El cabecilla de la ‘Púnica’ admite que él y Granados cobraron sobornos

23 de abril de 2015. El juez que investiga la trama Púnica efectuó ese día un registro en casa de los padres de David Majarliza, cabecilla de la red junto a su socio y exconsejero de Madrid Francisco Granados. En el registro estaba presente Majarliza, que espetó a los funcionarios: “¿Queréis saber dónde están las comisiones? Las tengo todas aquí…”, y señaló a su cabeza. Tras ese comentario pactó con la Fiscalía Anticorrupción contarlo todo a cambio de una rebaja de pena.

Los funcionarios buscaban en casa de los padres de Marjaliza obras de arte utilizadas como tapadera de un supuesto delito de blanqueo de capitales. El pañuelo de colaboración lanzado entonces por Majarliza ya ha dado fruto. Ha salido al menos cinco veces en secreto de la cárcel de Aranjuez, donde se halla desde el pasado 27 de octubre, cuando estalló la Operación Púnica. Y tres de ellas han sido para verse en persona con el juez Eloy Velasco y la Fiscalía Anticorrupción.

Según fuentes jurídicas, dice haberlo contado todo. Eso sí, tras asegurarse un pacto con la Fiscalía que le permita aminorar su petición de pena con vistas a un eventual juicio. A cambio de colaborar con la justicia.

Ha soltado, por ejemplo, las comisiones pagadas por la firma francesa Cofely a numerosos alcaldes (entre 20.000 y 50.000 euros, en función del volumen de la contrata). Hay alcaldes del PP, la mayoría, del PSOE e incluso un edil de Izquierda Unida implicados, siempre según fuentes jurídicas. Las contratas de ayuntamientos a Cofely alcanzan los 200 millones. Estas adjudicaciones tenían por objetivo el ahorro de energía eléctrica en esos municipios. La intermediación entre los ayuntamientos y Cofely la hizo Marjaliza, siempre bajo la sempiterna sombra de Granados.

El propio Majarliza llegó a adelantar de su bolsillo comisiones a regidores que luego recuperó mediante facturas falsas. Tras el verano, habrá otra redada contra regidores, según los citados medios. Ya hay al menos siete imputados, y están siendo investigados otra decena.

Las diligencias sobre la trama Púnica se han agigantado con las nuevas revelaciones de Marjaliza. Su declaración apuntala, por otro lado, lo que ya se sabía: que los 11 millones detectados a ambos en el extranjero proceden en parte de comisiones obtenidas por recalificaciones de terrenos.

En su pacto con la Fiscalía para contar toda la verdad caiga quien caiga, Marjaliza no solo ha dado nombres de políticos que han cobrado sobornos; también ha desgranado cómo se hacían las operaciones para ocultar el rastro de corrupción. Y de donde salían las comisiones.

En las largas horas que durante tres días ha empleado para contar al juez la dinámica corrupta de la red, ha descrito asimismo sus distintas tramas. Una de ellas, la que él mantuvo con Granados, que se circunscribe a recalifcaciones y pelotazos en Valdemoro. Cómo ocultaron el dinero de comisiones en Suiza, cómo se lo repartían...

Con su declaración autoinculpatoria, Marjaliza ha dejado a los pies de los caballos a Granados, preso en la prisión de Estremera (Madrid). Ambos han llegado a acopiar unos 11 millones de euros en el extranjero (Suiza y Singapur), según revela el sumario, que se hará público antes de que finalice el mes.

Otra de las tramas que ha desglosado ante el juez Marjaliza, aparte de la suya con Granados, con quien compartió yate y chalés en Valdemoro y la Costa del Sol, y la que él personalmente desplegó con Cofely, es la que afecta al experto informático Alejandro de Pedro, otro de los cabecillas de la red Púnica. De Pedro es amigo personal de Granados. Este fue quien le presentó a numerosos políticos con los que después hizo negocios.

La labor de De Pedro en los últimos años ha sido realizar labores para mejorar la reputación de políticos en las redes sociales. Esta mejora de imagen se ha llevado ya por delante a dos pesos pesados del anterior Gobierno de Madrid, los exconsejeros Salvador Victoria (Presidencia y Justicia) y Lucía Figar (Educación).

Victoria se ha visto envuelto en este asunto porque supuestamente ordenó a la firma privada Indra (proveedor de la Comunidad) pagar a De Pedro por relanzar en Internet su imagen personal y la del expresidente de Madrid Ignacio González. 

investigacion@elpais.es