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El juez, a Granados: “Creemos que se repartían el dinero entre usted y el PP”

La fiscal asegura que Marjaliza ha cometido "absolutamente todos los delitos" de corrupción posibles

Francisco Granados, a su salida, del juzgado de instrucción 2 de Majadahonda tras declarar ante el juez después de ser detenido, en octubre de 2014. Ampliar foto
Francisco Granados, a su salida, del juzgado de instrucción 2 de Majadahonda tras declarar ante el juez después de ser detenido, en octubre de 2014.

Las declaraciones ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco de los imputados en la trama Púnica quedaron grabadas. El magistrado ha levantado el secreto sobre la mayoría de esos testimonios, entre ellos, el primero que prestó uno de los cabecillas de la red, el constructor David Marjaliza. La fiscalía le atribuye “absolutamente todos los delitos” posibles de corrupción. El ex secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, negó haber facilitado contratos a empresas por comisiones, pero el juez sospecha que Granados se repartía ese dinero con otros cargos públicos y con el PP de Madrid.

Estos son algunos fragmentos destacados de sus testimonios:

Francisco Granados. Exconsejero de la Comunidad de Madrid, ex secretario general del PP regional y presunto cerebro político de la trama de corrupción Púnica.

En su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional, Granados aseguró que en 1994 había abierto una cuenta en Suiza "con un poco de dinero" que le dio su padre y que en 1999, al ser elegido alcalde de Valdemoro, decidió cerrarla. "Pero el banco me dijo que cerrar la cuenta y devolverme los fondos era muy complicado", añadió, por lo que en el año 2000, traspasó la titularidad de esa cuenta a su amigo y socio, David Marjaliza, también imputado. Para entonces los fondos ascendían a 320.000 o 340.000 euros, obtenidos, según Granados de su remuneración como empleado de Societé General y operaciones en Bolsa.

Cuando el juez preguntó por qué a Marjaliza y qué contraprestación había obtenido por el traspaso de "cincuenta millones de las antiguas pesetas", Granados replicó que el banco le había dicho que si quería dejar de ser cliente debía buscar otro igual de bueno que él y que buscó entonces a Marjaliza, al que conocía "desde la adolescencia", porque era un hombre "con buena posición económica" y porque cuando le propuso el cambio de titularidad "dijo que sí y punto". 

Ante la insistencia del magistrado, Granados, imputado por delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, contra la hacienda pública, cohecho, tráfico de influencias, malversación, prevaricación y fraude, insistió: "Yo nunca jamás he tenido ningún negocio ni con el señor Marjaliza ni con nadie". "Yo no me dedico a nada. Tengo dos empresas que acabo de abrir para dedicarme a la gestión de bodas", declaró ante el juez tras su detención el pasado 31 de octubre.

Respecto a las obras de construcción de una mansión de 1.000 metros cuadrados registrada a nombre de Vías y Obras S. L. (investigada en la trama Púnica) en Valdemoro y que su mujer supuestamente supervisaba, Granados declaró al juez que ella había ido efectivamente “cinco o seis veces” al lugar. “Estuvimos interesados, pero al final, por el precio nos decidimos a quedarnos donde estábamos”, añadió. El precio de la vivienda superaba el millón de euros. Granados negó que su mujer estuviera ya escogiendo los muebles. “Estaba en construcción. Mi mujer iba allí solo a verla. La casa sigue a la venta”.

David Marjaliza. Amigo y socio de Francisco Granados

El amigo y socio de Granados, David Marjaliza, declaró por primera vez ante el juez Velasco el 31 de octubre de 2014. Se acogió a su derecho a no declarar y la fiscalía pidió para él prisión sin fianza. “Tiene tal entramado de influencias con políticos y más personas que estamos convencidos de que seguiría cometiendo delitos si no está en prisión”, advierte la fiscal.

Para argumentar su petición, la fiscal describe los hechos de los que se acusa a Marjaliza. “Se ha puesto de manifiesto en la investigación que le une una gran amistad con Francisco Granados. Y que David concertó con él un momento de adjudicaciones fraudulentas en Valdemoro y en la Comunidad de Madrid sin respetar las normas que exige la contratación pública”, explica la fiscal, que añade que, gracias a Granados, Marjaliza fue tejiendo “otra red de contactos con alcaldes y concejales” de otras localidades con los que ha conseguido también contratos de obras y de adjudicación de servicios.

David Marjaliza, socio del exconsejero de la Comunidad de Madrid.

