El `autorrescate´compartido
En su entrevista con Aimar Bretos (en la foto), el nuevo hombre fuerte de la comunicación del Partido Popular dio una interesante visión de la historia de la llegada de Mariano Rajoy al Palacio de la Moncloa tras la victoria del PP en las elecciones del 20-N-2011. Según explicó, cuando llegaron al Gobierno "nos encontramos un memorándum de rescate en los cajones". Pablo Casado se refiere "a la carta del señor Trichet", la misiva que el entonces presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet y el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, dirigieron el 5 de agosto de 2011 al presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Allí Trichet fijaba las condiciones para comprar deuda pública española en plena ofensiva especulativa y estampida en los mercados secundarios de deuda de la prima de riesgo (diferencia entre lo que paga España por el bono público a diez años y lo que abona Alemania).
Casado ha vuelto a repetir la mitología de Montoro y de Rajoy, pero esta vez, sin percatarse, en el fragor de la larga precampaña electoral, ha ido más lejos. La carta de Trichet, según su versión, es el memorándum del rescate.
Bien.
La carta de Trichet era la continuación de otras exigencias que ya habían impuesto el BCE y la Comisión Europea. Sobre todo, el programa de ajuste que llevó Zapatero al Congreso de los Diputados, para sorpresa de su propio partido, el 12 de mayo de 2010. Ese programa consiste en diez medidas. En cabeza la reducción de las retribuciones del personal del sector público en un 5% de media en 2010 y congelación en 2011; reducción en un 15% de los sueldos de los miembros del Gobierno; congelación en 2011 de la revalorización de las pensiones de más de 5 millones de ciudadanos, excluyendo las contributivas y las mínimas; eliminación del régimen transitorio de la jubilación parcial; eliminación del "cheque bebé" de 2.500 euros a partir del 1 de enero de 2011; adecuación del número de unidades de los envases de medicamentos para ajustarlo a la duración estandarizada de los tratamientos; reducción de la inversión pública en 6.045 millones de euros entre 2010 y 2011; resolución en seis meses de las solicitudes para dependencia eliminándose la retroactividad; ahorro de 1.200 millones de euros en CCAA y Ayuntamientos y reducción de la ayuda al desarrollo entre 2010 y 2011 en 600 millones.
Quedaban pendiente, entre otras, medidas como el cambio de la edad de jubilación, de 65 a 67 años, y la ampliación del plazo del cálculo de la pensión de 15 a 25 años, aprobados más tarde, en 2011, con la oposición del PP.
En lugar de convocar elecciones, Zapatero abjuró de su programa y aplicó las medidas impuestas. En julio de 2011, el entonces presidente del Gobierno anticipó las elecciones, tras la derrota de las autonómicas y municipales, al 20 de noviembre de 2011 y confirmó que no sería candidato del PSOE.
Pero las medidas adoptadas no fueron suficientes para contener la especulación en los mercados financieros, ya que además de España, el euro como tal atravesaba lo que se llamó una fase de redenominación. Los inversores diferenciaban, por así decir, el euro español, griego e italiano, respecto del euro alemán y del euro de los países del norte de Europa.
En agosto de 2011, la ofensiva de los mercados se recrudeció. Y entonces Trichet exprimió más a Zapatero, que ya había acometido varias reformas laborales, para que diera un paso adelante con una reforma más radical de las relaciones laborales en España: un cambio en la negociación colectiva, eliminación cláusula indexación salarial, un contrato laboral de carácter excepcional que contemple indemnizaciones bajas por despido, eliminación prohibición de concatenación de contratos temporales durante cierto periodo de tiempo, una consolidación fiscal del 0,5% del PIB. Fuera de la carta quedaron otras iniciativas más duras: eliminación sin atenuantes de la indexación salarial, creación de un contrato juvenil sin derechos y la liberalización de horarios comerciales.
La entonces ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, y Zapatero decidieron aprobar la mayor parte de las medidas exigidas en la carta firmada por Trichet y Fernández Ordoñez.
Rajoy se enteró en agosto de 2011 de la existencia de dicha carta cuando Zapatero propuso reformar la Constitución para introducir la regla de oro de limitación del déficit, tal como pidieron Merkel y Sarkozy en París días antes. Rajoy apoyó esa reforma pero intentó sacar partido de la carta. Preguntó a Zapatero en el Congreso por ella, sin obtener respuesta.
