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El almacén nuclear enfrenta a los municipios de Cuenca

Unos Ayuntamientos votan mociones en contra mientras otros critican a la Junta por bloquearlo

Un cartel en la entrada del pueblo elegido para albergar la sede del almacén nuclear. Ampliar foto
Un cartel en la entrada del pueblo elegido para albergar la sede del almacén nuclear. EFE

La guerra que ha iniciado el Ejecutivo socialista de Castilla-La Mancha contra el cementerio nuclear que el Gobierno central planea levantar en Villar de Cañas (Cuenca) no solo va a enfrentar a estos dos actores en los próximos meses; también los ayuntamientos de la zona empiezan a tomar posiciones a favor o en contra del almacén temporal centralizado (ATC). La Junta castellanomanchega, presidida por Emiliano García-Page, aprobó hace unos días ampliación de un espacio protegido cercano de forma que ahora la parcela en la que está previsto el silo entra dentro de los nuevos límites, lo que impide construir.

140 millones de euros para el ATC

Los presupuestos para 2016 no contemplan retrasos en la construcción del almacén. Enresa, la empresa nacional de residuos radiactivos, cuenta con 140 millones de euros para avanzar en el proyecto del almacén temporal centralizado (ATC) en 2016.

El anexo de inversiones del proyecto de presupuestos muestra también la previsión del Gobierno para los años siguientes: se invertirán 294 millones de euros en 2017, 176 en 2018 y 46 en 2019.

El presupuesto inicial del ATC —que guardará los residuos que ahora acumulan las centrales nucleares y los restos del desmantelamiento de las instalaciones de Vandellòs— ronda los 1.000 millones de euros.

El mes de agosto no ha impedido que los municipios hayan empezado a posicionarse. La Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca ha invitado a todos los ayuntamientos de Castilla-La Mancha a que presenten mociones contra el proyecto de almacén de residuos nucleares. De momento ya lo han hecho algunos como Tarancón (15.000 habitantes; gobierno del PSOE) y Mota del Cuervo (6.000 habitantes; PSOE) y la Asociación para el desarrollo Integral El Záncara, que agrupa a 97 socios, 33 de ellos ayuntamientos y mancomunidades.

La plataforma asegura que “en los próximos días se espera que más ayuntamientos se sumen al rechazo al ATC”. “La inversión en el ATC no es tal; es todo lo contrario: un enorme derroche de dinero público en lo que se conoce ya como el pelotazo del ATC, que acabará en manos de las grandes constructoras e ingenierías y no beneficiará en nada a los ciudadanos de la comarca”, señaló a EL PAÍS María Andrés, portavoz de la plataforma.

Mientras tanto, los alcaldes de una decena de ayuntamientos conquenses afectados por la ampliación de la zona de especial protección para las aves (ZEPA), grullas en este caso, se reunieron esta semana en San Lorenzo de la Parrilla (gobernado por el PP) y denunciaron que la ofensiva de la Junta supone “un golpe definitivo a la economía de la zona”, que solo va a retrasar la construcción del ATC y va a “perjudicar de manera evidente a los agricultores y ganaderos de la zona”.

La ampliación del espacio protegido por parte de la Junta acabará previsiblemente en los tribunales. El Gobierno podría intentar declarar el proyecto como de “interés público de primer orden”.

El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) concedió el 27 de julio pasado la autorización previa al almacén de residuos nucleares. Las dudas sobre los terrenos y la falta de una caracterización completa de la parcela elegida por el Gobierno en 2011 no fueron suficientes para que se rechazara el permiso, que supone el reconocimiento oficial de la "idoneidad del emplazamiento".

Apenas dos días después, la Junta de Castilla-La Mancha contraatacaba aprobando la ampliación de un espacio protegido cercano. La Junta sostiene que ya no se podrá "continuar con el proceso de construcción". El PSOE federal ha pedido reconsiderar la ubicación del almacén nuclear por los sobrecostes que supondrá vencer las dificultades del suelo elegido. El presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, señaló que no hay suficiente consenso en la provincia para albergar una instalación de este tipo.

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