En el momento de precisar los delitos de los que acusa a Marjaliza, la fiscal advierte: “Los ha cometido absolutamente todos”. “No podemos ahora ponernos a valorar y a tipificar ahora todo lo que ha llegado a cometer. Nos ha llamado la atención que cuando nos hemos puesto a mirar qué delitos de corrupción ha cometido David a la conclusión que hemos llegado es: ¿Qué delito no ha cometido? Porque es que los ha cometido absolutamente todos”.

La fiscalía explica también el papel del amigo de Granados como conseguidor de Cofely, filial española de la multinacional francesa GDF, que logró contratos de eficiencia energética en numerosos municipios, la mayoría gobernados por el PP. Gracias a esa mediación, Marjaliza “sustrajo” dinero de las arcas municipales, asegura la fiscal. “Ha conseguido sustraer de las arcas de ayuntamientos mucho dinero. Conseguía que se adjudicase un contrato de eficiencia energética a esta empresa. Y además ha encontrado mecanismo para sustraer el dinero de esos ayuntamientos. O bien se metía en una cláusula que tenía que contratar una auditoría o bien metía otro complemento no previsto”.

José Martínez Nicolás. Jefe de informática de la Comunidad de Madrid.

El consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM) de la Comunidad de Madrid fue detenido en octubre imputado por malversación de caudales. Una parte de la investigación alude a contratos suscritos por esta empresa pública con la multinacional española Indra. Martínez Nicolás declaró tras ser detenido, pero en febrero de 2015 pidió ampliar su declaración y volvió a comparecer ante el juez. “En la primera me encontraba muy aturdido. Llevaba días sin comer y con fuerte dolor de cabeza. Había cosas que ni recordaba. Y en este tiempo, por recomendación de mi abogado, he estado tomando notas donde explico de lo que me he acordado”, explica el imputado, que entregó al juez cuatro folios.

El magistrado le pidió que explicara esas situaciones que había recordado para que quedaran grabadas. Y Martínez Nicolás explica que, a principios de junio de 2014, el consejero de Presidencia y Justicia de Madrid, Salvador Victoria, le pidió que contactara con la empresa Indra para que efectuara determinados pagos: “Salvador Victoria me encargó que yo le dijera a Indra que le pagara a Alejandro de Pedro 10.000 euros, que le pagara 20.000 euros a Miguel Ángel de la Fuente, al que no conozco, y 90.000 a un señor llamado Juanjo”. “El encargo me lo hizo Salvador Victoria verbalmente en su despacho. Yo no supe ver la gravedad que eso podía tener. No reparé en ello. Me lo dijo y lo hice. Sin más. Es normal que las empresas apoyen a la Comunidad de Madrid en algunos eventos y actos. Como un patrocinio", explica el jefe de informática.

Martínez Nicolás contó también al juez que, a finales de septiembre, le llamó Salvador Victoria a su despacho "enfadado porque no se había pagado a De Pedro". "Me preguntó por qué. Yo le dije que no sabía". Victoria, según esta declaración, le pidió a su secretaria que le pusiera con el consejero de delegado de Indra, Javier de Andrés, a quien le preguntó que por qué no habían pagado y  le recordó la necesidad de ayudarse mutuamente: “Si ayudas bien, pero si no, no pasa nada. Nos ayudamos o no nos ayudamos”.

Isabel Gallego. Jefa de comunicación de la Comunidad de Madrid, mano derecha de Esperanza Aguirre e Ignacio González durante 10 años.

La periodista Isabel Gallego era la jefa de comunicación de la Comunidad de Madrid desde que Esperanza Aguirre llegó a la presidencia, trabajo que desempeñó también con Ignacio González. En algo más de una década, se convirtió en una persona de la absoluta confianza de ambos políticos, hasta el punto de que fue considerada como algo más que una jefa de prensa, alguien a quien se le atribuye mucha influencia y decisiones sobre ceses y nombramientos: de hecho, pasó a ser la directora de la campaña de Aguirre al Ayuntamiento de Madrid. El juez Velasco le imputa en marzo de 2015 por haber contratado los servicios de la firma Eico, una empresa especializada en reputación online y que es una de las ramas empresariales de la operación Púnica.

