El Supremo investiga a un senador de Amaiur por pertenencia a ETA

El Tribunal Supremo investigará a Iñaki Goioaga Llanos, miembro de Bildu y senador por Amaiur, por los delitos de integración en organización terrorista, financiación de terrorismo, contra la Hacienda Pública, fraude a la Seguridad Social y blanqueo de capitales. La decisión del tribunal responde a la exposición razonada que le envió en junio el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, en la que pedía que se investigara y se citara a declarar como imputado a Goioaga por formar parte “con especial relevancia” del Colectivo de Abogados BL, integrada en el llamado frente de cárceles (makos).

Este grupo de letrados, encabezado en su día por Arantza Zulueta, ahora en prisión, está siendo investigado como supuesta correa de comunicación de las órdenes de la dirección de ETA a sus miembros encarcelados. Por su condición de aforado, Goiaga había quedado al margen de las operaciones dirigidas por la Audiencia Nacional contra los abogados encargados de mantener la cohesión entre los reclusos etarras.

El Supremo considera que el escrito del juez Velasco describe con detalle toda una serie de indicios que apuntan a que Goioaga pertenece al Colectivo de Abogados BL, “una estructura subordinada e integrada en la organización terrorista ETA a través de KT”, integrada en el llamado frente de cárceles. Este colectivo, según el alto tribunal, ejerce una labor de “adoctrinamiento y concienciación ideológica” de los presos para que no se desmarquen de las directrices de ETA. Dentro de esta etsructura, Goioaga presuntamente realiza, según el Supremo, rondas y visitas planificadas a los presos de la banda.

De los documentos que hay en la causa se puede inferir, según el auto, del que ha sido ponente el presidente de la sala de lo Penal Manuel Marchena, que “la labor jurídica del colectivo al que pertenece Iñaki Goioaga está supeditada a la labor política descrita”. También subraya que hay datos que apuntarían que los gastos de la asistencia jurídica a los miembros del Colectivo de Presos Políticos Vascos EPPK tendrían su origen en la organización de apoyo a presos Herrira, que está suspendida de sus funciones, y que el valor de los servicios prestados por el colectivo de abogados, en 2012 y 2013, no habrían sido declarados a Hacienda. La Sala de lo Penal designa instructor al magistrado Miguel Colmenero y acuerda que el resto de la causa, la que afecta a los no aforados, continúe investigándose en la Audiencia Nacional.

Goioaga, que conoció la decisión del tribunal en el Senado, aseguró que no va a renunciar al cargo y rechazó los hechos que le atribuye el tribunal. “Todo es absolutamete falso”, sostuvo. "Estoy muy orgulloso del trabajo realizado con los presos y presas en cuanto a la asistencia jurídica en defensa de sus intereses públicos", afirmó el senador, según informa Europa Press. "Soy abogado, soy letrado a parte de ser senador y ejerzo mi profesión con la mayor responsabilidad y dignidad que es posible", enfatizó.