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El paso prematuro de Torres-Dulce a la abogacía molesta a los fiscales

El Gobierno permite al ex fiscal general del Estado no cumplir los dos años de incompatibilidad tras su cese

La decisión del Gobierno de autorizar al anterior fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, incorporarse al despacho de abogados Garrigues sin haber cumplido el plazo de dos años de incompatibilidad tras su cese ha irritado a un sector del ministerio público. La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), no mayoritaria, calificó este martes de “enormemente preocupante” la decisión de la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ejecutivo, de dar luz verde a Torres-Dulce a su paso a la abogacía tras no agotar el plazo de permanencia en el cargo “como garantía de independencia en su función”.

Torres-Dulce dimitió el pasado 19 de diciembre, antes de terminar su mandato. Aunque el adujo “motivos personales” en su salida, su mandato estuvo marcado por la falta de sintonía con el Gobierno. El máximo responsable del ministerio público tuvo que hacer frente a fuertes presiones desde el ministerio de Justicia en asuntos como los casos de corrupción que afectan al PP, o la querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y tres consejeros de su gobierno por el simulacro de consulta independentista del 9 de noviembre.

Álvaro García, presidente de la Asociación Progresista de Fiscales (UPF), tras mostrar su aprecio personal por Torres-Dulce, calificó de “chocante” la autorización otorgada por el Gobierno para ejercer la abogacía de forma prematura a lo establecido en normativa de incompatibilidades de altos cargos.

“El puesto de fiscal general del Estado es muy sensible por el caudal de conocimientos que tiene sobre investigaciones y sobre la estructura y las instituciones del Estado. En cierto sentido, es equiparable al de un ministro del Interior. Que todo ese caudal se ponga ahora al servicio de defender a quien nosotros acusamos debería hacernos reflexionar”, afirma García.

Por su parte, la APIF, en un comunicado, calificó de “curiosa” la fecha elegida para dar la autorización, “idónea para disminuir el impacto público de la noticia”. La asociación independiente, al igual que la UPF, recordó que Torres-Dulce “es depositario de secretos, de aspectos fácticos de las investigaciones que no deben ser conocidos, y conoce de las opiniones que se vierten en las juntas de Fiscalía”, por lo que lamentó “profundamente” la decisión adoptada por el Gobierno.