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El premio ‘gordo’ de la lotería nuclear

La comarca de la Mancha Alta, dividida entre los que quieren el dinero del cementerio nuclear y los que prefieren un modelo de desarrollo agropecuario y basado en el ecoturismo

El pasado 22 junio, una decena de alcaldes de la comarca de la Mancha Alta acudieron a la llamada de Carmen Barco, la secretaria del Ayuntamiento de Villar de Cañas (Cuenca), y de otros tres municipios de la zona. Ella, que ganó su oposición en los noventa, se ha transformado en una experta en centrales y cementerios nucleares. De ella partió la idea de instalar uno en su pueblo. Lleva diez años sin parar de convencer a sus vecinos, empezando por el alcalde, José Sáiz, a quien no solo ha persuadido sino que sustituye en su asiento cuando encarta.

A las 11.30 de la mañana de aquel caluroso lunes de principios de verano estaban —como ella quería— reunidos los regidores “con Arturo, el representante de Enresa”. La empresa pública española que gestiona los residuos nucleares, cuenta con una sede en el municipio manchego donde —si la polémica desatada esta semana no lo impide— se construirá un basurero de residuos procedentes de las siete centrales nucleares de España.

Allí les explicaron, “con diapositivas” incluidas, cuáles serían los jugosos beneficios económicos a los que tendrían derecho si se llevase a cabo este milmillonario proyecto que puso en marcha el presidente Mariano Rajoy al llegar a La Moncloa.

“Vendrán miles de turistas a ver el ATC”

P.O.D.

“Entre 10.000 y 15.000 visitantes al año tendrá el cementerio nuclear”, asegura el alcalde de Villar de Cañas, José María Sáiz. “Luego ya les llevaremos a Cuenca a ver las casas colgadas, al castillo de Belmonte o a las ruinas de Segóbriga”, agrega. Convencido de que el basurero de residuos es lo mejor para su pueblo y con una deuda de 600.000 euros en su Consistorio, sueña con la residencia de ancianos que construirá con los 2,4 millones de euros anuales que le reportará a las arcas del Ayuntamiento alojar el silo en su municipio. “Esto es como cuando una mujer se queda embarazada, hay días buenos y malos hasta que pare, pero nuestro parto ya fue en 2011”.

“En función de las hectáreas afectadas, de la distancia que nos separa del ATC (Almacén Temporal Centralizado) y de la población que tenemos, nos corresponde un dinero”, explica Carlos Muelas, alcalde socialista de Montalbo (700 habitantes). Por ejemplo, a Villar de Cañas le caería un gordo de “2,4 millones de euros al año durante los 70 años de vida útil que tiene un cementerio nuclear”, en palabras de Sáiz, herrero de profesión y alcalde de ese pueblo de 476 almas. A Montalbo, en cambio, le tocaría un tercer premio de “371.000 euros anuales, eso sí, todo para proyectos socioeconómicos y medioambientales que tendría que aprobar Enresa”, matiza Muelas que, aunque no es partidario del silo nuclear, dice no ser la voz del municipio y reconoce que —“buscando lo mejor para el pueblo”— se ha acogido ya a un convenio con la empresa pública para obtener 18.000 euros.

El asunto del ATC ha divido a una comarca tradicionalmente agrícola y ganadera, donde se producen cereales, girasoles para elaborar aceite y quesos y vinos con denominación de origen. “Nadie quiere un cementerio nuclear y han ido a ponerlo donde sabían que menos contestación popular iban a tener porque somos pocos y donde podían perder menos votos”, dice Angustias Alcázar, alcaldesa socialista de Belmonte, que coincide con Raúl López, regidor de El Hito. “Un basurero nuclear no hará crecer nuestra región, ni atraerá el turismo”, insiste.

La división ha alcanzado una dimensión nacional desde el órdago lanzado el miércoles por el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano Garcia-Page, al incluir por decreto los polémicos terrenos que albergarían el proyecto dentro de una reserva de especial protección ornitológica. “Aquí, en la laguna de El Hito, se juntan en octubre miles de grullas y avutardas”, cuenta El Bala, un anciano que divisa el paraje desde el mirador de Montalbo.

La veintena de pueblos afectados se debate entre argumentos a favor y en contra expresados por técnicos e ingenieros y sus informes y notas aclaratorias que salen y entran oportunamente de los cajones de los políticos y las Administraciones competentes, como el Consejo de Seguridad Nuclear. Pero en última instancia todo se reduce a una cuestión económica. Los pueblos tienen que apostar por un modelo de desarrollo industrial-nuclear, “con turismo científico, congresos, convenios y subvenciones que permitirán realizar residencias de ancianos de última generación para exportar modelos a Europa”, en palabras de Carmen Barco. O agropecuario y turístico. “Reivindicando los productos y el modo de vida de la zona como un atractivo”, como defiende María Andrés, cabrera y portavoz de la plataforma anti-ATC. El Estado, por su parte, tendrá que ver cómo supera las dificultades de esos suelos de yeso que, según algunos estudios, requieren costosos revestimientos.

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