El fiscal pide al Supremo que confirme la imputación de Griñán
El Ministerio Público rechaza el recurso del expresidente andaluz, que pedía la nulidad del auto contra él
La Fiscalía del Tribunal Supremo pide que se confirme la imputación del expresidente andaluz José Antonio Griñán en el caso de los ERE. Así lo ha solicitado el fiscal en un escrito remitido a la Sala de lo Penal en respuesta del recurso que presentó Griñán contra el auto en el que el instructor Jorge Alberto Barreiro le atribuye un delito de malversación administrativa. El expresidente impugnó esta decisión con el argumento de que tras dimitir como senador y dejar de estar aforado, Barreiro ya no es competente para imputarle. El fiscal no comparte este razonamiento.
En el escrito, firmado el pasado lunes, la fiscalía sostiene que el instructor que nombra el Supremo para investigar una causa tiene “las mismas facultades” que cualquier otro instructor de un procedimiento penal, por lo que le corresponde tomar todas las decisiones sobre este caso. El hecho de que Griñán haya dejado de ser aforado no anula esta competencia de Barreiro, según el fiscal.
De los cuatro exaltos cargos de la Junta imputados por el Supremo (además de Griñán, el también expresidente Manuel Chaves y los exconsejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera), Griñán era el único que había dejado de estar aforado cuando Barreiro dictó los escritos en los que concreta sus imputaciones, el pasado 25 de junio. Por eso, el instructor no le incluyó en la exposición razonada que hizo para Chaves, Zarrías y Viera y dictó para él un auto en el que además de imputarle, establecía que su causa debía seguir investigándose en el Supremo por la conexión existente con los hechos imputados a los aforados.
Griñán que además de presidente de la Junta ocupó el cargo de Consejero de Hacienda entre 2004 y 2009, recurrió esta decisión. A este recurso es al que ahora responde el fiscal. La decisión última sobre la confirmación o no de la imputación corresponde a la sala de recursos del Supremo, formada por tres magistrados que hasta ahora se han mantenido al margen del caso de los ERE para evitar quedar contaminados.
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