El ‘caso Romanones’ se limita al principal acusado de los abusos

El caso Romanones, que investiga supuestos abusos a un monaguillo de Granada por parte de un párroco, otros nueve sacerdotes, un seglar y un profesor de Religión, se limitará a partir de ahora al supuesto cabecilla del clan, Román Martínez. Este asunto, destapado por la víctima en una carta al papa Francisco y en instancias judiciales, se ceñirá, según ha decidido la Audiencia de Granada, a uno solo de los 12 imputados, que permanecían hasta ahora en libertad con cargos.

La Sección Primera de la Audiencia ha dictado un auto en el que da la razón al juez instructor, Antonio Moreno, y a la Fiscalía, que limitaron el caso a Román Martínez al considerar prescritos el resto de delitos. Por el contrario, desestima el recurso de apelación de las acusaciones particular y popular.

El caso Romanones se abrió cuando, en noviembre, un joven de 24 años denunció al sacerdote Román Martínez, como líder de un clan de curas y seglares, por supuestos abusos cuando era monaguillo y tenía entre 14 y 17 años. El relato llegó por carta hasta Roma y provocó la llamada telefónica del papa Francisco.

El juez argumentó que aplicaba la prescripción no por "capricho o arbitrio judicial", sino por el "obligado cumplimiento" de "plazos y requisitos legales". Desde que se produce la mayoría de edad del denunciante, en enero de 2008, hasta que se incoa el procedimiento en noviembre de 2014, transcurrieron más de los tres años previstos en la ley como plazos de prescripción para delitos de abusos sexuales sin introducción, exhibicionismo o encubrimiento, los cargos que se les imputaba a todos los detenidos, salvo al cabecilla.

A este último, por el contrario, se le investiga por un delito de "abuso sexual continuado con introducción de miembro corporal por vía anal y prevalimiento", castigado con penas de prisión de 4 a 10 años. En ese caso, el plazo de prescripción sería de 10 años, por lo que se considera vigente. Esta consideración, que ha aceptado la audiencia, la comparte también el fiscal encargado del caso, Francisco Hernández.

El Papa llamó en agosto a la víctima y le pidió perdón en nombre de la Iglesia al leer la carta en la que el joven relataba los hechos. También se ordenó una investigación interna a cargo de un sacerdote, quien dictaminó que en tres de los asuntos denunciados se aprecia "fumus delicti [apariencia delitictiva]” .“Los sacerdotes forman un grupo muy compacto y cerrado”, afirma el investigador.