Rajoy intentó conseguir el texto, cinco folios, y para ello encargó a su equipo que llamase a sus contactos en el BCE. Un miembro de su equipo, que forma parte del Gobierno, llamó por teléfono a José Manuel González Páramo, miembro del consejo ejecutivo del BCE, y le urgió a aportar una copia del texto. González Páramo, consejero ejecutivo del BBVA y miembro de su consejo de administración desde 2013, se negó a ello. Fuentes solventes recuerdan que al narrar estos hechos en privado, González Páramo explicó que se vio obligado por la situación violenta creada a colgar el teléfono a un miembro comisionado por Rajoy para persuadirle de que debía entregar copia de la misiva. El PP la obtuvo a través de otra persona. El entonces ministro de Economía en la sombra, Luis de Guindos, es informado del contenido.
Pero, establecidos los hechos, ahora volvamos a la entrevista de Aimar Bretos a Pablo Casado. Desde luego, la carta de Trichet-Fernández Ordóñez no era un memorándum de rescate como tal. Otra carta parecida -y con la recomendación de reforma de la Constitución, no incluida en la carta a Zapatero- había sido enviada al primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, el mismo día.
Pero la versión propagandística de Casado es sugerente.
Veamos por qué.
Rajoy, tras su victoria electoral, ¿qué hace?.
El 30 de noviembre de 2011 cita en la séptima planta de la calle Génova uno a uno a Cándido Méndez, secretario general de UGT; a Ignacio Fernández Toxo, de CCOO, y a Juan Rosell, presidente de la CEOE.
Explica que la reforma laboral es el objetivo prioritario del gobierno que se dispone a formar. Enumera punto por punto las medidas que va a introducir. Y dice:
-Nos piden que cambiemos la indexación salarial. En una carta de Trichet a Zapatero se plantea el tema de los salarios, la reforma de la negociación colectiva para dar primacía a los convenios de empresa, y otras medida. Esa carta no me la ha dado Zapatero. La hemos conseguido por nuestros propios medios. El hecho es que queremos que España esté entre los principales países del euro y para ello es necesario cumplir con el Plan de Estabilidad. Y la reforma laboral es el tema de referencia.
El jueves 9 de marzo, en la reunión del Eurogrupo, el ministro Luis de Guindos le da la primicia al entonces presidente, Olli Rehn. Se le acerca por detrás y le dice al oído.
-Mañana vamos a aprobar...la reforma del mercado laboral. Veréis que va a ser extremadamente, extremadamente agresiva.
Rehn asiente con la cabeza.
-Usted ya sabe -insiste Guindos. -Va a tener un montón de flexibilidad en la negociación colectiva, reducimos los pagos por indemnización de despido, ya verá, es una modificación real...
-Okay, eso sería estupendo. Muy bien -dice Rehn.
Todo esto nos conduce otra vez a Casado.
Aunque formalmente la carta de Trichet ni las medidas aprobadas el 12 de mayo de 2010 no sean un memorándum de entendimiento suponen un programa impuesto en el contexto de la crisis del euro de 2010 y 2011.
Pero si es así, la conclusión es evidente: Zapatero inicia el autorrescate y Rajoy lo consuma a partir de 2012. Ambos coinciden en reivindicar que han salvado a España del rescate. Los dos han asumido medidas de rescate impuestas por el BCE, la CE y el gobierno de Ángela Merkel, medidas que por tratarse de un país como España, la cuarta economía de la Eurozona, no podían ser idénticas a las de Portugal, Irlanda y Grecia.
Y ello sin mencionar el rescate bancario a raíz de la pésima gestión gubernamental de la crisis de Bankia que llevó a la crítica pública en mayo de 2012 del presidente del BCE, Mario Draghi.
La caricatura que ha dibujado Pablo Casado echando toda la culpa a Zapatero supone, paradójicamente, reconocer la participación activa, sin complejos, de Rajoy en la ejecución de las medidas que Trichet exigía a Zapatero en su carta del 5 de agosto de 2011 y que el PP aplicó desde su investidura el 21 de diciembre de 2011.
¿Qué mejor prueba del autorrescate compartido que la decisión de Rajoy de llevar adelante como su propio programa la carta dirigida por Trichet-Fernández Ordoñez a Zapatero, quien, como hemos señalado, había iniciado el ajuste el 12 de mayo de 2010?
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