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La Audiencia obliga al edil Zapata a declarar por humillación a las víctimas

La Sección Segunda revoca la decisión del juez Pedraz de no citar al concejal de Ahora Madrid por sus tuits vejatorios

Fernando J. Pérez
El concejal del Ayuntamiento de Madrid Guillermo Zapata, durante una comparecencia el pasado día 2.
El concejal del Ayuntamiento de Madrid Guillermo Zapata, durante una comparecencia el pasado día 2.JuanJo Martin (EFE)

La Audiencia Nacional obligará a Guillermo Zapata, concejal de Ahora Madrid, partido que gobierna en la capital de España, a declarar como imputado por humillación a las víctimas del terrorismo por su chiste macabro en Twitter sobre Irene Villa en 2011. La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia revoca así, a petición de la fiscalía, la decisión del pasado julio del juez Santiago Pedraz de no citar al edil para evitarle una “pena de telediario o pena de paseíllo”. Pedraz cerró la causa provisionalmente después de que la propia Irene Villa le enviara una carta en la que aseguraba no sentirse humillada por el tuit de Zapata. En su mensaje en Twitter el concejal escribió: “Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcáser para que no vaya Irene Villa a por repuestos”.

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Tras conocerse este tuit, Zapata fue relevado por la alcaldesa madrileña, Manuela Carmena, del cargo de concejal de Cultura, al que accedió tras las elecciones municipales del pasado mayo. El concejal fue enviado por Carmena al distrito de Fuencarral-El Pardo.

La Sección Segunda, presidida por la magistrada conservadora Concepción Espejel, asume la posición de la fiscalía y recuerda que el delito de humillación a las víctimas no protege el honor de una víctima en concreto, en este caso el de Irene Villa, “sino la dignidad de las víctimas del terrorismo y sus familiares como colectivo”. Por ello, el delito es perseguible de oficio y el perdón de la ofendida “más allá del ejemplo de generosidad desplegado” por Villa “puede no tener relevancia”.

El concejal enmarcó sus tuits de hace cuatro años, cuando no era cargo público, en una búsqueda de los límites de la libertad de expresión. Además del chiste macabro sobre Irene Villa, el edil también realizó chanzas sobre el Holocausto: “¿Cómo meterías a cinco millones de judíos en un 600? En el cenicero”, escribió. También

A juicio de los magistrados, en los mensajes atribuidos a Zapata se debe tener en cuenta que "no estamos ante una sola expresión relacionada con una víctima del terrorismo, sino ante varias manifestaciones que todas juntas como mínimo, pueden indicar un cierto grado de desprecio a las víctimas del terrorismo y una cierta y bastante manifiesta trivialización del terrorismo que podría exceder de lo que es un mero ejercicio del humor negro". El ponente del auto es el magistrado conservador Enrique López.

En el auto por el que rechazaba imputar a Zapata, Pedraz afirmaba que en la red circulan miles de chistes idénticos y que citar a Zapata solo por el hecho de ser concejal sería aplicar el “derecho penal del enemigo”. El tribunal rechaza esta idea: “Este tipo de acciones lesionan el bien jurídico protegido [el honor de la víctima] angustiando y aumentando el dolor de las víctimas, y si son conocidas y públicas aumentan el grado de la lesión. Por ello no se persigue al autor por ser quien es, sino porque sus expresiones han adquirido un conocimiento público que hace que aquellas sean más idóneas para incurrir en el tipo penal, y además han llegado al conocimiento de muchas víctimas”.

El tribunal considera que “la declaración del imputado en un caso como este se convierte en una diligencia necesaria puesto que los mensajes considerados de forma objetiva y sin analizar el ánimo del sujeto, revisten la naturaleza del delito”.

La Sección Segunda, en su resolución, analiza el conflicto entre el derecho a bromear y el honor de las víctimas del terrorismo: "El derecho a bromear como ejercicio de la libertad de expresión está limitado por el derecho de las víctimas y sus familiares a que no se trivialice, ni se banalice restándole importancia al dolor que han padecido".

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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