La Guardia Civil ratifica un fraude de 3,2 millones en obras de colegios
La investigación denuncia que solo un 22% de la inversión de la Junta de Andalucía en centros escolares de Cádiz está justificada
La Guardia Civil de Cádiz ha finalizado un informe que estima en 3,2 millones la cantidad de fondos sin justificar de una partida que la Junta de Andalucía empleó para obras en centros escolares entre 2006 y 2008. El dinero se concedía a través del ente público ISE (Infraestructuras y Servicios Educativos), dependiente de la Administración Andaluza. Después de cuatro años de investigación, la Policía Judicial del instituto armado solo ha podido acreditar 800.000 euros de una partida total de cuatro millones. Es decir, apenas un 22%. Los trabajos eran acreditados de forma fraudulenta por técnicos de la administración con presupuestos inflados o no realizados, según los resultados de la investigación que dirige el titular del Juzgado 2 de Instrucción de Cádiz, Miguel Ángel López Marchena, y que ha avanzado este viernes Diario de Cádiz.
El caso acumula 32 acusados por la Guardia Civil, que inició la investigación en 2011 por un requerimiento de la fiscalía después de que la Agencia Tributaria le alertara de irregularidades en las declaraciones del IVA y en las facturas de la constructora Pacheco S. L. "Posteriormente se han seguido haciendo actuaciones en el tiempo conforme las han ido solicitando las autoridades judiciales", informan fuentes de Guardia Civil.
Los investigadores han visitado durante los últimos años más de 200 centros escolares para comprobar que se han realizado los trabajos presupuestados por valor de esos cuatro millones. No obstante, han concluido que sólo un 22% de la inversión ha podido ser acreditada. En el informe de la Guardia Civil se asegura que los técnicos del ISE señalados certificaban entregas de obras en centros educativos que ni siquiera empezaron a realizarse.
Entre los implicados por este caso destaca Marta Meléndez, candidata socialista a la alcaldía de Cádiz en 2011 y exconcejal, quien fue imputada en 2014 por el juez. La edil del PSOE aseguró en el juzgado que no tenía "nada que ocultar". "Nunca participé de la concesión de contratos de obras", señaló en su día. También permanece imputado Fernando Ameyugo Catalán, máximo responsable del ente que controlaba los trabajos. Según denuncian los primeros informes de la Guardia Civil, Ameguyo hacía los trámites "sin publicidad, con obras que no se realizaban bien y con presupuestos inflados".
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