La fiscalía pide 44 años de cárcel para Sandokán por defraudar 70 millones

La Fiscalía de Córdoba pide 44 años de prisión para el empresario y líder de Unión Cordobesa (UCOR), Rafael Gómez, conocido como Sandokán, por un total de 11 delitos contra la Hacienda Pública, tras supuestamente defraudar 70 millones de euros en impuestos a lo largo de cuatro años, evadidos presuntamente por el empresario y sus cuatro hijos. El empresario saltó a la política en 2011 para convertirse en el líder del principal partido de la oposición en el Ayuntamiento, por delante de IU y PSOE y solo superado por el PP.

Ahora el constructor se enfrenta a peticiones de cuatro años de cárcel por cada uno de los delitos y multas que rondan en total los 350 millones, mientras que para los cuatro hijos pide para cada uno de ellos penas de dos años y nueve meses de prisión, acusados cada uno de nueve delitos contra la Hacienda Pública.

Por su parte, la mujer de Rafael Gómez no ha sido imputada por el ministerio público, que entiende que su participación ha sido "lucrativa solo en algunos casos", como en cuatro sociedades a través de las que supuestamente han defraudado unos 69,9 millones.

Al respecto, el Juzgado de Instrucción 3 de Córdoba dictó un auto en julio de 2009 en el que se detallaba que las actuaciones se iniciaron por diferentes denuncias de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria y un decreto de la Fiicalía Provincial de junio de 2009, por el supuesto impago de dicha cantidad.

El auto de 2009 también reclamaba el pago del IRPF de 2003 a 2006. En un principio figuraban como imputados por presunta defraudación a la Hacienda Pública el empresario, su esposa y los cuatro hijos del matrimonio, si bien el fiscal no ha imputado a la mujer en su calificación, informa Europa Press.

Como resultado de los impagos, el auto judicial ordenó el embargo preventivo de distintas propiedades de la familia, entre ellas cinco fincas rústicas en la barriada cordobesa de Santa María de Trassierra y otras cuatro en los municipios de Freila y Gorafe, en Granada, además del embargo preventivo de la sede de Arenal 2000, junto a las naves que construyó sin licencia en 2005 y que le ha costado a Rafael Gómez una multa de 20 millones.