La falta de control aún permite las residencias ‘ilegales’

Cerca de 300.000 españoles viven en residencias de mayores en España. Suponen aproximadamente el 4% de la población de 65 años o más, el 70% son mujeres y tres de cada cuatro sobrepasan los 80 años. La gran mayoría residen en centros amplios y bien atendidos, pero todavía quedan residencias antiguas, mal adaptadas o directamente ilegales. El caso del incendio en un asilo de Zaragoza, en el que murieron ocho ancianos y que funcionaba sin licencia desde 1997, ha vuelto a poner sobre la mesa los requisitos que se piden a estas instalaciones y el control sobre su cumplimiento.

La residencia privada Santa Fe no era un establecimiento pirata al margen de la Administración; en su historial figuran licencias denegadas, un expediente de sanción y varios dictámenes negativos de inspección por las deficientes “condiciones higiénico-sanitarias”. El Gobierno de Aragón era conocedor de su situación —incluso aparecía en la lista de centros del Instituto Aragonés de Servicios Sociales—, y sin embargo, funcionaba con normalidad. Tras el suceso, el nuevo Ejecutivo ha asegurado que revisará el estado de todas las residencias de la comunidad. El sindicato UGT le ha pedido que examine el 20% de los centros aragoneses porque sospecha que aparecerán problemas de infraestructuras, personal, etc.

Las competencias en materia de servicios sociales están en manos de las comunidades autónomas. Ellas son las que regulan los requisitos que deben cumplir los centros residenciales, recuerda el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Ninguno de sus responsables quiso hablar con este diario alegando esa falta de competencias. Todo —desde los metros cuadrados de las habitaciones o el comedor a la categoría del personal que atiende a los mayores pasando por la ratio de trabajadores por residente, la seguridad o el equipamiento— lo deciden las autonomías. Es decir, hay 17 normativas distintas en España.

El problema, sin embargo, no es ese, asegura José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. “Hay normativa estatal, autonómica, se pide licencia municipal de funcionamiento que acredita medidas de seguridad e higiene”, enumera. Lo que no hay es “una aplicación efectiva de medidas correctoras o sancionadoras”. Falta “rigor”, añade, “una adecuada inspección” y “sobre todo agilidad y decisión a la hora de decretar el cierre si la normativa no se cumple”. Ramírez asegura que en Aragón había hasta ahora 15 expedientes sancionadores abiertos a residencias. Dos se cerraron; 13 se mantuvieron abiertas. En una de estas últimas ocurrió el incendio.

Esa indecisión es la que permite que aún existan residencias que no cumplen. Los expertos coinciden en que el número de estas residencias ilegales es muy residual. No así a finales de los ochenta y principios de los noventa, cuando aparecían múltiples referencias a “residencias piratas” en los medios de comunicación. Bajo esa denominación se incluía tanto las que ya existían antes de que hubiera normativa —la primera es de 1987— y que aún no se habían adaptado, como las que funcionaban a modo de hostales, en chalés o como pisos normales en los que se atendía a mayores sin ninguna adecuación, explica Josep de Martí, gerontólogo social y director del portal especializado inforesidencias.com.

“Obviamente no hay una estadística de residencias piratas en España”, dice Martínez. “La inmensa mayoría cumplen los requisitos, pero aún quedan algunas en pisos céntricos, con baños compartidos, sin salas comunes, a veces sin ascensor, que evidentemente no cumplen y no deberían existir”, añade. De Martí apunta a que ni el 1% de estos centros incumplen la ley y añade que ahora los ayuntamientos controlan mucho mejor la existencia de geriátricos ilegales, básicamente para cobrarles los impuestos correspondientes. También cree que los vecinos alertarían a las autoridades si detectaran uno.

De Martí, como Ramírez, habla de “administraciones incompetentes” que tienen sistemas de autorización tan complejos que permiten que las residencias funcionen mucho tiempo con autorizaciones provisionales. El caso de Aragón no habría ocurrido en otras comunidades con sistemas más ágiles. “Las inspecciones funcionan”, asegura. “Lo que pasa es que la de Madrid o Cataluña, donde la ley dice que hay que inspeccionar cada centro una vez al año, no tiene nada que ver con las de otras regiones”.

“Competencia desleal”

 La existencia de residencias ilegales, o que incumplen la normativa, supone además una “competencia desleal” para las que ofrecen seguridad y calidad en sus instalaciones, asegura Alberto Echevarría, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), que representa, entre otros, a 2.400 centros residenciales con más de 150.000 plazas en España. “La mayoría estamos sometidos a muchos controles y a continuas inspecciones de todo tipo”, señala.

 Cada vez hay más iniciativas para que las familias puedan elegir dónde vivirán sus mayores. “Ante el desasosiego que están generando las noticias sobre residencias”, la asociación de Ramírez ha elaborado y colgado en su web un decálogo para saber cómo valorar cada centro. En inforesidencias.com se las puntúa por el grado de transparencia que ofrecen: si publican la titulación de su personal, la ratio, incluso las actas de las inspecciones a las que se someten.