Gallego, durante su interrogatorio de casi dos horas ante el juez, se desentiende de ese contrato, que ella llega a proponer sin verificar si era la mejor opción para ese trabajo. “No entiendo de contratación”, insiste una y otra vez ante las preguntas del juez, “no sé dónde está el departamento de contratación”, asegura. Gallego tampoco recordaba quién le asesoró en la contratación, ni a quién le encargaron la contratación: “No me ocupaba de eso, tengo un grupo de 10 personas, que son periodistas, donde (…) todos hacen de todo”. Tampoco recordaba quién negoció el precio del contrato. “¿Cómo fue la negociación?, pregunta el juez Velasco”. “No lo sé´”, responde Gallego. “¿Se hicieron los trabajos?, ¿el trabajo estaba bien hecho?”, reclamaba el juez, a lo que Gallego respondía que suponía que sí, que de eso se encargaba su equipo. “¿Había otros presupuestos?”, inquirió el juez. “No recuerdo”. “¿Tiene valoraciones de otras empresas?, insiste. “No entiendo de contratación”, responde Gallego en multitud de ocasiones. En un momento dado, cuando preguntan por las reuniones previas con Alejandro de Pedro para contratarle, una primera entre ella y De Pedro y alguna más con gente de su equipo, Isabel Gallego llega a manifestar que De Pedro era “bastante fantasma”. “¿Y eso no le alertó”, pregunta el juez. “Los fantasmas se descubren cuando ya se descubren que son fantasmas, pero a mí este señor me contó que llevó la estrategia de Patxi López, del Gobierno vasco (…), me pareció bastante fantasma pero es que luego era verdad”. Y a pesar de ello, dio orden de que contrataran sus servicios.

Carlos Alberto Estrada. Exalcalde de Moraleja de Enmedio, del PP, imputado además por falsedad documental durante las elecciones.

El exregidor asegura que Marjaliza se presentó como empleado de Cofely. “¿Qué tiene que ver el señor Marjaliza con Cofely?”, le pregunta el juez. “Pues no lo sé, pero venía con una tarjeta de Cofely”. El entonces alcalde se reunió al menos una vez con el cabeza de la trama Púnica para cerrar el contrato energético, durante la ejecución no se vieron (Estrada estuvo de baja médica) y una semana antes de su detención le llamó para verse y contarle algo. En su declaración dice no recordar el qué.

Estrada niega haber cobrado 35.000 euros por otorgar a la empresa francesa el contrato energético, pero reconoce una estancia en la capital francesa: “Lo único que estuve invitado a mediados del mes de noviembre de 2013 a París, a una convención internacional que hace Gaz de France con Cofely y estuvimos dos días. El señor Marjaliza, el señor Pedro García, el señor Constantino… Había otros ayuntamientos de Madrid. Estaba el Ayuntamiento de Casarrubuelos, de Serranillos, el de Torrejón de Velasco. Yo al menos coincidí con el alcalde de Getafe, de Almendralejo (Badajoz)...”.

Alejandro de Pedro Llorca. Empresario de publicidad y reputación en internet.

En su declaración ante el juez, este empresario valenciano especialista en reputación en Internet, confesó que trabajaba para mejorar la imagen en las redes de varios políticos, servicios que cobraba a través de contratos para gestionar la publicidad de las instituciones a las que pertenecían esos políticos.

De Pedro explicó que realizó trabajos de reputación con la expresidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, asesinada el 12 de mayo de 2014. “Le sacábamos los enlaces de Internet y le decíamos todo lo que se decía de ella. Le hacíamos un listado diario que enviábamos a una funcionaria”, explicó a preguntas de la fiscal.

Esos servicios se pagaban con el contrato de publicidad firmado por la empresa de De Pedro, Madiva, que cobraba por ello 30.000 euros anuales, según confesó durante su declaración. “Ese servicio, era a cargo del contrato de publicidad con la diputación, ¿no?”, preguntó la fiscal. A lo que De Pedro contestó: “Sí, pero eran muy pocas horas. Una al día”.

El empresario también se refirió a su relación con el sustituto de Carrasco en la Diputación de León tras el asesinato de aquella, Marcos Martínez. De Pedro aseguró que negoció con Martínez un contrato de asesoramiento político por 6.000 euros al año. “Le dije que si necesitaba ayuda, sobre todo porque quería ser presidente del partido en la provincia”, explicó De Pedro. “Me dijo que sí porque políticamente no sabía nada”.

Igualmente reconoció que Martínez intervino en el amaño de un contrato para que la empresa de De Pedro fuera la adjudicataria de determinados servicios en la estación de esquí de San Isidro. La empresa del conseguidor, según su declaración, tuvo acceso a los pliegos del concurso antes de que se publicaran de manera oficial para el resto de concurrentes.

De Pedro también declaró haber tenido contacto con el exdirigente del PP Carlos Floriano, aunque su relación con él, según dijo al juez, se había roto hace dos años. También reconoció contactos con cargos intermedios del partido. Su objetivo era ofrecerse para poner al corriente a la secretaria general, María Dolores de Cospedal y a Carlos Floriano de la situación en la que encontraba el partido en las diferentes provincias.

Información elaborada por Reyes Rincón, Natalia Junquera, Luis Gómez, Elisa Silió y Manuel Altozano.

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