El juez hace responsable a la Iglesia por el caso de abusos en Granada
El magistrado considera que la parroquia fue lugar de "reclutamiento" de las víctimas
El Arzobispado de Granada, y por extensión la Iglesia católica, tendrá que pagar las posibles indemnizaciones si finalmente existe una condena por los supuestos abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes que investiga el Juzgado de Instrucción 4 de Granada. El juez considera que, en caso de concretarse las acusaciones, la responsabilidad civil subsidiaria recaerá sobre la dirección de la Iglesia católica en Granada, por su obligación de elegir y vigilar a los sacerdotes implicados en el denominado caso Romanones.
La cuantía de dicha responsabilidad civil se determinará en el momento procesal oportuno, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
En el caso está implicado el sacerdote Román M., jefe del clan imputado por supuestos abusos sexuales contra el joven que envió al Papa una carta denunciando lo que había sufrido entre los 13 y 18 años, cuando era monaguillo. Otros dos curas y un seglar imputados están en libertad con cargos y orden de alejamiento. Los imputados se declararon inocentes y atribuyeron la denuncia a intereses espúreos por parte de los dos exmonaguillos de la parroquia de San Juan María de Vianney.
“Precisamente, los hechos se producen por la condición de sacerdotes de los imputados y por el reclutamiento y aprovechamiento como monaguillo de la víctima o víctimas en la sede y casa parroquial de la parroquia”, argumenta el juez Antonio Moreno en un auto.
El juez añade en su escrito que la responsabilidad civil del Arzobispado se genera “por culpa in eligendo como in vigilando y por el lugar del que parten, en relación de causalidad, los actos de índole sexual que se residencian y originan desde la parroquia”.
El caso comenzó por la denuncia de un joven, ante el Papa y en sede judicial, por supuestos abusos sexuales cuando era menor. En el marco de esta investigación, hay otras ocho personas que han declarado en sede policial y judicial. La policía registró un chalé de Pinos Genil, muy cerca de la capital granadina, donde se llevó varios ordenadores cuyos datos habían sido borrados.
El Tribunal Supremo condenó en 2007 al Arzobispado de Madrid como responsable civil subsidiario en el caso del cura pederasta del barrio madrileño de Aluche.
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