La Púnica salpica a tres grandes empresas de la Comunidad de Madrid

El sumario de la trama Púnica, que acaba de abrir el juez Eloy Velasco, ha salpicado hasta ahora a dos exconsejeros del Gobierno de Madrid y a otro recién nombrado (sin contar a un cuarto de la región de Murcia que presentó su dimisión al verse implicado). Además, revela cómo la Comunidad de Madrid, durante el Gobierno del expresidente Ignacio González, malversó supuestamente fondos públicos para "pagar favores" de índole personal a uno de los grandes conseguidores de la red, el experto informático Alejandro de Pedro, tal como avanzó EL PAÍS el pasado 18 de enero.

Los favores pagados, supuestamente con dinero público, consistían en que De Pedro inundase Internet de noticias positivas del presidente González y también de sus consejeros Salvador Victoria (Presidencia y Justicia) y Lucía Figar (Educación), que también dimitieron.

Las pesquisas, hechas públicas el pasado viernes para las partes, muestran que el exconsejero Victoria fue quien se encargó de abonar a De Pedro sus trabajos por relanzar la imagen de González y de él mismo. Victoria, supuestamente, dispuso de dos empresas públicas, que dependían de él como alto cargo político, para realizar tales pagos: la Agencia Informática de la Comunidad (ICM) y el Canal de Isabel II. Estas empresas, 100% públicas y con presupuestos multimillonarios, inflaron contratas con proveedores amigos. Estos sabían que debían disponer de dinero líquido y en b a disposición de Victoria para hacer pagos a quien el exconsejero les indicase, según se desprende de las pesquisas.

Aunque De Pedro rechazó declarar ante el juez, sí lo hizo, y con detalles, ante la Guardia Civil, tras su detención en octubre pasado. Entonces describió amaños de contratas en connivencia con el cerebro de la Púnica, David Marjaliza. Entre otras cosas señaló que el Gobierno de Madrid le seguía debiendo 140.000 euros y admitió que la firma Indra (uno de los proveedores de ICM) le abonó 10.000 en dinero negro, todo ello por indicación de Victoria, con quien mantuvo charlas telefónicas que interceptó la UCO de la Guardia Civil y que aludían a las gestiones que se estaban haciendo para que cobrase la deuda.

En uno de sus autos, el juez atribuye a Victoria, quien se halla imputado por cuatro delitos y sin poder salir de España por orden de Velasco, haber ordenado "pagos (…) con dinero en efectivo por parte de las empresas Canal de Isabel II, Indra o el empresario Sergio Ortega, sin aparente contraprestación pero en función al cargo público que ostentaba en Ia Comunidad de Madrid".

Victoria dispuso de la Agencia Informática de la Comunidad y de Canal de Isabel II

Si bien las contratas de ICM no las firmaba directamente Victoria, sí era él quien debía autorizar las del Canal de Isabel II. Era su jefe político.

Las pesquisas de Púnica no están centradas, de momento, en el multimillonario Canal de Isabel II, pero en algunos interrogatorios han salido a la luz adjudicaciones supuestamente infladas y que ya están siendo indagadas. Las actividades de la Fundación del Canal se hallan, por ejemplo, bajo la lupa. Victoria fue citado como imputado el pasado día 20 de julio, pero eludió declarar. Aparte de lo antes indicado, el juez también le atribuye la gestión de "contratos de publicidad amañados de antemano para su adjudicación a conveniencia, así como entregas de dinero en efectivo para hacer pagos a Ia empresa SWAT, Braveheart y a un tal El Molécula", suscribe Velasco.

No solo están bajo lupa ICM y el Canal de Isabel II. Otra tercera empresa de la Comunidad de Madrid, 100% pública, objeto de investigación es Arpegio, que en los últimos años ha manejado cientos de millones de euros destinados a inversiones en los municipios de la Comunidad de Madrid a través del denominado plan Prisma. El juez Velasco indaga el pago de nutridas comisiones en recalificaciones de terrenos acometidas en numerosas localidades madrileñas en la época en que Francisco Granados era la mano derecha de la expresidenta de Madrid Esperanza Aguirre y máximo responsable político del Prisma.

Entre los principales imputados de la trama (un total de 92, que crecerá a partir de septiembre), hay tres que, bien ante el juez o bien ante la Guardia Civil, han optado por admitir parte de los hechos que les salpican. Los dos primeros fueron José Martínez Nicolás (exgerente de ICM, la empresa de la Comunidad que supuestamente dio contratas infladas a Indra), y que implicó a Victoria en el pago de dinero negro a De Pedro por trabajos de reputación en Internet a favor de la buena imagen del expresidente González.

Hay tres imputados que han optado por admitir parte de los hechos que les salpican

También ha admitido parte de los hechos que se le imputan el propio Alejandro De Pedro, quien reconoció que realizó trabajos de mejora de imagen de políticos en Internet y que un alto cargo de Indra le dio 10.000 euros en negro por indicación de Victoria. Se los dio a escondidas en un sobre dentro de un Mercedes, en el madrileño barrio de la Moraleja.

El último imputado que ha decidido tirar de la manta, en toda su extensión, ha sido el socio de Granados: David Marjaliza, considerado el cerebro de la red. Marjaliza ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción para reducir su pena a cambio de contarlo todo. Y, según fuentes jurídicas, lo ha hecho. Ha dado a los agentes papeles que acreditan pagos de suculentas comisiones (hasta 60.000 euros) a numerosos alcaldes de Madrid a cambio de que contratasen a Cofely para que esta firma francesa ahorrase energía eléctrica en sus municipios.

Cofely, de la mano de Marjaliza, acaparó contratas por 200 millones de euros, de los que salieron las comisiones. Además, Marjaliza ha hablado de las recalificaciones de terrenos en municipios avaladas por la firma pública Arpegio, y ha implicado también, según fuentes jurídicas, al actual y flamante consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cristina Cifuentes (PP), Jaime González Taboada, número tres en la lista del PP de los pasados comicios y persona de su total confianza. Cifuentes expresó ayer su absoluta confianza en Taboada. También ha implicado Marjaliza a una diputada regional de Ciudadanos, Eva Borox, dentro de una supuesta corrupción en Valdemoro, epicentro urbanístico de la trama Púnica.

El juez Velasco ha abierto 60 tomos del sumario, pero ha dejado secreta una parte de las diligencias, entre ellas las relativas a la declaración que ha efectuado Marjaliza. Su testimonio está siendo verificado por el juez, y las pesquisas ya apuntan a que "lo que ha dicho es bueno", según fuentes jurídicas.