Los abogados españoles elevan una queja contra Hungría por los asilados

Los abogados españoles han emprendido su propia cruzada contra el Gobierno de Hungría, regido por el ultraconservador Viktor Orbán. Las últimas imágenes de policías y militares lanzando gases lacrimógenos y cañones de agua contra los refugiados que intentan traspasar la frontera en el paso de Horgos, al noreste de Serbia, han llevado al Consejo General de la Abogacía Española a registrar una "contundente queja" para denunciar una situación que consideran "ilegal según la normativa comunitaria". El escrito ha sido presentado este jueves en la Embajada de Hungría en Madrid y en la Unión Europea, a través de la delegación que los letrados tienen en Bruselas.

Desde que Hungría comenzó a imponer restricciones al paso de los refugiados, los abogados españoles se han mostrado en contra de las medidas adoptadas por Budapest para frenar el paso de quienes huyen de la guerra. "El trato es ilegal y desproporcionado, porque las normas de asilo de la UE han de cumplirse obligatoriamente. No se les puede impedir la entrada [a los refugiados], igual que ocurre en Melilla", manifiestan fuentes de la Abogacía. La gota que ha colmado el vaso ha sido la norma que entró en vigor el martes y que impone penas de cárcel a quienes pongan un pie en Hungría de forma "ilegal" —según el Gobierno de Orbán—, una medida que contraviene la legislación comunitaria, según denuncian los abogados.

En la queja se explica que Hungría tiene la obligación de seguir la normativa común de asilo y refugio, pues desde 2004 es un Estado miembro. Para los abogados españoles, en ningún caso se justifica el uso de material represivo contra seres humanos que huyen de una guerra y que están al límite de sus fuerzas, tras haber recorrido miles de kilómetros en condiciones infrahumanas.

A principios de este mes, el Consejo de la Abogacía ya alertaba sobre las "ilegalidades" que, en opinión de los letrados, se están cometiendo en la frontera húngara. Los abogados recordaron que los Estados miembro están obligados a dar asistencia a refugiados y personas desplazadas, en cumplimiento del derecho de la UE. Una circunstancia que ha de cumplirse de igual forma en Melilla: "Desde el momento en el que un refugiado pone un pie en la valla ya hay que atenderle y tramitar su asilo, que luego podrá ser otorgado o no, pero hay que escucharles si llegan a suelo español".

Además de las distintas quejas, el Consejo General de la Abogacía Española anunció la creación de un registro en el que los abogados se pueden inscribir voluntariamente para prestar atención gratuita a los refugiados que lleguen a España. La iniciativa se hará efectiva cuando el Gobierno central concrete el cupo de emigrados que está dispuesto a asumir y determine cómo se procederá. La asistencia jurídica se prestará tanto a nivel nacional y local, como en los denominados hotspots —puntos calientes— para colaborar in situ con los abogados y autoridades de los países afectados, si así lo demandasen.

En lo que va de año, las autoridades húngaras han contabilizado a más de 180.000 refugiados que entraron al país de forma "ilegal", aunque la inmensa mayoría siguió hacia Alemania, Holanda o los estados escandinavos. La cifra supone más del cuádruple que en 2014, cuando Hungría recibió a unos 40.000, según la Organización Internacional para las Migraciones. Solo este lunes, la policía húngara retuvo a 9.380 personas que cruzaron la valla de cuchillas desde Serbia, la cifra más alta en un solo día en lo que va de año —según las fuerzas de seguridad locales—, porque este martes entró en vigor la ley que impone penas de cárcel por entrar al país de forma ilegal.