Urkullu obvia el proceso catalán e insiste en pactar más autogobierno

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha vuelto a apelar a la vía del “pacto” con el Estado para conseguir un mayor grado de autogobierno vasco y alcanzar “el reconocimiento [de Euskadi] como nación”. En un tono conciliador, sin citar en ningún momento la palabra independencia ni referirse expresamente al proceso catalán, el mandatario vasco ha pedido poner fin a la “degradación práctica” que está sufriendo el Estatuto de Gernika y abordar ámbitos de consenso entre los partidos políticos y las instituciones que permitan alumbrar un nuevo estatus político-jurídico para el País Vasco.

La necesidad de “apuntalar” el Estatuto de Gernika y la firmeza al exigir a ETA su “desarme total” han sido los dos ejes centrales del discurso que Urkullu ha ofrecido esta mañana durante el pleno de Política General del Parlamento vasco, el último de la presente legislatura. Urkullu ha dejado estos dos asuntos políticos para la parte final de su intervención, tras referirse antes a la mejoría económica y desgranar los principales retos que afronta su Gobierno en lo que resta de mandato.

En 21 páginas de discurso, 90 minutos de intervención, la única mención de Urkullu a Cataluña ha sido la alusión a las elecciones autonómicas que se van a celebrar este próximo domingo. También se ha referido a las generales de diciembre, y ha confiado en que el nuevo Ejecutivo que se forme tras esos comicios depare "una nueva era de relaciones entre Euskadi y el Estado".

“El futuro del autogobierno vasco pasa por la recuperación del espíritu del pacto, el mutuo reconocimiento y la bilateralidad”, ha afirmado. No concibe el logro de mayores cotas de autonomía como “un edificio de nueva planta en el aire y sin enganche con el marco existente”, sino asentado sobre la base de lo construido en los últimos 35 años gracias al Estatuto de Gernika.

Urkullu defiende el País Vasco como una "nación foral" cuyos derechos históricos deben ser respetados

Urkullu ha planteado “apuntalar” el actual autogobierno “ampliando los poderes reconocidos, adaptándose a la realidad europea y ensanchando los límites de la construcción institucional y social ya consolidada”. No hay ánimo de romper amarras en la estrategia del lehendakari, quien se ha mostrado muy crítico con el proceso de “degradación” que está padeciendo el actual marco a causa de “la legislación invasiva y la jurisprudencia que devalúan la capacidad real” del Estatuto.

Pese a esta “mutación del pacto estatutario", ha considerado “necesaria una nueva convención” que actualice los derechos históricos vascos “desde el mutuo reconocimiento y la bilateralidad efectiva”. Ha agregado que por esta vía se podría incluso “encontrar ámbitos efectivos de coincidencia y confluencia con Navarra”. Precisamente, Urkullu tiene previsto reunirse este viernes con la presidenta navarra, Uxue Barkos, con el propósito de “normalizar relaciones” y “profundizar en la colaboración” entre ambas comunidades autónomas.

Frente al desafío catalán, o la estrategia soberanista del su antecesor Juan José Ibarretxe, Urkullu ha reivindicado los “derechos históricos” que constituyen el País Vasco como una “nación foral”. Ha incidido en que esos derechos históricos pueden dar lugar a “pactos institucionales” que una vez refrendados por la ciudadanía tendrían que ser respetados por el Estado.

El presidente vasco ha considerado “positivo” el “extremo debilitamiento” de ETA, a cuyos dirigentes ha vuelto a pedir su “desarme y desaparición definitiva, irreversible, incondicional, total y verificable”. “La sociedad vasca exige a ETA que se disuelva y exige también el reconocimiento del daño injusto causado, algo tan sencillo como decir que matar estuvo mal”, ha manifestado. Urkullu ha asegurado, en este sentido, que su Gobierno está dispuesto a "asumir riesgos para desbloquear" el proceso final de la violencia.

En este sentido, ha reclamado a la izquierda abertzale que “levante el veto colectivo que impide los presos [etarras] optar a los beneficios penitenciarios individuales” y acogerse a la reinserción social. Del mismo modo, ha anunciado que presentará el Gobierno central que resulte de las próximas elecciones generales de diciembre “una propuesta para recuperar, desde principios legales y humanitarios” una política penal y penitenciaria “orientada a la reinserción y la convivencia de los presos".