El juez embarga 15,8 millones a la esposa del socio de Urdangarin

El juez José Castro, instructor del caso Nóos, podrá continuar el embargo de los bienes inmuebles, fondos y cuentas de Ana María Tejeiro, esposa del socio de Iñaki Urdangarín, Diego Torres, hasta cubrir los 15,8 millones de euros de fianza civil que impuso solidariamente a ambos imputados en el auto de apertura del juicio oral. Es la mayor caución civil fijada en la causa. Los Torres-Tejeiro no pueden disponer de su patrimonio y cuentas y su actividad profesional se ha visto muy mermada por el eco del escándalo.

La Audiencia de Palma ha rechazado este martes el recurso de Ana María Tejeiro para intentar frenar la acción de embargo del magistrado en la llamada pieza de responsabilidad civil, un apéndice de la causa cuyo juicio está previsto, inicialmente, para comienzos de 2016. El meollo del caso es la supuesta malversación de seis millones de euros públicos.

Los principales imputados que se sentarán en el banquillo por el caso Nóos son Iñaki Urdangarin, la infanta Cristina, el expresidente balear Jaume Matas, además de Diego Torres y Ana María Tejeiro, entre otros excargos públicos de Baleares, Madrid y Valencia y ejecutivos.

Al tener sus casas de Barcelona, Palma y Mahón trabadas judicialmente, el matrimonio Torres-Tejeiro no puede vender alguno de los inmuebles. En un reportaje en Vanity Fair, meses atrás, Diego Torres afirmó que vivía momentos “muy, muy difíciles". Se retrató en una situación de apuro: "No puedo pagar el agua, la luz o la calefacción y no puedo poner en venta mi casa porque está embargada".

El matrimonio Torres-Tejeiro, impulsor del Instituto Nóos con Iñaki Urdangarin, han protestado insistentemente ante el juez instructor por la falta de disponibilidad económica por el bloqueo judicial de sus cuentas bancarias (más de 900.000 euros en Luxemburgo). El estallido del escándalo judicial dejó a Diego Torres, consultor y profesor, sin clientela ni apenas actividad pública. Torres, en 2009, antes de la eclosión pública del caso, facturó 850.000 euros.

El juez Castro autorizó al imputado Diego Torres para que dispusiera de casi 100.000 euros de los fondos de Luxemburgo para afrontar sus necesidades domésticas y pagos a su defensa. Reclamó un salario ‘mínimo’ y el juez le autorizó a manejar cerca de 300.000 euros para su subsistencia. Para "atender moderadamente las cotidianas necesidades familiares", señaló el juez Castro.

La fianza de responsabilidad civil —no carcelaria— tiene por objeto que los imputados, en el caso de ser considerados culpables por el tribunal que les juzgue, tengan fondos y bienes para afrontar las eventuales responsabilidades civiles y resarcir a las administraciones perjudicadas.