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La juez Núñez ordena dividir en piezas el caso de los ERE

La Fiscalía Anticorrupción reclamó a Alaya que despiezara la investigación

La juez Ángeles Núñez, en una foto de mayo pasado. Ampliar foto
La juez Ángeles Núñez, en una foto de mayo pasado.

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha aceptado la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y ha ordenado dividir en piezas separadas la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, una petición a la que se ha opuesto en reiteradas ocasiones su antecesora en el cargo, Mercedes Alaya. Hasta en tres ocasiones, la Fiscalía Anticorrupción había solicitado a Alaya, que considera el caso "inescindible", la separación en piezas de la investtigación.

En un auto fechado este mismo jueves, la magistrada divide la causa en una pieza relativa al procedimiento específico por el que se concedían las ayudas, que afecta a los cargos políticos ; otra pieza con las sobrecomisiones cobradas por las aseguradoras y los sindicatos en la tramitación de las ayudas, y un tercer bloque que incluiría más de 200 piezas, una por cada ayuda sociolaboral o directa a empresas.

"Es innegable que la división contribuiría decisivamente a la agilización de la causa", señala la juez, que añade que "existen expedientes de concesión de subvenciones y ayudas sociolaborales respecto de los cuales prácticamente no quedan diligencias que acordar y en las que en muchas de ellas no se ha avanzado nada, prácticamente, desde el inicio de la instrucción, pudiendo ser elevadas a enjuiciamiento de forma inmediata".

La decisión de la juez Núñez de dividir la causa coincide con la crítica vertida ayer por el Tribunal Supremo, a raíz de la sentencia sobre el caso Malaya, sobre los macroprocesos. Estos “procedimientos globales generan más efectos perversos o contrarios a lo que se pretende evitar”, aseguran los magistrados del alto tribunal.

En un auto, Núñez asegura que "los ciudadanos tienen derecho a una justicia ágil, sin dilaciones indebidas, cuando ello es evitable. Tienen derecho a un juicio y a una sentencia, absolutoria o condenatoria, no debemos olvidar que una instrucción demorada en el tiempo puede causar perjuicios y daños que van más allá de lo que, incluso podría suponer la sentencia condenatoria, cuantitativa y cualitativamente hablando. Son numerosas las peticiones de revisión en las piezas de medidas cautelares, por naturaleza provisionales, medidas que no pueden mantenerse sine die, reclamando los ciudadanos su juicio y su sentencia".

La juez titular sostiene que la sociedad demanda "resultados" en las macrocausas. "Es una proeocupación social e institucional y, siendo posible, viable, la agilización del proceso como se ha fundamentado, no existe motivo alguno que justifique la dilación en la instrucción".

La decisión de Núñez Bolaños de apostar por despiezar la causa se produce además en un  momento en el que no está claro el futuro de su antecesora. El Consejo General del Poder Judicial debe ratificar o no el reparto propuesto por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) según el cual Alaya seguiría en comisión de servicio al frente del caso de los ERE y del delito societario de Mercasevilla; y Núñez, del resto de las macrocausas, como la de los cursos de formación. Hasta que el órgano de gobierno de los jueces no se pronuncie, Alaya permanece en la Audiencia de Sevilla, plaza a la que ella optó.