El alcalde de Vigo, imputado por los regalos de un constructor

El alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Abel Caballero, deberá declarar como imputado en el contexto del caso Patos, que investiga supuestos amaños y favores en la adjudicación de al menos una veintena de obras públicas en Galicia. Así lo establece un auto judicial que trascendió este viernes y que también implica en la causa a otras 49 personas, entre técnicos, funcionarios y políticos de Administraciones gobernadas por los tres partidos con mayor implantación en Galicia (PP, PSOE y BNG).

La juez Carmen García Campos confirmó parcialmente la petición del fiscal de Delitos Económicos y citará a Caballero y al resto de los investigados en las próximas semanas para que declaren. En el caso del alcalde de Vigo, los indicios se centran en los supuestos regalos (un reloj y una pluma) que le habría hecho la constructora Eiriña, principal implicada en la trama, según las investigaciones de la brigada policial de la UDEF.

Sorprendido de que el auto aún no se le hubiese notificado a las partes y conociese su contenido a través de los medios, Abel Caballero ha negado de “forma categórica y contundente, con más convicción que nunca” no haber recibido ningún regalo de Eiriña. Para el alcalde hay pruebas documentales en el sumario de que esos regalos fueron devueltos y espera que estos indicios queden despejados en su declaración judicial.

La decisión de la juez se produce año y medio después de estallar el caso con cinco detenidos. La pasada semana se levantó el secreto del sumario, del que han trascendido conversaciones telefónicas comprometedoras que ha causado una verdadera tormenta política. Los métodos empleados para favorecer supuestamente a las empresas Eiriña y Cespa guardan similitud con los que destapó en varias localidades gallegas la Operación Pokemon, la mayor red de corrupción política descubierta en Galicia, de la que solo se había librado entonces el sur de Pontevedra, el área que se encuentra ahora bajo la lupa judicial con la Patos por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

Parte de la investigación se centra en la delegada de la Xunta de Alberto Núñez Feijóo en Vigo, María José Bravo Bosch, y otras cuatro personas de este departamento administrativo. Su presunta intervención como mediadora se desprende de escuchas telefónicas ordenadas al dueño de Eiriña, Enrique Alonso Pais, principal implicado en la trama, de las que ha derivado este sumario con ramificaciones en las provincias de A Coruña y Ourense.

En esas conversaciones, Alonso Pais, hombre vinculado al PP (su hija es concejal del partido en el Ayuntamiento de Vigo), se jactaba de su amistad con Bravo Bosch para interceder ante el presidente de la Xunta y otros altos cargos para favorecer a determinadas empresas. Tras conocer la trascendencia del caso, Feijóo se apresuró a defender la legalidad de “todas sus actuaciones” y se puso a disposición de cualquier juez que las ponga en duda.

En mensaje telefónico, la delegada de la Xunta en Vigo le pide al presidente Feijóo en julio de 2013 que hable con Ángel Ron, presidente del Banco Popular, para solucionar la “situación desesperada” con el banco de Manuel Rodríguez, presidente del astillero vigués Rodman Metalships, según Europa Press. Dos meses después, Bravo Bosch dio por hecho que Feijóo había hablado con el empresario.

Un mes antes de este episodio el presidente del Ejecutivo gallego respondió a un SMS de la delegada de la Xunta en el que esta le pregunta si es o no conveniente acudir a una comida con el entonces portavoz del PP en Vigo y vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, José Manuel Figueroa, también imputado en el caso Patos, a la que también asistiría el dueño de Eiriña. Feijóo le respondió “claro de que sí”, según los pinchazos policiales.

Otro de los pilares de la investigación se ciñe a la Diputación de Pontevedra, con la imputación del que fuera su presidente durante 16 años, el popular Rafael Louzán, actual responsable del partido en la provincia, además de presidente de la Federación Gallega de Fútbol, y otras cuatro personas de su entorno en el ente provincial. Además de favorecer presuntamente a determinadas firmas para la adjudicación de obras, Louzán habría recibido regalos, según la fiscalía.

En el Ayuntamiento de Vigo fueron imputados dos concejales y tres funcionarios por los presuntos tratos de favor a las constructoras Eiriña y Cespa, mientras que en Pontevedra las pesquisas se centran en tres contratos del Ayuntamiento y donaciones de Eiriña a la cabalgata de Reyes. Las investigaciones también abarcan irregularidades en la tramitación de subvenciones a Ence.