Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Los soberanistas acusan a PP y PSOE de legislar contra la independencia

Los dos partidos pactan la ley de Seguridad Nacional, que es rechazada por los independentistas y nacionalistas

PP y PSOE cerraron este miércoles en la Comisión Constitucional del Congreso el acuerdo sobre la ley de seguridad nacional, con las reticencias de los partidos nacionalistas e independentistas que consideran que puede ser un instrumento en contra del proceso soberanista en Cataluña. La norma garantiza "la defensa de España y sus principios y valores constitucionales" y permite que el presidente del Gobierno asuma la dirección de medios personales y materiales autonómicos.

Los partidos nacionalistas e independentistas consideran que la ley de seguridad nacional que salió este miércoles del Congreso da instrumentos legales al Gobierno contra el proceso de independencia en Cataluña. "Esta ley ha venido para aumentar e incrementar el aparato legislativo del Ejecutivo central para abortar el proceso democrático en Cataluña. Ustedes están lubricando la maquinaria represiva", aseguró en el debate el diputado de ERC, Joan Tardà.

La norma permite al presidente del Gobierno en "situación de interés para la Seguridad Nacional" hacerse con la dirección de medios materiales y personales de otras Administraciones. En concreto, que "la declaración de situación de interés para la seguridad Nacional supondrá la obligación de las autoridades competentes de aportar los medios humanos y materiales necesarios que se encuentren bajo su dependencia, para la efectiva aplicación de los mecanismos de actuación". La ley habla de "garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales".

PP y PSOE aseguran que no se trata de hacer frente al independentismo, sino a situaciones de riesgo o peligro para los ciudadanos, sin llegar a declaraciones de Estado de sitio o alarma que sí supondrían suspensión de derechos fundamentales.

Último gran acuerdo

Los dos principales partidos han aprobado en la Comisión la norma que ahora irá al Senado, con un procedimiento legislativo urgente que no hace necesario que vuelva al pleno del Congreso. Es probable que sea el último gran acuerdo de populares y socialistas de esta legislatura y es apoyado también por UPyD.

Artículo 155 por decreto

El constitucionalista Javier Pérez Royo sostiene que la ley de seguridad nacional es una especie de 155 de la Constitución, pero por decreto. Es decir, que le da al presidente un instrumento legal para asumir competencias autonómicas con un decreto y sin control parlamentario previo como exige la Constitución. Cree que sería aplicable a una declaración de independencia.

El constitucionalista Francesc de Carreras afirma que la ley parece más bien hecha para catástrofes naturales o atentados y tiene un carácter organizativo. No obstante, añade que sí podría utilizarse en un momento dado, no como alternativa al 155, pero sí subsidiariamente a esa vía en caso de que un ejecutivo autonómico incumpla la ley.

Para partidos como ERC, PNV o Amaiur, el presidente se dota de un instrumento que le permite asumir, por ejemplo, la dirección de policías autonómicas sin autorización del Parlamento. Es decir, consideran que se burla el artículo 155 de la Constitución que, previo acuerdo del Senado, permite que el Estado se haga con competencias de las comunidades. Explican que tiene los mismos efectos y resultados que el 155, pero sin trámites ni autorizaciones previas y solo con un decreto.

Para Emilio Olabarría (PNV) se "legisla a uña de caballo, para crear un estado de emergencia permanente y para poder expropiar competencias autonómicas". ERC intentó sin éxito que se incluyera una enmienda que disipe las dudas para añadir que "en ningún caso lo establecido para la situación de interés podrá ser adoptado en respuestas a decisiones de Parlamentos autonómicos".

También Izquierda Plural rechaza la norma por entender que va contra "el proceso en Cataluña para avisar de que el orden va a ser garantizado", según Joan Josep Nuet. Para CiU, "es un instrumento para laminar competencias de las comunidades". Antoni Picó (Unió), no obstante, evitó señalar expresamente que va dirigida contra el proceso de Cataluña.

El socialista José Enrique Serrano explicó que la norma no tiene nada que ver con el proceso catalán, porque empezó a gestarse en 2009 y es asimilable a las normas de otros países europeos. La diputada del PP Beatriz Rodríguez-Salmones añadió que se aplicaría, por ejemplo, en caso catástrofes naturales.

El Gobierno mantiene oficialmente que no se refiere a Cataluña. En todo caso, el PP se remite a lo que dijo la vicepresidenta Sáenz de Santamaría cuando presentó la ley en pleno y respondió a ERC: "No le quepa la menor duda: este Gobierno tratará de proteger la seguridad de los ciudadanos cuando haya un riesgo".

Artículos cuestionados

Artículo 3. Seguridad Nacional.

A los efectos de esta ley se entenderá por Seguridad Nacional la acción del Estado dirigida a proteger la libertad y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Artículo 23. Situación de interés para la Seguridad Nacional.

La situación de interés para la Seguridad Nacional es aquella en la que, por la gravedad efectiva o potencial de sus efectos y la dimensión y transversalidad de las medidas para su resolución, requiere de la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno, en el marco del Sistema de Seguridad Nacional, garantizando el funcionamiento óptimo, integrado y flexible de todos los recursos disponibles, en los términos previstos en esta ley.

Artículo 24. Declaración de la situación de interés para la Seguridad Nacional.

1. La situación de interés para la Seguridad Nacional se declarará por el presidente del Gobierno mediante real decreto. La declaración incluirá, al menos:

a) La definición de la crisis.

b) El ámbito geográfico del territorio afectado.

c) La duración y, en su caso, posible prórroga.

d) El nombramiento, en su caso, de una autoridad funcional, y la determinación de sus competencias para dirigir y coordinar la crisis.

e) La determinación de los recursos humanos y materiales necesarios para afrontar la situación de interés para la Seguridad Nacional, previstos en los correspondientes planes de preparación y disposición de recursos, así como de otros recursos adicionales que se requieran en cada caso, de acuerdo con lo dispuesto en el título IV.

2. La Declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional supondrá la obligación de las autoridades competentes de aportar los medios humanos y materiales necesarios que se encuentren bajo su dependencia, para la efectiva aplicación de los mecanismos de actuación.

3. El Gobierno informará al Congreso de los Diputados de las medidas adoptadas y de la evolución de la situación de interés para la Seguridad Nacional.