Pueden perder

Artur Mas adelantó la semana pasada que un objetivo del 27-S es contar cuántos catalanes están por la autodeterminación. El cabeza de lista de su candidatura, Raül Romeva, completó la idea diciendo que ese día “empieza el viaje a un lugar donde no hemos ido nunca; iremos una sola vez y no volveremos nunca hacia atrás”. El punto débil de la autodeterminación, su carácter irreversible, es así reivindicado como un mérito. Por eso pueden perder.

Romeva también dijo que “no votamos para reformar la Constitución española sino para hacer la de Catalunya”. Pero si el 27-S, aun habiendo muchos votos independentistas, no son suficientes para proseguir la ruta secesionista, la alternativa sobre la mesa capaz de aglutinar una mayoría será la de la reforma constitucional que abra paso a una autonomía reforzada. Lo cual determina una estrategia orientada a estimular la participación de los millones de catalanes que se abstuvieron en la consulta del 9-N.

En el argumentario de campaña de la lista independentista se contrapone su propia opción a “la España de Aznar”. No es la primera vez que se utiliza al expresidente como símbolo de lo que los catalanes rechazan. Pero no siempre fue así. El PP de Aznar pactó con CiU los apoyos que necesitaba en 1996 para entrar en La Moncloa. Y antes de eso, en la oposición, fue bastante abierto a reformas autonomistas.En su libro de 1994 España. La segunda transición, opinaba que “la distinción constitucional entre nacionalidades y regiones revela la existencia histórica de dos tipos de comunidades que no puede desconocerse y con la que hay que contar forzosamente”. Por entonces se mostraba partidario de una reforma constitucional porque “es mejor asumir el riesgo de no acertar que permanecer anclado en la perplejidad, reconociendo la existencia de un problema y resistiéndose a afrontarlo”.

Hace un mes, Rajoy consideró una “magnífica” base legal para iniciar una reflexión sobre modificaciones en la Constitución el informe encargado por Zapatero al Consejo de Estado que entonces presidía Francisco Rubio Llorente. El texto sugería la necesidad de especificar qué competencias del Estado no podrían ser transferidas en ningún caso en aplicación del artículo 150.2, que había sido utilizado para incluir en las reformas de algunos Estatutos competencias que en la Constitución figuraban como exclusivas del Estado. El PP vio en esa sugerencia la oportunidad para pedir que se paralizase la tramitación del Estatuto catalán hasta que la reforma constitucional fijase las líneas rojas que no podrían desbordarse.

Para entonces, Rajoy ya había pedido oficialmente a Zapatero que retirase su encargo al Consejo tras una trifulca en la sesión de control del Ejecutivo celebrada el 16 de marzo de 2005 a cuenta de una conferencia de Rubio Llorente en la que había defendido la conveniencia de sustituir el término nacionalidad por el de Comunidad nacional con un “contenido cultural y no territorial”. Lo que fue calificado por Rajoy de “disparatado”.