a miles de latinoamericanos

Querían hacerlo bien: emigrar a España legalmente, con contrato y permiso de trabajo. Por eso, cuando oyeron hablar de la empresa Eurowork, que afirmaba dedicarse a la selección de mano de obra procedente de Latinoamérica para trabajar en España y que tramitaba los permisos de trabajo, muchos creyeron que habían hallado el camino.

Sin embargo, fueron estafados por la empresa, con oficinas en Granada, Madrid, Murcia y Barcelona, y filiales en Colombia, Ecuador y Perú, pero sin permiso para operar como agencia de intermediación. Menos de una decena de inmigrantes lograron permiso de trabajo y residencia, de entre miles que abonaron cantidades cercanas a los 470 euros para los "trámites".

La empresa Eurowork ofrecía permisos de trabajo y residencia

El 22 de marzo, la policía desmanteló la red y detuvo a cinco personas en Madrid y Murcia. Los investigadores estima que hay más de 3.500 afectados en España y Latinoamérica y que el monto de la estafa ronda los dos millones de euros, aunque las asociaciones de inmigrantes hablan de más de 5.000 estafados. El caso ha dado tumbos durante estos meses en varios juzgados de Madrid y uno de Granada. Finalmente, ha pasado a la Audiencia Nacional, donde el juez Baltasar Garzón se ha hecho cargo del asunto.

"Alguna gente se desespera, piensan que van a cobrar de inmediato", explica Demóstenes Mamani, abogado de la ONG Coordinadora de Inmigrantes (Coin), que representa a varios afectados y se ha presentado como acusación particular; pero "esto es una megaestafa, un megaproceso, y la investigación va a durar". "Al ser la Audiencia Nacional, va a tener la posibilidad de investigar los tentáculos de esta red en Ecuador, Colombia y Perú", afirma Mamani.

Stalin Castro, ecuatoriano de 37 años y que vive y trabaja en España desde hace siete, fue uno de los estafados. A finales del año 2005 estaba de vacaciones en Cuenca (Ecuador) cuando leyó en la prensa local informaciones sobre esta empresa. Castro ya había iniciado los trámites para llevar a España a su esposa mediante la reunificación familiar, pero el proceso es largo y acudió a informarse. El máximo responsable de la empresa, el español Luis Batlle Vilaseca, le aseguró que conseguiría los papeles "en tres semanas".

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Castro, portavoz de los estafados en España, ingresó, como todos ellos, 470 euros. Se trataba de un pago "a cuenta" del billete de avión a España y otros conceptos. La empresa informaba de que la tramitación del contrato y el permiso de trabajo tardarían varios meses, que se fueron alargando de forma indefinida.

Además de la página de Internet, que permanece activa, la empresa publicó anuncios en la prensa española y participó en la feria Vive Latinoamérica, que se celebró en l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en mayo de 2006. El 29 de marzo de 2006, la Comisión de Derechos Humanos de Cuenca (Ecuador) presentó una denuncia que recogía las quejas de 2.300 perjudicados. En septiembre de ese año, la oficina de Eurowork en Cuenca fue intervenida y Orbe Castillo, gerente de la filial, fue detenido, y recientemente ha sido condenado a cinco años de prisión. Tras el consiguiente escándalo, las sedes de la empresa en Latinoamérica fueron cerrando, seguidas después por las de Barcelona, Murcia y Madrid.

Finalmente, la Inspección de Trabajo española abrió expediente a la empresa y el pasado marzo las investigaciones de la policía llevaron a la detención de cinco personas y a la apertura de procesos judiciales.

Castro consiguió finalmente llevar a España a su esposa y a su hijo, mediante la reunificación. Pero, efectivamente, fue un largo proceso: hace menos de un mes que llegaron. "Estoy de luna de miel", afirma. Es un final feliz al que aspiraban miles de latinoamericanos, que perdieron sus ahorros y sus sueños de mejorar su vida y la de sus allegados trabajando en España.

Cola de inmigrantes ante la oficina de atención a extranjeros en Madrid en junio pasado.
Cola de inmigrantes ante la oficina de atención a extranjeros en Madrid en junio pasado.CRISTÓBAL MANUEL

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