ETA tiene activos a 20 de los 100 terroristas aún en libertad

Antes de que les pusieran las esposas, Iratxe Sorzabal y David Pla, los últimos jefes de ETA, llevaban dos días en la pequeña casa rural Chambres d'Hotes Agorerreka, en la localidad francesa de Saint-Étienne de Baïgorry. Un establecimiento aislado, de tres habitaciones, lejos del pueblo, que habían alquilado —según cuentan los investigadores de la Guardia Civil que participaron en su captura el pasado martes— para “mantener reuniones” con personas vinculadas a lo que queda de la banda terrorista, después de que declarase “el cese de la actividad armada” el 20 de octubre de 2011. Formaban la cúpula de la organización desde entonces, eran los protagonistas de “la ETA que no mata”, los encargados de gestionar el final, tras 829 asesinatos y 43 años de actividad terrorista.

El principal encuentro previsto por los etarras resultó ser con un antiguo miembro del aparato internacional de la organización, Ramón Sagarzazu, Ramontxo, de 49 años, libre tras pasar diez en prisión y ahora también detenido. Fueron sorprendidos todos en la misma habitación a las 12.30 de la mañana, en la que después los policías se incautaron varios ordenadores y documentación. Pantxo Flores, propietario de la vivienda, fue el cuarto arrestado en la llamada Operación Pardines. Sorzabal, de 43 años, y Pla, de 39, aunque "no opusieron resistencia", iban armados.

Escalaron puestos en la organización casi al mismo tiempo. Sorzabal, a quien se le atribuyen tres asesinatos, asumió el liderazgo tras la detención de su predecesor y jefe ideológico Aitor Elizarán en 2009. Y Pla, abogado de Halboka —aparato de apoyo a presos—, tras quedar en libertad en 2010. No dudaron en dejarlo todo —hijos incluidos— para asumir la responsabilidad de una banda en disolución, “sellado de zulos, control de las armas, posibles negociaciones...”. Ellos son las voces encapuchadas de los últimos comunicados y los que fracasaron en 2013 en Oslo negociando el desarme. Han deambulado juntos, “como el Guadiana”, por Francia y países limítrofes, como la mayoría de los 20 miembros de la organización que las fuerzas de seguridad calculan que siguen activos.

Fuentes de la lucha antiterrorista, con cifras de trazo grueso, estiman en “un centenar” los etarras que siguen libres con causas pendientes, diseminados por Europa y Latinoamérica. En los últimos cuatro años han caído más de cien. Al otro lado del charco, existe un colectivo importante en Venezuela —“unos 20”—, donde, por ejemplo, “De Juana Chaos montó una licorería”. O en México —“unos 15”—. Pero “el núcleo duro sigue estando en las proximidades de Francia”, aseguran.

El golpe de gracia del pasado 22 de septiembre se une a las ocho anteriores operaciones contra etarras clandestinos —en julio cayeron los dirigentes Iñaki Reta Frutos y Xavier Goyenetxea— desarrolladas en los últimos tiempos por la Guardia Civil en “muy buena” colaboración con la policía francesa. Y se suman a la veintena de detenciones llevadas a cabo (también en el extranjero) por la Policía Nacional desde 2011. Con todo, nadie da por muerta a la banda terrorista. Tampoco los veteranos investigadores.

Tras los nombres de Sorzabal y Pla, resuenan otros que retuercen el gesto de los agentes, como el de Mikel Barrios, de 27 años, crecido con los cachorros borrokas de la extinta Segi y en paradero desconocido desde 2009. O el de Mikel Irastorza, exrepresentante del Foro de Debate Nacional. También sale el de la exconcejal de Herri Batasuna y conseguidora de pasaportes Nekane Txapartegi. De históricos como Josu Ternera, que huyó de Francia en 2002 aquejado de un cáncer; o de José Luis Eziolaza, Dienteputo, antiguo jefe del aparato militar, de 55 años y presumiblemente en Venezuela, se habla casi como de jubilados pistoleros.

Parece claro que “la ETA que puede venir”, no tendrá nada que ver con la que existía hasta hoy, y menos con la de los años de plomo. “Es una organización desestructurada, desanimada, asumiendo su derrota, sin aparatos definidos, todos hacen un poco de todo, con un enorme vacío de liderazgo”, valoran fuentes de la lucha antiterrorista.

Se desconocen las relaciones que pudieran existir entre esta banda diezmada y la izquierda abertzale y “no se han detectado” nuevas incorporaciones. Los investigadores descartan que se cobre el impuesto revolucionario, pero reconocen “aportaciones voluntarias” de familiares y resaltan “la sensación de abandono” que reina entre los 437 etarras presos en cárceles españolas cuando la amnistía parece haber quedado en tercer plano para sus debilitados líderes.