El Gobierno cede y buscará fórmulas para dar sanidad a los sin papeles

El Gobierno ha reconsiderado su posición respecto a la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles en el tramo final de la legislatura. La presión de los nuevos Gobiernos autonómicos, a la que se había sumado incluso el presidido por la popular Cristina Cifuentes al anunciar la devolución de la asistencia, ha obligado a Mariano Rajoy a acelerar una decisión para evitar impactos electorales. El presidente anunció en Portomarín (Lugo) que en septiembre presentará a las comunidades en el Consejo Interterritorial de Sanidad un modelo único de atención sanitaria a las personas en situación irregular.

El anuncio, realizado durante una visita al Ayuntamiento lucense de Portomarín —donde el presidente del Gobierno fue investido Caballero de la Real Orden Serenísima de la Alquitara— se produjo apenas dos días después de que el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, advirtiera a las comunidades rebeldes de que su decisión de prestar la sanidad pública gratuita a los sin papeles podría tener “consecuencias catastróficas”, con unas supuestas “multas millonarias” de la Unión Europea, y que podría llevarlas al Constitucional por invasión de competencias.

Rajoy fundamentó el giro de su Gobierno en el principio de igualdad personal y territorial. “Lo que queremos ahora, y creo que es algo bastante razonable, es que el trato sea igual en todas las comunidades autónomas de España”, señaló. Aunque evitó decir abiertamente que los sin papeles podrán, de esta forma, regresar a la sanidad pública —“no hay ninguna confusión entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid”, contestó a la pregunta de los periodistas—, fuentes gubernamentales confirmaron a EL PAÍS que esta es la idea que el Ejecutivo central planteará a las comunidades autónomas.

La propuesta que se someterá a debate en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud es similar a la anunciada por Cifuentes. Se trataría de prestar a estos ciudadanos una cobertura sanitaria completa (primaria y especializada), pero con un documento distinto de la tarjeta sanitaria que se les retiró con la reforma de 2012, y que da derechos en toda España y en el resto de la UE (a través de la tarjeta sanitaria europea). El documento que acreditaría que son beneficiarios del sistema público solo tendría validez en el territorio donde se expide y habría que renovarlo cada cierto tiempo, previsiblemente un año.

En realidad, esta propuesta tampoco difiere demasiado de la que presentó el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, en marzo pasado, aunque él únicamente habló de dar acceso a la atención primaria (médico de familia). Ese anuncio fue muy criticado por colectivos que defienden la sanidad universal y por sociedades médicas, porque no soluciona los problemas de salud (¿si a una persona se le detecta algo grave, no podría ir al hospital? ¿y si tuviera que operarse?). El anuncio de Alonso nunca se concretó y, mientras tanto, varios Gobiernos autonómicos salidos de las elecciones del 24-M se han adelantado y han ido revirtiendo la exclusión sanitaria, como Valencia, Baleares, Cantabria y Aragón. Cada uno a su manera, con distintos requisitos (más o menos meses de empadronamiento, distinto periodo de validez...).

Tras la reforma de 2012 (que solo contemplaba excepciones a la exclusión como las urgencias, el embarazo o la infancia) comunidades como Cataluña, País Vasco, Navarra, Asturias o Andalucía redactaron decretos o leyes para, dentro de sus competencias, dar asistencia a inmigrantes en situación irregular. Incluso Galicia, del PP, lo hizo, aunque sin publicitarlo demasiado. El Gobierno acudió al Constitucional en el caso de País Vasco y Navarra, y el tribunal no le dio la razón.

Rajoy tuvo ayer palabras de elogio para la sanidad pública española, “una de las más avanzadas de la Unión Europa” y que, puntualizó, “atiende a muchísimas personas”. Añadió que esto supone “un coste muy importante” para las comunidades autónomas, que gestionan la sanidad, pero matizó que es una sanidad pública “de la que nos podemos sentir legítimamente orgullosos”.